Cinco columnistas de "Semana"

Los nuevos llaneros

Por María Jimena DuzánVer más artículos de este autor 

OPINIÓNCon este escándalo los únicos que ríen son las Farc.

Foto: Guillermo Torres

...No son los ganaderos dueños de latifundios improductivos de antaño. Tampoco hombres intocables como el finado Carranza, dueño de un latifundio ilegal, construido sobre las fosas de los cadáveres que apiló a lo largo de dos décadas. No son tampoco los guerrilleros 

de las Farc, que habrían acumulado tierras de manera irregular a través de testaferros en San Vicente del Caguán. 

No. Los nuevos llaneros son empresarios importantes: dueños de ingenios como el de Riopaila y de grupos económicos tan poderosos e influyentes como el de Sarmiento Angulo que han venido comprando tierras en Vichada con miras a invertir en proyectos agroindustriales. Cuarenta mil hectáreas están hoy en manos de Riopaila y cerca de 13.000 hectáreas son de propiedad de Sarmiento Angulo. 

Lo malo no es que estos prósperos y poderosos empresarios sean los nuevos llaneros de Colombia. Que los hombres más acaudalados del país compren tierras para convertir la altillanura en el centro del desarrollo de la agroindustria es lo que el país está necesitando. Lo lamentable es que lo hagan por fuera de la ley, como lo revelaron los congresistas del Polo Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, denuncia que fue corroborada por el ministro de Agricultura en La W, cuando a regañadientes aceptó calificar estas compras de “ilegales” porque le hicieron el quite a la Ley 160 de 1994 que reglamentó la adjudicación de baldíos. 

Esa norma prohíbe la acumulación de predios en una persona al establecer que no se puede tener sino una Unidad Agrícola Familiar, que es la cantidad de tierra que el gobierno considera suficiente para que una familia campesina –y no el dueño de un ingenio–, subsista y progrese. 

De las 13.000 hectáreas que tendría el grupo Sarmiento Angulo por lo menos la empresa Organización Pajonales que pertenece a Corfinanciera, cuyo dueño es el grupo Aval, ya trasgredió la Ley 160 de  1994. Así lo afirmó el superintendente de Notariado y Registro en una respuesta a un derecho de petición hecho por el representante Wilson Arias. Y en el caso del Ingenio Riopaila, las 40.000 hectáreas compradas exceden de lejos la extensión de UAF permitida en el Vichada, que es de 1.100 hectáreas. 

Aunque Francisco Uribe Noguera, el abogado de Brigard & Urrutia, firma que estructuró la compra de las 40.000 hectáreas de Riopaila, ha salido a decir que no hubo mala fe y que todo se reduce a un tema jurídico de interpretación de la ley, su actuación suscita muchos interrogantes. ¿Por qué Riopaila en lugar de haber comprado las tierras como Dios manda y de someterse a los precios comerciales que impone el mercado, optó por comprar baldíos que son predios destinados para ser adjudicados a campesinos sin tierra? 

Puede que para Brigard & Urrutia el hecho de que los baldíos terminen en manos de los ricos sea un problema de interpretación jurídica, pero para un país que ha vivido 60 años de un conflicto por la tierra es un escándalo que contradice el Estado social de derecho sobre el que se edificó la Constitución de 1991.

Pero sobre todo demuestra que a la hora de la verdad el gran capital está más interesado en concentrar que en democratizar la tierra y que su apuesta por la paz es de dientes para afuera. Y si es cierto que no hubo mala fe, como insisten, ¿para qué entonces Brigard & Urrutia montó una sofisticada telaraña si no era para pasarse por la faja la 160 del 94? 

Según Robledo, todas esos predios fueron originalmente baldíos adjudicados a campesinos o en trance de serlo. ¿A quién les compró el abogado Uribe Noguera de Brigard & Urrutia? ¿A campesinos? ¿A paramilitares? ¿A viudas desesperadas que vendieron su tierra a un precio irrisorio? 

Pero además, la tramoya que montó el prestigioso bufete de abogados parece haber sido estructurada más por los abogados de Carranza que por el bufete más prestante del país, porque fue concebida para no dejar huellas. Constituyeron 27 SAS, las cuales compraron los predios con un préstamo del ingenio Riopaila por un costo de 40.000 millones de pesos. Uribe Noguera, acto seguido, en calidad de único accionista, cede sus acciones a cinco sociedades que a su vez son de propiedad de otras cinco empresas que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding con domicilio en Luxemuburgo, conocido paraíso fiscal. ¿Y quiénes eran los dueños de esa empresa salida de la nada? …el ingenio Riopaila. (Así lo afirma Deloitte & Touche, revisor fiscal de esa empresa).

