Los 5 columnistas de la Semana

17 agosto 2013

Una ley con dedicatoria

Por Daniel CoronellVer más artículos de este autor

OPINIÓN Si el gobierno tiene tan claro que estos gigantes no han infringido las normas, ¿para qué necesitan una nueva ley que avale sus procedimientos?

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Foto: Jhon Calson

El gobierno quiere vestir de discusión sobre el modelo de desarrollo agrario lo que realmente es un debate sobre apropiación y acumulación ilegal de tierras baldías. Los beneficiarios del proyecto de ley no son muchos y los más notables tienen nombre propio: Riopaila-Castilla, Cargill, y La Fazenda. Las plantas de esta última crecen en las tierras que a sangre y fuego dominaba Víctor Carranza y que en un llamativo negocio terminó entregando al grupo Aliar para su explotación.

La discusión sobre el modelo de desarrollo agrario es válida, pero no es el asunto de fondo en este caso. Los borradores que se han conocido del proyecto de ley, las intervenciones de los funcionarios, las opiniones de los voceros de los implicados se concentran en dos temas: primero, validar ante la ley las acumulaciones de baldíos anteriores a 1994. Y segundo, legitimar las posteriores a 1994 si la limitación a su compra y acumulación no figuraba expresamente en el certificado de tradición de la propiedad.

El gobierno y los voceros de los beneficiarios aseguran –a partir de una discutible interpretación– que una sentencia de 2007 del Consejo de Estado dejó claro que los predios adjudicados antes de la ley de 1994 no están sometidos a ninguna de las limitaciones y prohibiciones de esa ley. Es decir que pueden negociarse en cualquier extensión. 

Sin embargo, el gobierno no parece estar seguro de esa hipótesis. Apenas en diciembre del año pasado le estaba preguntando a la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre el verdadero alcance de la ley de 1994. 

La respuesta de la Sala de Consulta no favorece la interpretación del gobierno. Tal vez por eso, el documento se ha difundido poco.

Específicamente el gobierno le preguntó al Consejo de Estado si eran nulas las escrituras para transferir antiguos baldíos si excedían el límite máximo establecido por la ley de 1994. La respuesta es: “Sí son nulas”. 

También preguntó el gobierno si la prohibición era aplicable a baldíos adjudicados antes de la vigencia de la ley de 1994. El Consejo de Estado respondió: “Sí, pues el Artículo 39 de la Ley 160 de 1994 establece una serie de limitaciones y condiciones para la enajenación de predios que fueron legalmente adjudicados durante la vigencia de la Ley 135 de 1961”.

Así mismo, con cierta clarividencia, como si hubiera visto venir el tema de ahora, el gobierno preguntó si se consideraba concentración de baldíos cuando los beneficiarios compraban con sociedades SAS y luego juntaban las tierras.

La Sala de Consulta contestó de manera contundente: “Sí, pues el inciso 9° del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina con claridad que para la aplicación de las prohibiciones previstas en dicho artículo, entre las que se incluye la concentración de UAF, se tendrán en cuenta las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, cualquiera sea la naturaleza de las mismas”.

Por último, cabe preguntarse, si el gobierno tiene tan claro que estos gigantes no han infringido las normas, ¿para qué necesitan una nueva ley que avale sus procedimientos?

ACLARACIÓN: Néstor Humberto Martínez, asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que él no ha redactado ni una coma del borrador de proyecto de ley sobre baldíos que elabora el gobierno y que fue objeto de la columna anterior ‘Tenedores y cuchillos’. Una fuente de información creíble sostiene lo contrario y precisa que el doctor Martínez entregó un documento al gobierno que sirvió de base para la elaboración de la parte sustancial del articulado.

Néstor Humberto me envió un documento Word que muestra que las partes atribuidas a él por la fuente y marcadas en verde –en una versión anterior– fueron elaboradas por el abogado Juan Andrés Ossa de la secretaría jurídica de la Presidencia y no por él. Eso no tiene discusión.

El doctor Ossa habló brevemente conmigo, reconoció haber considerado documentos “de los privados”, pero me dijo que no podía entregarme su versión sobre la elaboración del proyecto de ley sin la autorización de la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Cristina Pardo. La doctora Pardo no quiere hablar.

