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Noviembre 2013

La guerra de Uribe

Por María Jimena DuzánVer más artículos de este autor

OPINIÓN  .  En el fondo los uribistas le temen a la paz negociada porque les conviene más la guerra, que es cosa de machos.

Qué mezquino está resultando Álvaro Uribe y su ventrílocuo Óscar Iván Zuluaga con este país que tanto les ha dado. Es tal su obsesión por la guerra como forma de vida y por lograr que el país se devuelva al pasado, a ese mundo ideal de la seguridad democrática que nos llenó de falsos positivos,
de Urabeños, de Rastrojos y de eufemismos que no han hecho sino confundirnos, que han terminado oponiéndose como una mula muerta a cualquier posibilidad de paz negociada que se le abra al país.

No se han dado cuenta que se han quedado anclados en la guerra; que son incapaces de ver el horizonte y que su estrechez de pensamiento tampoco les permite ver el momento histórico por el que atraviesa el país. Instintivamente parecen hechos para patear cualquier propuesta de paz negociada porque lo único que los aglutina es su devoción por la guerra sin cuartel. 

   

Desde esa lógica, tan obtusa, es perfectamente comprensible que a los uribistas no les haya gustado ni un ápice el acuerdo al que llegaron la semana pasada el gobierno y las Farc en materia de participación política y que en lugar de reconocerle al presidente Santos un avance significativo que nos acerca más a la paz,  hayan salido a descalificarlo de manera tan tajante, sin mayores matices ni consideraciones.  

Óscar Iván Zuluaga, que ya habla como si fuera otro uribito, ha dicho que es una farsa y el expresidente Uribe, de manera deliberada, pasó por alto el hecho de que nada de lo que hasta ahora se ha acordado en La Habana puede ser posible si antes las Farc no dejan las armas, y ha salido a llenarnos de ‘tuiterazos’ en los que nos inunda de frases frenéticas que fustigan el acuerdo porque negocia la institucionalidad del país. 

En realidad un acuerdo que tiene como fondo la reconciliación entre la sociedad –no solo con las Farc–; que le da representatividad a los nuevos movimientos sociales y políticos que han ido creciendo por fuera de los partidos tradicionales, no puede ser bienvenido por el uribismo. Y la razón es muy sencilla: en ese grupo político no hay  necesidad de ampliar nuestra democracia sino de restringirla. 

Para ellos el país está suficientemente representado en el liderazgo de su caudillo que todo lo sabe y todo lo trina y darles espacio a la izquierda y a unos mechudos malolientes de la Mane que para los uribistas deberían estar es en la cárcel, como lo propone el acuerdo, es una concesión inadmisible.

  

Lo mismo pasa con la propuesta de formular un estatuto de oposición, una tarea que debimos hacer hace mucho tiempo como lo recordó el propio Humberto de la Calle. Para ellos la oposición no es una herramienta institucional que tenga un peso específico en su dogma ni existe la pretensión de que haya que hacer reglas especiales porque la oposición no se las merece. 

Dentro del dogma uribista, ser de oposición no está bien visto porque la crítica al caudillo es considerada como una función que le sirve al  terrorismo. Basta con aplicarle las garantías que emanan de la aplicación de la seguridad democrática y llenar de esquemas de seguridad a los pocos estúpidos que se oponen al caudillo, para cumplir de sobra con la democracia. De esa forma quedaría claro lo que me explicó un día el propio José Obdulio: que la seguridad democrática es tan democrática que hasta protege a quienes lo injurian, lo calumnian  y le hacen el juego al terrorismo.   

La propuesta de crear circunscripciones de paz en las zonas donde más ha habido conflicto tampoco les gusta porque es otra concesión inadmisible: les daría representatividad a unos líderes de unas zonas rojas que bajo la férula de la seguridad democrática no tienen ni voz ni voto. Solo son informantes.  