Sería importante que el gobierno de Santos aclarara en qué orilla está en este escándalo. En dos ocasiones ha intentado meter dos artículos favoreciendo a estos nuevos llaneros que infringieron la Ley 160 de 1994 con estas compras irregulares, una de las cuales, no sobra recordar, fue estructurada por el bufete de abogados que dirigía Carlos Urrutia, actual embajador en Washington. 

Con este escándalo, los únicos que deben estar muertos de la risa son las Farc.

La prueba ácida

Por León ValenciaVer más artículos de este autor 

OPINIÓNLas Farc y el ELN tienen que desechar cualquier ambición de seguir acumulando fuerzas para la guerra mientras alientan la participación directa o indirecta en las elecciones.

Foto: Guillermo Torres

Empezó en La Habana la búsqueda de un acuerdo sobre participación política entre el gobierno y las Farc y voy a decir algo que a todo mundo le sonará muy extraño: ese acuerdo ya se hizo, ya se firmó, y las dos partes lo imcumplieron. Ese engaño, esa traición mutua, fue el principal motivo de la guerra posterior, de los dolores infinitos que ha padecido la sociedad

 colombiana en los últimos 29 años. 

Fue en 1984. Exactamente el 28 de marzo. El gobierno del presidente Belisario Betancur autorizó a la guerrilla de las Farc para que fundara la Unión Patriótica y se dispusiera a participar en las elecciones parlamentarias, presidenciales y locales. Las Farc, por su parte, decretaron una tregua que tenía como fin preparar la desmovilización definitiva de la guerrilla. 

Hay otros puntos en el texto que llevan las firmas de la comisión de paz nombrada por Betancur y de los jefes de la guerrilla encabezados por Manuel Marulanda Vélez, pero este era la clave de todo y debía ponerse en práctica de manera inmediata, como en efecto se hizo. 

Estaba fresca la tinta de la firma del acuerdo cuando empezaron a matar uno por uno a los líderes del nuevo partido político. Agentes del Estado e importantes dirigentes de las élites políticas asociados con paramilitares y mafiosos formaron una mortífera coalición para perpetrar un genocidio. Nada se les escapó. 

Mataron dos candidatos presidenciales de esta organización, acabaron con los parlamentarios, buena parte de los candidatos a las alcaldías y varios miles de militantes. Ni Betancur que firmó el acuerdo, ni el presidente Virgilio Barco que lo heredó, hicieron algo para detener el holocausto.

Las Farc tampoco se dedicaron a preparar su desmovilización y desarme. Por el contrario, al tiempo que promovían la Unión Patriótica, se pusieron en la tarea de acumular fuerzas para la guerra. Reclutaron y entrenaron nuevos combatientes; acopiaron dinero y armas; formaron nuevas estructuras; y se extendieron a otros territorios. Llamaron a esto “la combinación de todas las formas de lucha”. 

Con 6 millones de víctimas volvemos al punto. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, lo describe en forma precisa y clara: “Todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a la transformación de los grupos armados en movimientos políticos, eso es precisamente la transformación del conflicto. Y la base de esa transformación son las garantías. Garantías para los grupos: para que puedan participar en igualdad de condiciones y sin riesgos de seguridad; garantías para la sociedad: que se rompa para siempre el nexo entre la política y las armas”.

Esta es la prueba ácida, porque este acuerdo ya se firmó y se traicionó y porque se empiezan a hacer cosas parecidas a 1984. De las zonas de conflicto ha surgido la Marcha Patriótica con el propósito de servir de puente para la participación política de la guerrilla sin que aún se inicie el cese del fuego y el proceso de desmovilización y desarme; y sectores de las élites empresariales y políticas, encabezados por expresidente Uribe, están en una feroz campaña contra la posibilidad de que los líderes guerrilleros lleguen al Congreso y disputen todos los cargos de elección popular. 

También están en la tarea de revocar a los desmovilizados que legítimamente conquistaron alcaldías importantes. Me da miedo, mucho miedo, esto. Las amenazas empiezan a pulular.

Están encima las elecciones y el pacto es urgente. El presidente Santos tiene que abrirle las puertas a la participación de la guerrilla en las elecciones de 2014 y suscribir un estatuto para la oposición y un compromiso sagrado de que las Fuerzas Armadas cuidarán la vida de cada uno de los integrantes de los movimientos políticos que surjan de las negociaciones de paz. Pero las Farc y el ELN tienen que desechar cualquier ambición de seguir acumulando fuerzas para la guerra mientras alientan la participación directa o indirecta en las elecciones. Eso no se puede repetir. 

