A Uribe no le gustó la ampliación del fuero militar

SEMANA

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Buenaventura Col.

Uribe no cambia

A Uribe no le gustó la ampliación del fuero militar

NACIÓNA . Aunque aprobó el proyecto, dice que le hicieron un recorte al fuero de los militares.

 

El proyecto pretende que, salvo excepciones, los actos correspondientes al servicio serán de conocimiento de la justicia penal militar.

Foto: Archivo SEMANA

 

Parecía lógico que este miércoles, la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos y la oposición de Álvaro Uribe se dieran la mano. La plenaria del Senado discutía la reforma sobre la ampliación del fuero militar. Un proyecto polémico al que se han opuesto la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y, principalmente, los sectores de izquierda de este país.

Eso sucedió, aunque a medias. Si bien es cierto que los 19 votos de la bancada uribista fueron determinantes para que el proyecto del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se aprobara en segundo debate, al expresidente Uribe no le gustó el proyecto. Y no porque ahora resulte un opositor a que los militares amplíen su fuero, pues él mismo lo ha reclamado a lo largo de estos años. Sino porque, en su criterio, el proyecto presentado por el Gobierno es un recorte al fuero militar. Alfredo Rangel, uno de sus senadores, así lo calificó en la plenaria del Senado.

El proyecto pretende dejar establecido en la Constitución que todos los actos correspondientes al servicio serán de conocimiento de la justicia penal militar, salvo excepciones.

Este ha sido un reclamo insistente de las tropas, más aún cuando el gobierno de Álvaro Uribe, precisamente, suscribió un convenio con la Fiscalía para que sea esta la primera en conocer, en el terreno, las incidencias de los operativos, lo que expuso a los uniformados a tener la vigilancia de la justicia ordinaria.

El principal opositor a este proyecto ha sido la ONU. Tood Howland, de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, se hizo presente en el Congreso para enumerar sus reparos. Senadores santistas y uribistas hicieron todo lo posible para censurar su intervención en la plenaria. Finalmente expuso sus argumentos.

Para la ONU, el proyecto de fuero militar no es consistente con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos del Estado de Colombia. Pidió cambios para aclarar que la iniciativa va a tratar solamente los hechos a futuro y no hacia el pasado. “El proyecto sin este cambio no va a ser del interés ni siquiera de los miembros de la fuerza pública porque se va a afectar la confianza de la sociedad colombiana –en razón de su fuerza pública– y se va afectar el estudio de Colombia por el respeto de los DD. HH.”. La principal preocupación de la ONU es que casos de los mal llamados falsos positivos queden en la impunidad.

Varios senadores de la coalición del Gobierno se apartaron del proyecto. Es el caso de Vivianne Morales (P. Liberal) y Armando Benedetti (La U). Para Morales, la ampliación del fuero no le hace bien a la democracia y al estado de derecho de Colombia porque contiene una serie de vaguedades que serían muy peligrosas que quedaran consagradas en el ordenamiento jurídico.

Para la senadora, lo peor de la iniciativa es que la única excepción que se hace para que opere la justicia ordinaria es la de los delitos de lesa humanidad, entendidas entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones y la violencia sexual. Y que las ejecuciones extrajudiciales no se contemplan dentro del derecho colombiano y lo que se conoce como los “falsos positivos”, que son homicidios agravados, podrían pasar dentro del año siguiente de la aprobación del acto legislativo al conocimiento de la justicia penal militar. “Esto sería una gravísima violación a los derechos humanos y al de las víctimas indefensas”, aseguró.

Benedetti tiene tres observaciones. El texto del proyecto dice que “en ningún caso la Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”, pero aclara que la ejecución extrajudicial no aparece dentro del ordenamiento jurídico ni en ningún código. “Mi mayor preocupación es que los falsos positivos pueden quedar en el aire porque no están tipificados como delito”.

Advierte que el parágrafo transitorio propone que se hará una revisión de los procesos actuales para determinar cuáles permanecerán en la justicia ordinaria y cuáles pasarán a la justicia penal militar. Ante eso, dijo: “El proyecto no es claro para determinar cuáles procesos que están hoy en la justicia ordinaria se irán para la justicia penal militar, dado que no precisa bajo qué criterios se reasignarán los casos. Además, esto es peligroso porque se aplicará una norma constitucional con efectos retroactivos en materia penal”.

Para Claudia López (A. Verde), el proyecto de expansión del fuero militar presentado por el Gobierno crea una ambigüedad jurídica favorable a la impunidad para que casos de ejecuciones extrajudiciales, homicidios en persona protegida y homicidios agravados mal llamados falsos positivos pasen de la justicia ordinaria a la penal militar.

Pero en la otra orilla, a Uribe y su bancada, aunque aprobaron el proyecto, tampoco les gustó. Seguramente porque querían un fuero aún más amplio.

El senador Alfredo Rangel dijo que es un recorte sustancial al alcance del fuero militar porque quedaron excluidos de la jurisdicción militar cerca de 18 delitos que, en su criterio, son los que generalmente se producen en medio de los enfrentamientos militares en la lucha contra el terrorismo o eventualmente en una guerra internacional. “Colombia es el único país del mundo que enfrentando una amenaza terrorista está recortando al mismo tiempo el fuero militar, esto crea una incertidumbre muy grande para los miembros de la fuerza pública”.

Y además señaló que se excluyó la creación de un tribunal de garantías que se había aprobado en el fuero que tumbó la Corte Constitucional el año pasado que iba a garantizar que a los miembros de la fuerza publica se les respetaran todos sus derechos procesales, y simultáneamente dirimía los conflictos de competencia entre la justicia militar y la ordinaria. “Como se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, hoy encargado de dirimir ese conflicto entre justicia militar y ordinaria, se va a crear un vacío que no es conveniente para la fuerza pública”.

Uribe, uno de los principales defensores del fuero militar, no quedó contento con el proyecto del Gobierno, pues lo considera un recorte. Por otro lado, sectores como los Verdes y el Polo, y algunos de la Unidad Nacional, lo consideran excesivo. Probablemente el Gobierno se sienta satisfecho con el fuero, pues si recibe críticas de orillas extremas, se podría interpretar que la propuesta está equilibrada.