En el fondo los uribistas le temen a la paz negociada porque les conviene más la guerra, que es cosa de machos. Ellos saben que si llegamos a tener una Colombia reconciliada sus delirios de guerra y sus mezquindades naufragarían. 

Yo, contrario a los uribistas, estoy dispuesta a hacer concesiones si la guerrilla deja las armas y les pone la cara a las víctimas, dos cosas que no hicieron los paramilitares. Lo hago convencida de que la paz y no la guerra es la mejor forma de gestar instituciones verdaderamente democráticas y porque

  

me aterra que nos acostumbremos a malvivir condenados a una guerra sin fin como nos proponen los uribistas.

De La Habana viene un yate cargado de comandantes

Por Daniel Samper OspinaVer más artículos de este autor

OPINIÓN  .  Ese soy, mamá, triunfé. Parezco un actor en vacaciones. Eso soy, un actor, aunque sea del conflicto.

Foto: Guillermo Torres

(Monólogo de Jesús Santrich en un catamarán, poco antes de avanzar en el proceso de paz).

Hoy salió el sol, me puse las gafas oscuras y les dije a Tanja y los demás comandantes que navegáramos por la bahía. Prendimos un habano, nos servimos un ron y discutimos sobre l

a importancia de libertar a la patria de esos burgueses que explotan al proletariado mientras ellos se dan la buena vida fumando puros en un yate.

El catamarán atracó en el muelle y, por la fuerza de la costumbre, nosotros atracamos al catamarán. Subimos el camarada Márquez, la camarada Villa, el camarada dummy y este camarada, y navegamos en altamar para desconectarnos del trabajo. 

La verdad es que es estresante trabajar en La Habana. La señal de internet es muy lenta. Los comandantes de los frentes mandan el informe de reclutamiento infantil, pero cuando lo recibimos los reclutas ya son adultos.

Merecíamos este descanso porque el proceso ha tenido tantos nudos como la velocidad que alcanza este catamarán. Por momentos, la negociación parece una lavadora vieja: cambiamos de ciclo pero solo producimos espuma. 

Ahora estamos por negociar un asunto bastante sensible: la contraparte pide que, como castigo por todos nuestros crímenes, tengamos que participar en la política colombiana, con los riesgos que eso conlleva: ser invitados al matrimonio de la otra hija del procurador cuando ambiente su tercera reelección, o hacer una alianza con el Uribe Centro Democrático para que, en unos años, ninguno de los dos  perdamos la personería jurídica.

Si así es el asunto, prefiero ir al bote, como se dice vulgarmente. Siempre y cuando estemos hablando de un bote como este, en el que nos estamos asoleando. Y sin bloqueador, porque, por solidaridad con Fidel, rechazamos todo tipo de bloqueo.

No faltarán los oligarcas que se molesten cuando observen que nosotros también tenemos derecho a descansar, como bien lo comentábamos ayer con Andrés París, cuando olvidó en su habitación el Sello Azul, lo cual le valió que los compañeros le hiciéramos una autocrítica. Tuvimos que llamar a Caracas para que nos enviaran un par de cajas que tiraron desde dos aviones rusos. 

En Colombia creyeron que era un gesto hostil de Maduro y de Ortega, pero nuestros aliados no son tan bobos: saben que, si se trata de intimidar con aeronaves, Colombia cuenta con unos aviones más grandes que los Tupolev: los hermanos Moreno. 

Además, Roy sería capaz de pedir que los tumben, porque los congresistas colombianos solo piensan en tumbar. Y eso arrastraría a nuestra clase obrera a una lucha fratricida de rusos contra rusos, pese a que los nuestros no tienen portaaviones, sino –a duras penas- portacomidas.

Lo cierto es que merecemos un descanso porque acá trabajamos hasta la madrugada. Anoche me dieron las dos de la mañana redactando la carta con que felicitamos a Nicaragua por haber ganado el pleito marítimo contra Colombia. Nos alegra que esos kilómetros ya no sean colombianos: eso significa que están libres de guerrilla, y que estará prohibida la pesca. Al menos la milagrosa.