Los acontecimientos se han precipitado. La izquierda está buscando unidad, candidato único y agenda común y estas tres cosas requieren un salto en las negociaciones de paz. A la vez Santos está buscando que el proceso de paz no tenga marcha atrás y eso depende del punto de la participación política. Como en 1984 ahí está la clave de todo.

 

La ley es (casi) para todos

Por Daniel CoronellVer más artículos de este autor 

OPINIÓNLas normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía como esa. Pero un informe de auditoría afirma que es de Riopaila Castilla.

Foto: Jhon Calson

Uno de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está burlando la ley para quedarse con más de 40.000 hectáreas en el Vichada. La denuncia la ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa implicada es Riopaila Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la estrategia fue diseñada por Brigard & Urrutia, la prestigiosa firma de abogados, cuyo principal socio era el actual embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.

El cerebro de la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Las actas de la junta directiva de Riopaila Castilla muestran que el doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su presencia obedecía a un único propósito: esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos en el Vichada.

La ley prohíbe a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para evitar la concentración de la propiedad en terrenos que fueron del Estado. La violación de esta ley da lugar a la caducidad de la adjudicación. En otras palabras, las tierras compradas así deben volver a ser un bien público.

Sin embargo, la ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para saltársela.

La operación empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel. Las empresas fueron registradas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Cada una tenía 100.000 pesos de capital, un poco más de 50 dólares, que ni siquiera fueron pagados.

El único accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe Noguera. La dirección registrada es la calle 70A No. 4–41, la sede de Brigard & Urrutia. El representante legal de algunas de las compañías es Luis Hernández Villegas y el de las otras es Alfredo Azuero. Los dos son funcionarios de Riopaila Castilla.

El mismo año de su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000 hectáreas y firmaron promesas de compra-venta para adquirir otras 11.000. Los predios colindaban entre ellos y eran baldíos adjudicados, o en proceso de adjudicación, a campesinos. 

¿Por qué 27 sociedades y no solo una? Porque así podían comprar –fraccionado en 27– el terreno destinado a convertirse en una sola hacienda.

En algunos casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS reemplazó a quien figuraba como comprador original en un documento. El comprador inicial se llama Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el representante legal de Riopaila Agrícola S.A., Castilla Agrícola S.A. y Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas por Riopaila Castilla.

¿De dónde sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos para comprar estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está registrado en sus libros.

Mientras los colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor Francisco Uribe Noguera cedió las acciones de las 27 SAS –sin recibir pago a cambio– a cinco compañías españolas.

Las sociedades españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado en el principado de Luxemburgo. 

Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía de esas características. Sin embargo, un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, afirma con todas las letras que Asturias Holding pertenece a Riopaila Castilla.

 Le pedí al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la denuncia del senador Robledo. Ellos, habitualmente corteses, guardaron absoluto silencio.

El embajador Carlos Urrutia, por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un comunicado a los medios que vendió sus acciones en Brigard y Urrutia antes de asumir el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y su ejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de estas tierras “fue irregular” y se efectuó “por fuera de la ley”. Sin embargo “como el chicharrón es muy complejo” parece más interesado en adaptar la norma a la irregularidad que en hacer cumplir la ley vigente.

Chicharrón con mermelada

Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor 

OPINIÓNEl gobierno oscila esquizofrénicamente entre la justicia social y las locomotoras neoliberales.

Foto: León Darío Peláez / Semana

Dice el senador Jorge Enrique Robledo que la acumulación de tierras de baldíos nacionales originalmente atribuidas a familias campesinas, hecha por los ingenios de Riopaila-Castilla a través de complicados malabarismos internacionales diseñados por los abogados de la firma Brigard y Urrutia, es ilegal. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que así es. 

Pero que ‘‘hay que buscar algún arreglo’’–un arriendo, una sociedad– que garantice a la vez la propiedad de los campesinos sobre sus Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y la continuidad de las grandes agroindustrias. ‘‘Ese es el gran chicharrón –dice el ministro– que tenemos que arreglar con ayuda del Congreso”.

Como suele suceder en Colombia, tienen razón los dos.

Los dos tienen razón porque, aunque se refieran a la misma tierra –los baldíos del Estado– el senador y el ministro están hablando de dos cosas distintas: la ilegalidad y la conveniencia. Es ilegal acumular UAF; y que así lo sabían los abogados que lo hicieron para Riopaila- Castilla lo muestra el hecho de que hubieran hecho la maniobra creando dos docenas de sociedades con un mismo dueño final en el Vichada pero pasadas a través del opaco tamiz del paraíso fiscal de Luxemburgo. Pero a la vez las UAF están muy vagamente definidas por la ley, y además son cambiantes (según el último inciso del artículo 38 de la Ley 160 de 1994), así:

“La Junta Directiva (del Incora) indicará los criterios metodológicos para determinar la unidad agrícola familiar por zonas relativamente homogéneas, y los mecanismo de evaluación, revisión y ajustes periódicos... etc.”.

