"Espero que la justicia condene a Uribe por delitos contra la humanidad"

"Espero que la justicia condene a Uribe por delitos contra la humanidad"

Iván Cepeda denuncia la connivencia entre el Procurador, que lo está investigando, y el expresidente para hacer fracasar el proceso de paz con las Farc.

Por: Eva Saiz Washington / Especial El País de España

        

En el maremágnum de víctimas en el que se ha convertido a Colombia tras más de medio siglo de conflicto, Iván Cepeda (Bogotá, 1962) se ha erigido en la voz de quienes han sufrido la violencia de Estado.

El asesinato de su padre, Manuel José Cepeda, miembro del movimiento Unión Patriótica, a manos de los paramilitares en 1994 llevó al actual representante en el Congreso colombiano del Polo Alternativo Democrático, a iniciar una cruzada por el reconocimiento de los derechos de los afectados por los ataques de esos grupos ilegales y por llevar ante la justicia a sus integrantes y cómplices.

En ese empeño, las investigaciones de Cepeda han puesto en el punto de mira al expresidente Álvaro Uribe a quien denunció, junto a su hermano, Santiago, y a otros colaboradores, ante la Fiscalía que este mes de enero ha reabierto la investigación por el supuesto vínculo de Uribe con los paramiliatres.

El ex jefe de Estado contraatacó, demandando al dirigente de izquierdas ante la Corte Suprema de Colombia por abuso de función pública, obstrucción a la justicia y calumnia, unos cargos similares por los que la Procuraduría colombiana ha iniciado otra investigación contra Cepeda.

El político y activista colombiano no está dispuesto a seguir la misma suerte que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien el procurador, Alejandro Ordóñez, ha destituido de su cargo y, como Petro, el pasado 14 de diciembre solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender un procedimiento que podría poner fin a su futuro político.

Cepeda ha cambiado la primavera eterna bogotana por el frío cerval de Washington para informarse del estado de su solicitud ante el organismo de la OEA y defender el proceso de paz con las FARC en un foro sobre las negociaciones celebrado en la American University.

¿Qué sensaciones tiene tras su encuentro con los responsables de la CIDH?

Yo conozco el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde hace tiempo. El caso de mi padre fue estudiado durante 15 años en la CIDH y algo sé de cómo opera la Comisión y la Corte [en 2010, condenó al Estado colombiano por el asesinato de Manuel José Cepeda]. Mi experiencia me ha enseñado que cuando la CIDH no quiere tratar de un tema, sencillamente no demuestra ningún interés pero, en este caso, he advertido que ese interés está allí y que la Comisión está mostrando una preocupación por lo que está sucediendo y eso para mí es un síntoma positivo.

¿Cree que la atención que ha suscitado el caso Petro puede beneficiar su propia causa?
Una vez que el procurador comenzó a acelerar el proceso de mi investigación tomamos la decisión inmediata de acudir al Sistema Interamericano, lo que pasa es que ha habido una coincidencia con relación al momento en el que se ha producido la destitución e inhabilitación del alcalde. Ahora, creo que es una feliz coincidencia y que lo que ocurra en el caso Petro puede marcar la situación de mi caso.

La senadora Piedad Córdoba, el alcalde Petro, usted mismo, son destacados representantes de la izquierda colombiana que se han visto afectados por las decisiones del procurador. ¿Es coincidencia u obedece a la ideología política del procurador, como sostienen sus detractores?

Estoy totalmente convencido de que el procurador tiene un plan de actuación para lesionar gravemente a la izquierda y a sus dirigentes. Es cierto que ha sancionado a figuras políticas de la derecha, pero en esos casos estas personas habían sido condenadas antes por un juez.

En el caso de los funcionarios y de los elegidos de izquierda no ha habido ninguna resolución judicial previa, sino una decisión disciplinaria que no solamente se limita a sancionar, sino que decreta una especie de muerte política al privar a las personas de cualquier posibilidad de ejercer puestos de poder político.

¿Persigue el procurador, como también defienden sus críticos, lesionar el proceso de paz al investigar a los miembros de la izquierda favorables a las negociaciones?

¡Claro que busca lesionar el proceso! El procurador ha sido muy explícito al manifestar su animadversión al proceso de paz, incluso ha amenazado con investigar disciplinariamente a los miembros del Gobierno que están dialogando con la guerrilla en la mesa de La Habana. Su intención es buscar, de una u otra forma, obstruir y en lo posible romper el proceso. Yo creo que él hace parte de un bloque o un frente de personas que no quisieran ver la posibilidad de un éxito de las conversaciones de paz.

El expresidente Uribe es una de las principales voces en contra del proceso negociador con la guerrilla de las FARC ¿Insinúa una connivencia entre el procurador y Uribe para hacer fracasar el diálogo?

No es un secreto que en Uribe le propuso al procurador que renunciara y que fuera el candidato a la presidencia de la derecha. Así que no, estas no son ni especulaciones ni intuiciones. Allí hay una alianza para acabar con la posibilidad de un cambio en Colombia.

¿Cómo cree que la reconciliación entre Uribe y el expresidente Andrés Pastrana, ambos contrarios al proceso de paz, puede afectar a la gestión de un potencial postconflicto, de alcanzarse un acuerdo con la guerrilla?

Yo creo que se le debe prestar atención a este tipo de alianzas políticas de la derecha y también a si actúan dentro de la legalidad y emplean métodos lícitos para controvertir lo que se está haciendo o si emplean otro tipo de mecanismos.

El expresidente Uribe se ha caracterizado por, cuando las cosas no le funcionan en el plano legal o por las vías constitucionales, emplear otras al margen, como ya ha hecho en este proceso de paz, como cuando en su cuenta de Twitter reveló las coordenadas de una operación militar en la que se iba a habilitar la salida del país de unos de los comandantes guerrilleros a La Habana.