Ahora bien: que nos echemos una pequeña bronceada no nos convierte en pequeños burgueses. En eso somos firmes. Recuerdo las palabras  del comandante Raúl Reyes cuando dijo: “Acabaremos con la oligarquía: lo juro por lo más preciado que tengo”. Es decir, por su Rolex (que, dicho sea de paso, deberían devolvernos: lo exigiremos en el próximo ciclo).

Nadie puede acusarnos de ser contradictorios: que andemos de paseo por el Caribe en un catamarán es apenas coherente con nuestro gusto por los relojes Rolex o las motos Harley-Davidson. Bien pueden hacernos fotos –antes, eso sí, de que tomemos el sol con la tanga camuflada – porque las fotos serían bastante bonitas, al igual que Tanja, quien, para felicidad de todos, se hizo la cera. Porque acá no queremos saber de nada que nos recuerde la selva. 

Este soy yo, mamá. Triunfé. Uso gafas oscuras, fumo puros, paseo en yates. Parezco un actor en vacaciones. Pero eso es lo que soy, finalmente: un actor. Así sea del conflicto. En el próximo ciclo exigiremos la presencia de la magistrada Ruth Marina Díaz para que nos recomiende un crucero por el Caribe. Mientras tanto, escribiré otro poema, inspirado en el mar:

Me llamo Jesús Santrich 

Y me asoleo biringo,

Aunque diga cualquier gringo

Que soy un son of a bitch.

Seguro en algunos meses

La anhelada paz firmamos

Aunque entretanto tengamos

Que vivir como burgueses. 

Quiero montar otra cata

En un yate en el Caribe;

No pensar más en La Uribe

Ni en las minas ‘quiebrapata’;

Solo en zumo de naranja

Para otro vodka con hielo;

En el sol, el mar, el cielo,

Y en el bikini de Tanja.

Mañana nos reuniremos de nuevo con los delegados del gobierno, que también estuvieron de vacaciones (y en un yate, los muy oligarcas, en las islas del Rosario). Ambos equipos llegaremos con la cabeza tan despejada como el Caguán, y haremos con el proceso lo que Santa Fe hizo con Wílder Medina: destrabarlo. Superaremos cualquier escándalo fotográfico, así tengamos que avanzar en las negociaciones para conseguirlo. Y demostraremos que las negociaciones son lentas, sí, pero funcionan. Como el internet en La Habana.  

Una lengua, un país

Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor

OPINIÓN  .  Por primera vez en medio siglo las Farc dicen que comparten algo con el Estado: y ese algo es nada menos que la democracia.

Lo que dice el nuevo acuerdo anunciado en La Habana por las delegaciones del gobierno y de las Farc son vaguedades: “se prevé... se establecerá... se harán cambios institucionales...”. Pero no especifica ni qué se prevé, ni qué se establecerá, ni cuáles serán esos cambios. El texto es entusiasta, pero vago. O, para quienes ven medio llenos los vasos medio vacíos, es vago, pero entusiasta. Y referido al porvenir: “Esto se pondrá en marcha en el marco del fin del

conflicto, en democracia, y luego de la firma del Acuerdo Final”. 

Vaguedades, y todavía condicionadas e incompletas. Pero en algo fue –por fin– claro el presidente Santos al celebrarlo: no habrá pausa en los diálogos para que no se vean interferidos por la campaña electoral. O bueno: fue más enfático que claro (él, que tantas veces es enfáticamente vago). 

Lo dijo agitando el puño ante las cámaras, pero a su manera ambigua, en su retórica del ni sí ni no, sino todo lo contrario: “Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo. Debemos continuar”.

Pero no miremos lo que la retórica esconde, sino lo que revela la retórica.

Dice el texto del acuerdo:

“Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que los espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática”.