Por lo cual, como suele suceder en Colombia, la disposición se puede interpretar de maneras opuestas. Hay quienes dicen que la UAF en realidad no existe, puesto que su conformación y dimensiones no han sido reevaluados de manera periódica en salarios mínimos mensuales legales. Y hay quienes sostienen que la restricción es clara. Y finalmente quienes, como el ministro Estupiñán, sugieren echar por la calle de en medio recurriendo al Congreso para arreglar “ese chicharrón”. 

Como se dice vulgarmente, esa ley “aquí no pegó”. Fenómeno repetitivo que se remonta a los primeros tiempos de la época colonial, cuando con un escueto ‘‘se obedece, pero no se cumple’’se comentaban las leyes de la Corona que protegían a los indios pero resultaban inconvenientes para los encomenderos.

Del otro lado está la conveniencia para los encomenderos. Dice el ministro Estupiñán que no se pueden perder las grandes inversiones ya realizadas en tierras ilegalmente acumuladas, porque de hacerse así se ahuyentaría a los inversionistas: a los nuevos encomenderos. Pues el caso no se limita a las 40.000 hectáreas del ingenio Riopaila-Castilla sino que abarca cientos de miles más, pertenecientes–¿por adquisición? ¿por encomienda?– a los hombres más ricos del país, encabezados por Luis Carlos Sarmiento, y a grandes multinacionales agroindustriales. 

Son dos concepciones radicalmente opuestas. Una es la social: la tierra para quien la trabaja (bajo el modelo que podríamos llamar ‘‘de canción protesta’’); la otra es la neoliberal, siguiendo el llamado ‘‘modelo Carimagua’’(por la vasta finca de la Nación que el gobierno de Álvaro Uribe quiso entregar a los grandes agroindustriales, con el escándalo que se recuerda).

Y sucede que, como escribí aquí mismo en una columna anterior, el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno oscilan esquizofrénicamente entre esas dos concepciones contrapuestas. La de la justicia social –restitución de tierras, reparación de víctimas– y la de las locomotoras neoliberales. El ajuste entre ambas es el chicharrón que tienen que resolver. Y, si entiendo bien al ministro Estupiñán, van a tratar de resolverlo de una manera algo repulsiva: untándole mermelada.

EL NUEVO TRICOLOR PATRIO

Y hablando de repulsión: ¿han visto ustedes que en Colombia los colores que dominan la patria no son ya el amarillo, el azul y el rojo de la bandera? Ahora el paisaje del país, rural y urbano, está todo tapado por unas lonas verdosas de plástico, todo cercado por unas cintas amarillas de plástico, todo separado por unos cucuruchos anaranjados de plástico. Hay además unas grandes piezas sólidas de plástico anaranjado más oscuro, como gigantescas fichas de un Lego de construcción, en los separadores de calles y carreteras. Y todo eso es horrendo.

A nadie le repugna. Nadie se queja, nadie protesta. Cada día más, este país se hunde en la fealdad, por puro amor de la fealdad.

 

 

15 junio 2013

Solicitud del Premio Nobel para Santos

Por Daniel Samper OspinaVer más artículos de este autor 

OPINIÓNEs que Santos se nos está desdibujando: ya no sale en la revista ‘Time’ sino en 'Tierras y ganados’.

Foto: Guillermo Torres

Señores

Academia Sueca

Ciudad.

Estimados académicos:

En días pasados, con gran generosidad, algunos parlamentarios británicos ofrecieron postular ante ustedes al presidente Santos como merecedor del Premio Nobel de la Paz, mientras él, en su infinita modestia, les decía que no era para tanto; que la sola idea lo ponía en una situación, ya no recuerdo si embarazosa o de embarazo. Bien. Les escribo esta carta para que no se dejen confundir, estimados amigos. El presidente lo dice por modesto. Él sabe que nació para la gloria. 

Ya tiene visto el estante de su biblioteca donde pondrá el medallón. Desea ese premio con tantas fuerzas, que por estos días se ofrecía a mediar, humilde, en el conflicto árabe-israelí, y ordenó a través del Falcon la presencia de Humberto de la Calle y del equipo negociador en la Franja de Gaza. El general Naranjo se excusó de asistir por compromisos previos. Angelino, por su parte, pidió la presencia del equipo en la franja de grasa, que viene siendo su papada.

