Auditoría General de la República raja gestión de la Contraloría del Valle
Auditoría General de la República raja gestión de la Contraloría del Valle
Cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno de tipo penal son el resultado de una Comisión Especial enviada desde Bogotá. Los señalamientos involucran a Adolfo Sinisterra, contralor departamental (foto).
Por: Redacción de El PaísJueves, Mayo 9, 2013
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mil millones dejó de recuperar la Contraloría del Valle por la acción negligente, según la Auditoría.
Dato clave
Fallo que deja dudas
En el auto que se denominó “cesación de la acción fiscal” donde se decreta la prescripción por el caso de los $9600 millones de la ILV, hay una incoherencia palpable, pues procedieron a decretar la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal cuando el proceso no prescribe, lo que prescribe es la responsabilidad.
Y adiciona una más al sinnúmero de imprecisiones jurídicas, en el artículo 2 de la parte resolutiva dispuso: “Decretar el archivo del proceso y la cesación de la acción fiscal por haber operado el fenómeno de la prescripción.”
Desconoce la Contraloría del Valle que el archivo de un proceso no conlleva a la cesación de la acción fiscal sino todo lo contrario, y se reitera que la cesación de la acción fiscal procede por pago y esa no fue la situación presentada.
En conclusión, todas las deficiencias procesales que se evidenciaron terminaron por materializar la prescripción de responsabilidad fiscal generando impacto negativo frente al control y de cara a la ciudadanía, porque la credibilidad de la Contraloría del Valle queda en tela de juicio y el resarcimiento del daño no se obtuvo.
Con esta prescripción se perdió la oportunidad de fallar con responsabilidad fiscal puesto que ya había un responsable determinado y por ende no fue posible recuperar la suma de $9.635.823.563, que dicho sea de paso, en ningún momento procesal fue cuestionada, es decir que el daño patrimonial era cierto, lo que a juicio de la Auditoría implica desconocimiento del principio de eficacia al no obtenerse el resultado esperado de una investigación y del principio de economía por el reiterado incumplimiento de términos procesales.
Dos meses después de que El País revelara la existencia de un presunto cartel dentro de la Contraloría del Valle, el cual estaría exigiendo dinero a cambio de archivar y modificar procesos de responsabilidad fiscal, el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, publicó ayer los resultados obtenidos por una comisión especial que indagó esta y otras denuncias.
Ardila Barrera, quien en su momento calificó como gravísimas las denuncias realizadas por este diario, consigna en el informe de la Auditoría, divulgado ayer, cinco hallazgos de carácter administrativo, dos de incidencia disciplinaria y uno más con alcance penal.
En lo que concierne al hallazgo penal y a los disciplinarios, serán investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, respectivamente.
Los señalamientos involucran a Adolfo Sinisterra, contralor departamental, y a dos de sus funcionarias de confianza, Gloria Alarcón, directora de Responsabilidad Fiscal, y Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales. Así como a varios funcionarios de la entidad que participaron en la prescripción de algunos procesos, en opinión de los investigadores de la Auditoría General, sin ajustarse a la ley.
Casos irregulares
Uno de los aspectos que más preocupa a la Gerencia de la Auditoría General en Cali no es solo que en los informes preliminares se configuren hallazgos que luego se eliminan en los informes finales, sino que “la Contraloría del Valle no tramita las indagaciones preliminares dentro de los términos (días o meses) establecidos en la ley”.
Lo que da como resultado que “si bien en algunos casos logra establecer quiénes son los responsables fiscales (por la pérdida de recursos del Estado o su mal uso), no siempre logra recuperar el dinero”.
Para ejemplificar el anterior cargo los auditores analizaron los procesos 54, 55, 56 y 57 del municipio de Florida, cuyos hallazgos fueron dados a conocer en mayo del 2012, pero que a la fecha de la visita de la Auditoría General tenían los términos vencidos en más de seis meses.
Igual situación se presentó con hallazgos en Tuluá, Buenaventura, Jamundí y en la Industria de Licores del Valle, para un total de $17.185 millones de los recursos públicos del Valle que fue imposible recuperar.
Sobre el tema del Hospital Piloto de Jamundí se evidenció que, efectivamente, se había configurado un hallazgo por presunto detrimento patrimonial de $164 millones por la pérdida de unos cheques.
“El proceso SOIF- 017–2013, denunciado por El País, fue evaluado sin encontrar en el desarrollo procesal ninguna anomalía, se ordenó apertura de proceso ordinario de responsabilidad fiscal el 16 de enero de 2013; actualmente se encuentra en término del período probatorio antes de imputación de cargos”.
El informe advierte que existen investigaciones paralelas por este mismo caso en la Procuraduría y en la Fiscalía, las cuales deben arrojar resultados.
Tal vez el caso más grave y que configura el hallazgo de tipo penal, en el cual deberá de oficio intervenir la Fiscalía, se trata de un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento en $9600 millones que adelantó la Contraloría del Valle contra la ex gerente de la Industria de Licores del Valle Esperanza Acosta y 12 funcionarios más.
La Auditoría General “evidenció serias deficiencias de carácter conceptual de parte de quien tuvo a cargo la sustanciación del proceso y de quienes siendo superiores jerárquicos no ejercieron el debido control, lo cual dio origen a la prescripción de la responsabilidad fiscal por vencimiento de términos”.
Investigadores consultados por El País indicaron que dichas deficiencias de carácter conceptual, “configuran una presunta estrategia dilatoria para favorecer a los acusados”. Y afirman que la única posibilidad de que se haga justicia es que los funcionarios de la Contraloría que se prestaron para esa jugada sean llevados a juicio por la Fiscalía.
“Puede que ante la idea de quedar detenidos en la cárcel digan la verdad de lo que ocurrió con un proceso que está lleno de horrores y gruesas falencias, porque lo que es la plata, esa ya la perdió definitivamente el Departamento”, dice un contador que analizó el caso.
“No podemos permitir que se ponga en entredicho el control fiscal en el Valle y si hay responsables, deben aplicarse todas las acciones de tipo penal, fiscal y disciplinario a que haya lugar, respetando el debido proceso y aclarando los hechos”, precisó Ardila Barrera.
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entrada de René Orozco Echeverry @ 21:31
D I N E R O.
No entiendo las auditorías tardías de este país, ya que si ven que los procesos se están tardando, que nadie dice o hace nada, se debe de inmediato actuar por los entes superiores. En Colombia se espera que otros hagan el trabajo, para que los entes entren a trabajar y con resultados como los que vive el valle hoy en día.
LA JUSTICIA VA DETRÁS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LAS INVESTIGACIONES PARTICULARES.
Que paguen unos pocos esta bien, pero que me dicen los que hicieron la trama y los que le robaron al valle???? Pues en la calle, muertos de la risa y planeando el próximo golpe a estos INOPERANTES ENTES GUBERNAMENTALES.
¿Qué mas se puede esperar?
Y menos en manos de un niche, el Valle es el departamento mas corrupto de Chibchombia. Todos quieren aspirar a un cargo publico solo para robar!