Parece como si ese texto no dijera nada. Y sin embargo ha sido discutido y revisado meticulosamente, palabra por palabra, por las dos partes reunidas en La Habana. Se queda uno soñador pensando, por ejemplo, cuántas horas de debate habrá habido detrás de ese verbo ‘ampliar’, referido a los derechos y las garantías. ‘Conservar’, propondrían los del gobierno. ‘Crear’, exigirían los de las Farc. 

Se transaron por ‘ampliar’. Un ‘ampliar’ por el que las Farc reconocen que tales derechos y garantías existen, y por el que el gobierno a su vez acepta que son insuficientes: es decir, que aquí se conculcan los derechos y se mata a la gente. Y que eso no está bien. Me estremezco al imaginar lo que habrá sido la disputa en torno al feo verbo ‘robustecer’, usado dos veces en unas pocas líneas porque no se encontró otro más eufónico. 

(Y esto lo digo por experiencia: yo he sabido lo que es discutir con los mamertos colombianos; y no los hay en ninguna otra parte). Y ¿qué tal eso de “promover la transparencia en los procesos electorales”? Aceptar que tal transparencia se promueva es reconocer que hoy no existe: que hay fraude en las elecciones. Cosa que todo el mundo reconoce en la vida real, pero niega en el discurso político. Y algo más elocuente todavía: “Nuestra democracia”. 

¿Nuestra? Por primera vez en medio siglo los guerrilleros de las Farc dicen que comparten algo con los representantes del Estado, y ese algo es nada menos que la democracia. La utilización en común de esa palabra por las dos partes en conflicto –en común, y no usando la misma palabra para definir concepciones contrapuestas– señala, me parece a mí, un paso trascendental en la reconciliación de los colombianos. Un paso a la vez revolucionario y contrarrevolucionario. 

Contrarrevolucionario: las Farc asumen como también propia la democracia de sus adversarios. Y revolucionario: el Establecimiento (dando por hecho que el gobierno de Santos y sus enviados en La Habana representan al Establecimiento) acepta que en su democracia también caben sus adversarios.

Y exactamente en eso consiste la democracia.

La democracia, que para que lo sea tiene que ser aceptada voluntariamente por todos los participantes, y no puede tener excluidos forzosos, es el resultado del acuerdo a que se está llegando laboriosamente, a tropezones, en La Habana. 

Este acuerdo que comento muestra, me parece, que ya se ha llegado a un momento importante: el momento en que las partes enfrentadas empiezan a hablar el mismo idioma, a conocer el idioma de la otra. No me parece un mal resultado para cincuenta semanas, como llamó al año de conversaciones el presidente Santos en su discurso: cincuenta semanas de clases de idiomas. Y ahora que las dos partes hablan el mismo idioma sería bueno que empezaran también a hablar del mismo país.

NOTA: En respuesta a mi columna sobre el atentado de amenaza contra el periodista Renson Said, me escribe el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-Paris, para decirme que también él, como periodista, ha recibido amenazas por cuenta de sus denuncias: y que su padre, igualmente periodista, fue asesinado por las suyas. 

Me escriben también los dirigentes de la Seccional Norte de Santander del Colegio Nacional de Periodistas para decirme que les parece “inaceptable” que en mi columna “se sindique veladamente” al alcalde por las amenazas contra el periodista, cuando también él, como periodista, “debió afrontar amenazas de muerte como consecuencia de sus denuncias públicas”.

Estoy de acuerdo: las amenazas y los atentados contra los periodistas son inaceptables. Exactamente eso fue lo que salí a decir aquí en mi columna de hace quince días sobre el atentado contra Renson Said Sepúlveda.

 

Poderosos e invisibles

Por Daniel CoronellVer más artículos de este autor

OPINIÓN  .  No tengo dudas sobre la honestidad del ministro Gaviria pero le pido, con el respeto debido, que sea un tercero quien despeje las dudas sobre su conflicto de intereses.

