Sobre nuestro archipiélago

La verdad sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua

Por: JUAN DANIEL JARAMILLO ORTIZ ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 6:16 p.m. | 03 de Enero del 2013

 

Foto: AFP

Una detallada revisión de los hechos que ocurrieron desde el gobierno de Ernesto Samper en este caso

En entrevista concedida a María Isabel Rueda (EL TIEMPO, 31-12-2012), el expresidente Andrés Pastrana dice que, al llegar a la jefatura del Estado, en 1998, no recibió del gobierno Samper ninguna información relativa a las reclamaciones de Nicaragua sobre nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y mar adyacente.

 

Lo cual sugiere que nada se hizo en ese gobierno o, si se hizo, no tuvo trascendencia. O que no se hizo entrega de la información por razón desconocida. En tema tan delicado, que envuelve los más altos intereses del país, no cabe más que la verdad de los hechos.

 

Por la circunstancia de haber formado parte, por designación del entonces presidente Samper en 1996, de lo que él bautizó Grupo Informal de Consulta, que recibió el encargo de llevar a cabo la búsqueda de un grupo de abogados internacionalistas con experiencia sólida en el seno de la Corte Internacional de Justicia, recomendar sus nombres, evaluar sus conceptos acerca de dichas reclamaciones y, finalmente, aconsejar al alto gobierno sobre las opciones disponibles, debo pronunciarme sobre este tema.

 

A fines de 1995 fue claro para el presidente Samper y su canciller, Rodrigo Pardo, que la declaración del gobierno nicaragüense de 1980, en virtud de la cual se declaraba unilateralmente inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928), debería ser tomada con absoluta seriedad. Con disposición a responder por las vías del derecho la violación flagrante del derecho internacional emanada por la Junta de Reconstrucción Nacional. El presidente Samper solicitó a un grupo, que integró con el expresidente Alfonso López Michelsen, el eminente jurista Germán Cavelier, el embajador ante la ONU, Julio Londono, y el autor de este artículo, que identificase, como paso inicial, el grupo de practicantes de estatura global que realizaran, cada uno, estudio individual sobre el estado de la situación, su proyección y las alternativas legales concretas que se le presentaban a Colombia.

 

El profesor Cavelier y yo -en razón de nuestra compenetración con los círculos legales académicos y profesionales extranjeros- recibimos el encargo de hacer llegar las hojas de vida de los candidatos. El presidente Samper, inicialmente en asocio de su primer canciller, Rodrigo Pardo, y después de quien lo sucedió en el cargo, María Emma Mejía, escogió, tras minuciosa calificación, a quienes deberían encargarse. Así, fueron escogidos el francés Prosper Weil, el español Santiago Torres Bernárdez y los británicos Sir Arthur Watts y Neville Maryan Green.

 

El presidente Samper entendió la obligación de estar totalmente empapado del asunto desde su inicio. Dentro de esta dinámica, y dada la naturaleza absolutamente reservada del tema, varias de las reuniones tuvieron lugar en la propia casa privada del Palacio de Nariño, bajo la dirección activa e informada del primer mandatario.

Se acordó una metodología de trabajo a salvo de trampas en el raciocinio. Llegados los conceptos, los miembros del Grupo Informal -buscando evadir posiciones previas asumidas, como era el caso del expresidente López y Cavelier- aclararían temas puntuales de manera individual con cada uno de sus autores con el fin de ir llegando a consensos que fuesen estrictamente sustantivos y la opinión personal no tiznara la transparencia del proceso. Hacia fines de 1997 y comienzos de 1998 se habían trabajado estos comunes denominadores conceptuales.

 

Para López Michelsen y Cavelier, otrora agudos antagonistas en varios puntos, fue sorprendente -y para mí, que había estudiado sus posiciones- pisar tras varios lustros tierra común. A la instancia escrita se agregaron reuniones del Grupo Informal con los abogados francés, español y británico, cuyo lugar de encuentro fue la ciudad de París.

Al finalizar la administración Samper se tenía perfectamente claro el estado de la situación. Esto es, cuál era nuestro estatus jurídico en el archipiélago, qué acciones jurídico-internacionales quedaban desaconsejadas y cómo se componía el abanico de alternativas (así lo llamó entonces el presidente Samper) que tenía a su disposición Colombia para enfrentar el desafuero legal de Managua, cuya prolongación llegaba a las dos décadas.