Son situaciones que muestran que la derecha que encabeza el expresidente Uribe está dispuesta a hacer todo y a utilizar cualquier clase de métodos para atravesársele a este proceso de paz.

Disputas con Uribe Usted ha denunciado a Uribe ante la fiscalía de su país por sus supuesta relación con los grupos paramilitares y ante la Corte Penal Internacional por persecución política a raíz del espionaje que sufrió por parte de los servicios de inteligencia de su país durante su mandato. ¿Cree que el expresidente podría acabar siendo juzgado por delitos de lesa humanidad?

 

Yo espero que sea la justicia colombiana la que condene a Uribe por delitos de lesa humanidad. Nosotros cumplimos con la tarea de defensores de derechos humanos que consiste en entregar a la fiscalía de manera metódica y paciente todas aquellas evidencias, documentos, declaraciones y pruebas que muestran, no uno, sino una infinidad de hechos que cubren toda la historia política del exgobernador, excongresista, y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En todas esas circunstancias, en distintos momentos de su vida, aparecen hechos supremamente preocupantes, nexos con narcotraficantes, con paramilitares, abuso de sus funciones, desviación de recursos del Estado para su beneficio y el de sus familiares...

En algún momento, ese tipo de hechos que se acumulan en una montaña gigantesca tendrán que producir algún resultado.

Muchos en Colombia sostienen que el asesinato del padre del expresidente Uribe por las FARC es lo que explica el rencor que el mandatario muestra hacia la guerrilla y su negativa a dialogar con ella. ¿Podría extrapolarse esta especie de psicoanálisis a su propio caso y a su obstinación por denunciar los abusos de los paramilitares?

Yo perdoné al Estado colombiano por el asesinato de mi padre en una sesión solemne y no lo hice como un acto de simple diplomacia. Yo acuso al expresidente Uribe con relación a circunstancias de tiempo, modo y lugar que pueden ser demostradas.

Así que aquí no hay ninguna cruzada vengativa de un huérfano, sino una situación en la cual una figura política y un defensor de los derechos humanos, como soy yo, actúa frente a un caso concreto.

Se le recrimina de que sólo reivindique los derechos de las víctimas de los paramilitares y no los de las guerrillas.

Yo soy una víctima del Estado colombiano y como tal me he reivindicado y he creado un movimiento nacional [Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado] porque ellas son las víctimas realmente discriminadas.

Ser reconocido como víctima del Estado colombiano nos ha costado, no digo esfuerzos, sino vidas humanas. Ahora, no he vacilado también en defender a otras víctimas, cuando así se ha requerido y he participado en operaciones humanitarias para que las FARC liberen a los secuestrados.

He denunciado a las FARC y al ELN cuando ha sido necesario y, en general, con relación a todos los hechos de violencia he expresado una condena. Pero yo estoy ubicado en una situación concreta.

¿Qué diferencia a este proceso de paz de otros anteriores?

Una decisión y una voluntad de ambos, de la guerrilla y del Gobierno, de llegar a este propósito que ha mostrado ser perseverante y que creo que va a culminar definitivamente con un acuerdo por primera vez en nuestra historia contemporánea.

¿Por qué hay que creer ahora en la palabra de unas FARC que no han entregado las armas y que, en el pasado, han demostrado que han empleado otras negociaciones similares para rearmarse?

No se trata de un asunto simplemente de creencias sino de los hechos. Y los hechos de este proceso son que por primera vez hay una agenda, que hay una conversación en torno a asuntos concretos, que de esa agenda se ha llegado a dos acuerdos parciales y que la guerrilla ha venido dando pasos que son verificables.

Ha dicho que va a renunciar al secuestro y, tal vez se produzcan algunos, pero en buena parte ha renunciado a esa industria.

¿Es conveniente que en La Habana el Gobierno esté negociando con la guerrilla asuntos de Estado que deberían debatirse en el Congreso, como el problema rural o el narcotráfico?

La guerra en Colombia no ha existido de manera caprichosa durante tantas décadas. Tiene unas causas políticas y sociales y dos de ellas fundamentales son la inmensa desigualdad, la aberrante desigualdad que hay en el campo y el hecho de que en Colombia no se ha podido ejercer la oposición política sin que se presenten crímenes, persecuciones e incluso la desaparición de todo un movimiento político, la Unión Patriótica. Así que, si eso no se resuelve, será muy difícil pensar o imaginar que se acabe la guerra.

Si se llega a un acuerdo, parte del mismo deberá ser desarrollado en el Parlamento, en un Senado en el que estarán usted y el expresidente Uribe ¿Se ve trabajando con él en ese ámbito?

En el estado actual no hay una voluntad para contribuir por parte del sector que representa Uribe a construir la paz. Ahora, si en el día de mañana deciden entrar en la construcción de la paz y renunciar a los métodos que se han utilizado, reconocen las responsabilidades y los crímenes que se han cometido, será posible construir un consenso nacional para llegar a la paz, por supuesto.

Parece que el presidente Juan Manuel Santos vaya a ganar las elecciones casi por inercia ante la falta de un candidato opositor con suficiente respaldo popular y la atomización de la izquierda colombiana. ¿Podrá esa izquierda llegar unida a próximas citas electorales y convertirse en una alternativa seria?

Eso es fundamental, lo he pedido de muchas formas y en muchas oportunidades, no sólo como una opción para presentarse a las elecciones sino para la construcción de una posguerra, de una transición en Colombia. La izquierda unida y fortalecida debe ser un sujeto fundamental de ese proceso.