Mientras los hospitales se declaran en quiebra, los profesionales de la salud se empobrecen y los pacientes reciben atención deficiente, los intermediarios de la salud se enriquecen. En los peores años para el sector Saludcoop multiplicó su tamaño 176 veces, de acuerdo con sus propios papeles.</div>

El gigante de la salud mandaba a los pacientes a sus propias clínicas, surtía con alimentos los centros asistenciales, creaba empresas para autovenderse medicinas, lavar ropa hospitalaria, efectuar los cobros y adelantar los pleitos, entre muchas otras cosas y sin mencionar las excentricidades.

Quizás ese sea el caso más aberrante pero no el único. El modelo de salud actual está hecho para favorecer a los intermediarios financieros que son, al final, los únicos que ganan con el esquema.

Por eso es necesaria una reforma de la salud. Sin embargo, el proyecto de ley que el gobierno impulsa en el Congreso no soluciona el problema de la intermediación –verdadero parásito del sistema– sino que le cambia de nombre. En lugar de llamarse EPS ahora se llamarán Gestores de Servicios de Salud.

El gobierno planea crear una gigantesca entidad oficial llamada Salud Mía que de acuerdo con el proyecto operará directamente “o a través de terceros”. Es decir de intermediarios. 

El trámite en el Congreso puede incluso empeorar el proyecto, de por sí malo, porque varios intermediarios de la salud tienen influencia sobre los legisladores. 

El Consejo Nacional Electoral certificó que varios partidos políticos han recibido financiación de instituciones con intereses en la salud.

El Partido de la Unidad Nacional, o Partido de la U que es el de gobierno, recibió 445 millones. También han recibido aportes los partidos Liberal, Conservador, PIN y Polo Democrático. 

¿Pueden los senadores y representantes que se han beneficiado de esos aportes de campaña legislar con libertad sobre estos asuntos? La risible exculpación de impedimentos no resuelve esa pregunta. 

Al senador Juan Carlos Restrepo le negaron el impedimento sus compañeros, a pesar de que informó que una EPS financió su campaña. A Olga Suárez Mira también le dijeron que se quedara tranquila a pesar de que advirtió que un familiar suyo en primer grado es gerente de una EPS. Y así sucesivamente, el pasado 8 de octubre, se resolvieron a toda carrera y a pupitrazo 42 impedimentos.

Lo peor es que el tema no termina ahí. 

El propio ministro de Salud y de la Protección Social, Alejandro Gaviria, de cuya buena fe estoy convencido, debería establecer si su paso por la junta directiva de Bancolombia puede generarle un conflicto de interés. Bancolombia, como parte del Grupo Empresarial Antioqueño, tiene intereses en el Grupo Asegurador Sura, uno de los grandes actores en el aseguramiento privado de la salud.

Para colmo de confusiones, la doctora Carolina Soto, esposa del señor ministro de Salud, era hasta el año pasado la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda. Ese es el gremio que agrupa a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en el país. Para muchas de esas entidades, el negocio de la salud es crucial.

Reitero que no tengo dudas sobre la honestidad del ministro Gaviria pero le pido, con el respeto debido, que sea un tercero quien despeje las dudas sobre un eventual conflicto de intereses.

A estas dudas se suman otros ingredientes que parecen estar creando la fórmula perfecta para el desastre. 

Los pacientes han sido ignorados en el trámite de la reforma, los médicos vilipendiados y en ocasiones responsabilizados de una situación de la que en realidad son víctimas, nadie está pensando en solucionar la crisis de los grandes hospitales públicos. Mientras tanto, poderosos intermediarios tienen a socios y patrocinados legislando sobre la salud de todos los colombianos.

  

¿Qué sigue?

Por León ValenciaVer más artículos de este autor

OPINIÓN  .  Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme.

No era bueno el ambiente que rodeaba las negociaciones de La Habana en las últimas semanas. El escepticismo y la incertidumbre estaban creciendo. El convenio sobre participación política le cambia la cara al proceso. En lo acordado está el corazón de la negociación. 

