Dijo que Canal Capital y Telesur son "serviles al terrorismo"
¿Álvaro Uribe estigmatiza a los medios de comunicación?
Las declaraciones del
expresidente en el debate sobre paramilitarismo, podrían ir en contra
de las obligaciones de los funcionarios públicos en materia de
protección y defensa de DD.HH.
Por: Daniel Salgar Antolínez
“Me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte
Suprema de Justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor
importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido
por el grupo terrorista de las Farc, sus aliados de siempre; los
paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, y
publicitado por TeleSur y Canal Capital, medios de comunicación serviles
del terrorismo, ordenado por el Presidente de la República….”. Con estas palabras el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció su retirada del debate
sobre paramilitarismo realizado este miércoles en la Comisión Segunda
del Senado, convocado por su colega, Iván Cepeda, del Polo Democrático
Alternativo.
La acusación de Uribe revive una vieja pelea. En 2009, el entonces presidente hizo declaraciones relativas al periodista Hollman Morris, hoy gerente de Canal Capital. En una rueda de prensa dijo que Morris “se (escudaba) en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo”. (…). Para entonces, la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la CIDH, y su par de la ONU, recordaron al Estado colombiano que “los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano”.
Las declaraciones de Uribe este miércoles fueron escuchadas por tres defensores del derecho a la libertad de expresión, que estaban reunidos en un foro sobre garantías judiciales para la libertad de expresión en América Latina y decidieron pronunciarse al respecto.
Catalina Botero, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró que según la doctrina y jurisprudencia interamericana, los funcionarios públicos tienen deberes especiales en materia de protección y defensa de derechos humanos. “En materia de libertad de expresión, los más altos servidores públicos deben abstenerse de estigmatizar medios o periodistas por su discrepancia con la línea editorial que estos tengan. Eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.
Según Botero esto implica que los funcionarios tienen, entre otros deberes, el de constatar de manera razonable los hechos que fundamentan sus pronunciamientos. “Asimismo, deben asegurarse de que al ejercer su libertad de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales. No pueden, por ejemplo, vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente. El deber de no estigmatizar o imputar delitos no investigados a medios y periodistas críticos, se acentúa en situaciones en las que se presenta conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política. En estos contextos, los pronunciamientos pueden incrementar el riesgo sobre las personas concernidas”.
Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazó en nombre de su organización cualquier declaración por parte de funcionarios públicos que estigmatice y ponga en riesgo a los periodistas y a los medios de comunicación. “En una democracia es natural no compartir una línea editorial, una nota o publicación concreta, en caso de que existieran faltas a la veracidad o imparcialidad esas notas se pueden controvertir a través de vías democráticas como la rectificación, pero no contribuye a la deliberación pública el calificar de ilegal un medio de comunicación a través de afirmaciones genéricas. En las democracias se controvierten públicamente los mensajes, no se descalifica al mensajero”, agregó.
Edison Lanza es un periodista y abogado uruguayo que a partir del 6 de octubre será el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ocupará el cargo de la colombiana Catalina Botero. Ante la cantidad de obstáculos que por poco impiden la realización del debate sobre paramilitarismo este miércoles, Lanza recordó que “los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango, están expuestos a una mayor crítica. Eso ha sido un umbral del derecho internacional de los DD.HH. en América Latina, en× Europa, en todos los lugares donde fortalecemos la democracia. Los funcionarios públicos están sometidos a la crítica y a la revisión de las cosas que hacen o hicieron. Esto es así y no me quedaría más que recitar al respecto los estándares y sentencias de la Corte Interamericana, entre otros. No veo la forma en que esa discusión entre senadores no deba existir. Hay que darla y, según lo que pase, la población sacará sus propias conclusiones”.
@DanielSalgar1
La acusación de Uribe revive una vieja pelea. En 2009, el entonces presidente hizo declaraciones relativas al periodista Hollman Morris, hoy gerente de Canal Capital. En una rueda de prensa dijo que Morris “se (escudaba) en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo”. (…). Para entonces, la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la CIDH, y su par de la ONU, recordaron al Estado colombiano que “los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano”.
Las declaraciones de Uribe este miércoles fueron escuchadas por tres defensores del derecho a la libertad de expresión, que estaban reunidos en un foro sobre garantías judiciales para la libertad de expresión en América Latina y decidieron pronunciarse al respecto.
Catalina Botero, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró que según la doctrina y jurisprudencia interamericana, los funcionarios públicos tienen deberes especiales en materia de protección y defensa de derechos humanos. “En materia de libertad de expresión, los más altos servidores públicos deben abstenerse de estigmatizar medios o periodistas por su discrepancia con la línea editorial que estos tengan. Eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.
Según Botero esto implica que los funcionarios tienen, entre otros deberes, el de constatar de manera razonable los hechos que fundamentan sus pronunciamientos. “Asimismo, deben asegurarse de que al ejercer su libertad de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales. No pueden, por ejemplo, vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente. El deber de no estigmatizar o imputar delitos no investigados a medios y periodistas críticos, se acentúa en situaciones en las que se presenta conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política. En estos contextos, los pronunciamientos pueden incrementar el riesgo sobre las personas concernidas”.
Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazó en nombre de su organización cualquier declaración por parte de funcionarios públicos que estigmatice y ponga en riesgo a los periodistas y a los medios de comunicación. “En una democracia es natural no compartir una línea editorial, una nota o publicación concreta, en caso de que existieran faltas a la veracidad o imparcialidad esas notas se pueden controvertir a través de vías democráticas como la rectificación, pero no contribuye a la deliberación pública el calificar de ilegal un medio de comunicación a través de afirmaciones genéricas. En las democracias se controvierten públicamente los mensajes, no se descalifica al mensajero”, agregó.
Edison Lanza es un periodista y abogado uruguayo que a partir del 6 de octubre será el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ocupará el cargo de la colombiana Catalina Botero. Ante la cantidad de obstáculos que por poco impiden la realización del debate sobre paramilitarismo este miércoles, Lanza recordó que “los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango, están expuestos a una mayor crítica. Eso ha sido un umbral del derecho internacional de los DD.HH. en América Latina, en× Europa, en todos los lugares donde fortalecemos la democracia. Los funcionarios públicos están sometidos a la crítica y a la revisión de las cosas que hacen o hicieron. Esto es así y no me quedaría más que recitar al respecto los estándares y sentencias de la Corte Interamericana, entre otros. No veo la forma en que esa discusión entre senadores no deba existir. Hay que darla y, según lo que pase, la población sacará sus propias conclusiones”.
@DanielSalgar1
Última hora
Lo más compartido
64
Si quiere leer los comentarios o participar en el foro: DESPLEGAR COMENTARIOS
Publicidad
Publicidad
entrada de René Orozco Echeverry @ 11:09
<< Inicio