jueves, 20 de marzo de 2014

HRW denuncia desprotección del Estado en Buenaventura

Judicial 20 Mar 2014 - 10:38 am
Violencia en Colombia

HRW denuncia desprotección del Estado en Buenaventura

Señala que las desapariciones forzosas se elevaron a 38 en 2013.
Por: Elespectador.com
 
HRW denuncia desprotección del Estado en Buenaventura  
                                                                             
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la desprotección y el desamparo en el que vive la población de Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y considerada la ciudad más violenta del país.

En el informe "Crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento", HRW constató que barrios enteros de esta ciudad "se encuentran bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares", como Los Urabeños y La Empresa.

"Los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la desaparición de una gran cantidad -posiblemente cientos- de residentes de Buenaventura durante los últimos años", denunció la ONG en el documento.

Las desapariciones forzosas se elevaron a 38 en 2013 según las autoridades y desde hace cuatro años Buenaventura es la ciudad del país con más crímenes de este tipo con un acumulado de 153 casos.

Según sugiere HRW en el informe, "la cantidad real de personas que han sido llevadas contra su voluntad y asesinadas por grupos paramilitares en la ciudad sería considerablemente mayor".
"La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región", expresó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco en la presentación del informe en Bogotá.

La ONG alertó, además, de que Los Urabeños y La Empresa "descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía" y constató que las autoridades ya identificaron hace unas semanas emplazamientos donde personas habrían sido desmembradas.

"Tan sólo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan de a miles", agregó Vivanco.

Con apenas medio millón de habitantes, Buenaventura también ha sido el municipio con mayor número de personas desplazadas en los últimos tres años, con un total de 13.468 en 2013 según cifras oficiales.

La ONG constató un aumento en el promedio de personas desplazadas entre el periodo 2004-2008 y 2009-2013, "lo cual refuta cualquier afirmación de que la seguridad general en el municipio haya mejorado significativamente" ante algunas afirmaciones de funcionarios.

Tras una visita a la ciudad en noviembre de 2013, HRW denunció que "las autoridades no han protegido a la población frente a los grupos sucesores de paramilitares" y destacó la "poca presencia" policial.

"En general, existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y una sensación generalizada de indefensión ante los abusos que comenten constantemente estos grupos", agregó la ONG en su informe.

Del mismo modo, HRW denunció la impunidad en la que quedan estos crímenes: ninguna de las 2.000 investigaciones de la Fiscalía por casos de desaparición y desplazamiento en Buenaventura ha tenido como resultado una condena.

En septiembre de 2013, esta ONG ya presentó un informe en el que apuntó a los grupos herederos de los paramilitares así como a la falta de justicia como principales obstáculos para la restitución de las tierras despojadas a campesinos durante el largo conflicto armado.

Por su posición estratégica en el Pacífico, Buenaventura es un punto disputado por las bandas criminales herederas de los paramilitares para controlar el tráfico de armas y drogas en la región.
Pese a ser el principal puerto colombiano en el Pacífico, la ciudad tiene un índice de pobreza del 80 % y de desempleo del 40 %.

En su informe, HRW recomienda al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos asegurarse de que la Policía "implemente una estrategia efectiva" para proteger a la población de los paramilitares.

También propone la creación de una comisión independiente formada por altos funcionarios del Estado y por representantes de la sociedad civil para evaluar el problema de las desapariciones y castigar a los culpables, así como asegurar la asistencia humanitaria a los desplazados