Para el Estado y para la sociedad lo más importante es la convicción de que las Farc abandonarán para siempre las armas y eso está tajantemente definido en este acuerdo. Para las guerrillas son decisivas las garantías para la oposición y las condiciones en que las fuerzas políticas surgidas de la paz se insertarán en la competencia democrática y eso también está claro en el texto difundido por la Mesa de negociación. 

Digo entonces que la negociación llegó a un punto de no retorno. Digo que, de no ocurrir una catástrofe –un hecho inesperado y brutal– por fuera de la mesa, el acuerdo para poner fin al conflicto está asegurado y es inminente.

Pero en estos cuatro meses que faltan para llegar a las elecciones el país se va a mover en las arenas movedizas y peligrosas del conflicto, la paz y el posconflicto. Tres cosas a la vez. Tres retos a la vez. Tendremos de todo un poco. Atender la guerra y la seguridad, perfeccionar el acuerdo de paz y preparar la transición y el posconflicto. Al mismo tiempo enfrentar con serenidad, pero con firmeza, a los detractores de las negociaciones que no son pocos y no son débiles. Tamaña faena. Me atrevo a enunciar nueve recomendaciones para el presidente Santos y para Rodrigo Londoño, jefe de las Farc.

Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme. El cese de acciones ofensivas sobre la fuerza pública, la suspensión de los ataques a la infraestructura energética y un respeto pleno a los líderes políticos en campaña electoral y a la población civil en las zonas de influencia generarían confianza en las negociaciones y facilitarían la aprobación de los resultados de La Habana por parte de la ciudadanía. 

El presidente le tendría que cambiar el libreto al ministro de Defensa. Sus ataques verbales, que muchas veces rayan en el ridículo, no le hacen bien a la Mesa de negociaciones.

Las Farc tienen que aclarar una y otra vez ante la opinión pública que ‘dejación de las armas’ significa que le entregarán a una comisión especial todas las armas, hasta el último revólver. 

El presidente Santos tiene que empezar a ventilar en público el tipo de Justicia transicional que se aplicará en Colombia de acuerdo con el marco jurídico aprobado. Aclarar en qué consisten las penas alternativas distintas a cárcel que está proponiendo el fiscal general y los compromisos de verdad y reparación que deberán asumir las fuerzas en conflicto para acceder a estos beneficios. Esa es una controversia ineludible.

Es imperativo iniciar en La Habana la discusión sobre el referendo y acordar los términos de su convocatoria para ambientar en la opinión pública su contenido. El debate no será fácil.

El histórico acuerdo sobre participación política facilita y obliga a la apertura de las negociaciones con el ELN. Solo una paz integral puede abrir las puertas del posconflicto y de la reconciliación. El ELN haría una contribución fundamental a la paz si se suma a un posible cese del fuego unilateral en las elecciones y proclama el abandono del secuestro.

Es urgente discutir con las Fuerzas Armadas, de manera oficial y organizada, su inserción en la Justicia transicional. Enviar un mensaje de tranquilidad y respeto hacia las filas. Asegurarles que tendrán un trato digno y recibirán beneficios jurídicos iguales a los que tendrán los guerrilleros.

Es necesario acelerar los cambios que se han insinuado en la estrategia contra las bandas criminales y en la atención a la seguridad ciudadana. Esta es una angustia mayor de la población urbana. Una eficaz política de sometimiento a la Justicia.

Para preparar el posconflicto es obligatorio nombrar de inmediato una comisión de alto nivel que establezca con claridad cómo construir institucionalidad en los 242 municipios donde ha tenido presencia la guerrilla. Cómo forjar allí Estado, mercados legales y ciudadanía de plenos derechos. Cómo aplicar allí los acuerdos de La Habana. En esto se fracasó rotundamente en otros procesos de paz. Ahora no podemos fallar.

 

Elcibereco/René Orozco Echeverry/Editor/Redactor