 

Así, por ejemplo, sobre el retiro del Estatuto de la CIJ y del Pacto de Bogotá (1948), las posibilidades de instituir un procedimiento contra Nicaragua por la declaratoria unilateral de nulidad de un tratado territorial intangible en vigor, bien de manera autónoma o por vía reconvencional, o esperar una demanda de Nicaragua (opción que fue desechada unánimemente y a la postre ocurrió), quedaron definidas.

 

Todo a partir de visiones estructuradas y respaldadas doctrinaria y jurisprudencialmente. Sobre la figura procesal de las excepciones preliminares, a la que acudieron el presidente Uribe y la canciller Barco Isakson, quedó así mismo establecida prevención radical de que su utilización sería contraproducente. Y se discutió tan a fondo el tema que al profesor Weil se le urgió un concepto adicional y profundizado, que fue respondido con un análisis extenso de casi veinte páginas -que, como todos los documentos, guardo en mis archivos-, que el expresidente López, Germán Cavelier y yo discutimos con él en París hace más de quince años.

 

Es preciso decirlo: el margen de maniobra que disfrutaba Colombia en aquel momento era amplio. Buen número de estrategias jurídicas individuales o conjugadas aseguraban la integridad del archipiélago. La administración Samper fue más lejos, pues puso en ejercicio todos los canales legales diplomáticos y extradiplomáticos para obtener información relativa a los movimientos de Managua, en lo cual exhibieron encomiable eficacia los cancilleres Mejía y Camilo Reyes.

 

Fue claro, a poco de finalizar este gobierno, que Nicaragua preparaba instituir un procedimiento contra Colombia, pero ello no ocurriría a corto plazo. Esto es, en cuestión de meses, así que el gobierno de Samper podría finalizar libre de demandas.

 

Yo me desvinculé del Grupo de Consulta al ser designado en cargo diplomático en la ONU-La Haya. Durante los últimos meses de la administración Samper fui informado, sin embargo, por el propio presidente Samper y el expresidente López y el doctor Cavelier, que, siguiendo las recomendaciones de los siete abogados (tres colombianos y cuatro extranjeros), se dejaba al gobierno electo de Andrés Pastrana no únicamente los estudios, sino la integridad de sus desarrollos posteriores. Pero, además, un plan de contingencia en que trabajaba Cavelier.

 

El presidente Samper buscó experticia y, al hacerlo, omitió deliberadamente factores ajenos al proceso. Por esta razón estuvo en el Grupo Informal Germán Cavelier, persona muy cercana al expresidente Pastrana Borrero. Yo -sin más credencial o respaldo político que mis conocimientos- era modesto miembro del tribunal ético del conservatismo y había sido asistente personal del recién caído doctor Álvaro Gómez Hurtado.

 

El presidente Samper y la canciller Mejía quisieron, además, que en materia de tan grande entidad todos los expresidentes residentes en Colombia (Pastrana Borrero y Betancur) estuviesen plenamente informados. Germán Cavelier y yo hicimos entrega personal en su residencia copia de todo el material contentivo de los estudios al expresidente Pastrana poco antes de su muerte, quien supo agradecerlo especialmente. Entiendo que el gobierno saliente fue cuidadoso -ello debe recordarlo el entonces canciller Reyes- en hacer entrega de igual documentación al gobierno entrante.

 

Pero si no lo hizo, era inescapable e impostergable en grado máximo obligación de la nueva administración pedir e identificar la información que ocupa hoy, como entonces, lugar de privilegio en los archivos del Palacio de San Carlos y del propio despacho de los sucesivos cancilleres y del mismo Jefe del Estado en el Palacio de Nariño.

Aquí no hay lugar a disculpa de ninguna naturaleza. Se trató y se trata del más alto interés nacional, de derechos vitales de nuestros hermanos sanandresanos, del entorno ambiental y de la seguridad nacional dentro del hemisferio.

 

Juan Daniel Jaramillo Ortiz
Especial para EL TIEMPO/elciberecovirtual.blogspot.com

Acerca del autor Juan Daniel Jaramillo Ortiz hace parte del grupo de abogados nacionales que asesoran al gobierno del presidente Santos en el análisis de las alternativas que tiene el país después de la sentencia de la Corte de La Haya.