El hecho, estimados señores, es que el Nobel de la Paz le vendría muy bien al presidente, a quien, para repuntar en las encuestas, sus asesores obligan a entrar en sintonía con esa parte del pueblo que no pertenece a su equipo de caddies. Lo ponen a bailar con los raizales en San Andrés, a manejar yipaos en el Eje Cafetero, a posar en calzoncillos en Valledupar. 

Se nos está desdibujando: ya no es el estadista internacional que aparecía en la portada de Time, sino el presidente arriero que sueña con salir en el cuadernillo de Tierras y Ganados, para parecerse a Uribe. Y lo único que lo rescataría de semejante devaluación es que ustedes le concedan la medalla.

Se la merece, estimados señores. Su proceso de paz no será perfecto, pero recobrará seriedad el día en que los negociadores dejen de vestirse como si trabajaran en Blockbuster y el país entero reconozca los avances del gobierno.

Porque ha sido un gran gobierno, señores míos. Hay fallas en la ejecución, nadie lo niega. Pero ni el procurador Ordóñez cuando estaba en campaña reeleccionista y repartía puestos a diestra y siniestra –a diestra y siniestros–, había hecho tanto contra el desempleo como el doctor Santos, que, en aras de combatirlo, ha nombrado altos comisionados para lo que se pueda ofrecer: gentecita que no hace nada en especial, pero que devenga buen salario y nombra equipo de asistentes, lo cual dinamiza la economía. No es burocracia de alto nivel, que quede claro. 

Al revés: es una estrategia inspirada en Keynes, el economista que recetaba al Estado contratar medio país para abrir huecos, y el otro medio para taparlos, con la diferencia de que acá los huecos son los mismos comisionados. Y en este punto debemos felicitar a Luchito Garzón, quien, a pesar de su reconocido gusto por el buzo de cuello de tortuga, ha logrado que la corbata le dure varios meses: enhorabuena.

Hay más logros del presidente, excelencias: su vocación social, por ejemplo, lo llevó a nombrar a numerosos amigos de coctel en puestos oficiales: una Claudia Hoyos, una Aida Furmanski, un Carlos Urrutia. En cualquier momento Christian Toro ingresa al gabinete. 

Pero su verdadero triunfo consistiría en alzarse con el Nobel, así tenga que firmar la paz para lograrlo, no importa. 

Y en esas anda: ahora mismo negocia el ingreso de los guerrilleros a la política, asunto que celebro sin ambages: los de las Farc han sido tan desalmados, que merecen ser congresistas y sentarse en la curul contigua al senador Gerlein. Es lo mínimo.

Y aunque otorgarles participación política pone nervioso a más de uno, es preciso que nos calmemos. Sí: es cierto que en un eventual gobierno de las Farc solo importarían motos Harley Davidson, porque los guerrilleros aman el alto cilindraje, y no solo en las tomas a pueblos indefensos. Fusionarían el ICBF con el Ejército. El dummy de Simón Trinidad sería comisionado para los Derechos Humanos.

Rodrigo Granda sería canciller y promovería la pesca milagrosa en San Andrés. Timochenko sería ministro de Minas: de minas quiebrapatas; Jesús Santrich, de Gobierno, y daría tantos palos de ciego como Petro en la Alcaldía; Tanja, de Hacienda y declararía la enfermedad holandesa. Pero ejecutarían, señores: ejecutarían. Porque si en algo son expertas las Farc es en eso: en ejecutar. 

Otórguenle, pues, señores míos, el premio al presidente Santos, para dicha de la patria y de las revistas de sociedad. Y prepárense para la ceremonia de entrega. Será peor que la vez de Gabo. Irán Poncho, Salvo, Cuqui, Chiqui, Clo cló, la intrépida Vicky Turbay. El embajador McKinley asistirá disfrazado de hippie; Silvestre Dangond, de paramilitar. Christian Toro será nombrado ministro instantes previos a la ceremonia. Roy Barreras no soltará al rey de Suecia durante todo el coctel.

Tutina estrenará vestido; Luchito, corbata. Y el presidente Santos recibirá la ovación en calzoncillos mientras los congresistas de La U le rapan la medalla; los conservadores, el dinero y Simón Gaviria, el diploma. 

Solo les ruego, excelencias queridas, que al acto de entrega inviten también a las madres de Soacha. No las registrarán las revistas de sociedad; pero a lo mejor alcancen a salir en el cuadernillo de Tierras y Ganados. 

 

elciberecovirtual.blogspot.com/ Rene Orozco Echeverry  . Director/