La metadata, es decir el rastro electrónico del documento, prueba que una parte fue procesada en computadores distintos a los del gobierno. Además registra cambios hechos por alguien que firma ‘María de Salvador’, que al cierre de esta columna no había sido identificado. 

 

 

El caso Manuelita

Por María Jimena DuzánVer más artículos de este autor

OPINIÓN El problema es que los grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a la norma sin que el estado los reprenda.

Foto: Guillermo Torres

Las tierras de los narcos y de los paramilitares no han sido incautadas por el Estado sino que están siendo compradas por grandes empresarios. De esa forma los narcos consiguen lavar su rastro sangriento y los grandes empresarios acaparan más tierras. 

Eso queda claro en la denuncia hecha la semana pasada por el representante a la Cámara por el Polo Wilson Arias, quien demostró que el grupo Manuelita, de propiedad de la familia Eder, compró en 2008 cerca de 18.000 hectáreas a dos personas cuyos vínculos con la mafia paramilitar de Casanare son innegables: Gelber Mauricio Oicata, testaferro del temible Cuchillo, quien según un informe de El Espectador aparece formando parte de la red de intermediarios que tenían Cuchillo y la organización del Loco Barrera quienes en ese momento controlaban el tráfico de drogas en el sur del país. 

El otro nefasto personaje es el exgobernador de Guaviare y miembro del Partido Conservador,  Óscar de Jesús López Cadavid, condenado por fundar grupos paramilitares y cuya cercanía con Cuchillo y  el Loco Barrera ha sido expuesta en varias ocasiones por los medios de comunicación.

 

Gelber Mauricio Oicata habría vendido él mismo o a través de una  sociedad de nombre Armo Ingenieria Ltda. a la empresa Manuelita cerca de 9.476 hectáreas y la intermediaria para esta venta habría sido una sociedad agropecuaria llamada La Gloria. 

La venta se habría realizado el 13 de junio de 2008, en momentos en que la Justicia colombiana y norteamericana buscaba a Cuchillo, quien para entonces ya tenía orden de extradición, 19 investigaciones penales en su contra y era considerado uno de los narcos más poderosos en Colombia, además de que ya había sido señalado de ser el autor de varias masacres en las versiones de justicia y paz. 

Siendo gobernador de Guaviare Jesús López Cadavid, le vendió en septiembre de 2008 a Aceites Manuelita S.A. tres predios que suman 2.400 hectareas (ver documento de la compra de la tierra). A los seis meses, López Cadavid fue capturado por la Fiscalía y acusado de conformar grupos paramilitares y en 2009 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de cárcel.

 

Podrán decir los dueños de Manuelita que estas compras de tierra se hicieron de buena fe y que en ese momento ni el señor gobernador del Guaviare tenía una orden de captura, ni se podía saber que el señor Gelber Mauricio Oicata fuera un testaferro del temible Cuchillo. 

Sin embargo, cualquier empresario que hubiera querido meterse en esa zona del Orocué en 2008 tenía que saber necesariamente que esa era una región dominada por el narcotráfico y por los paramilitares y que, por ende, no había un negocio que no pasara por sus manos, mucho menos el de la venta de sus tierras. 

Este caso se suma al de La Fazenda, investigado por el portal Verdad Abierta, que descubrió como este proyecto agroindustrial hoy tan exitoso se montó en una finca de propiedad de Carranza llamada El Brasil, en la que, según versiones dadas por desmovilizados, habría enterradas fosas comunes.  

Se está llegando el momento de que el gobierno Santos nos aclare en qué consiste el modelo agroindustrial de la altillanura que nos está proponiendo. Nos ha dicho que debe ser un modelo incluyente liderado por los grandes empresarios sin los cuales estos desarrollos agroindustriales no serían posibles. 

El problema es que estos grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que, por lo mismo, pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a la norma sin que el Estado los reprenda. Y más grave que lo anterior es que se les permita montar proyectos agroindustriales sobre tierras que eran de propiedad de narcotraficantes y de asesinos, como sucede en este nuevo caso denunciado por el representante Wilson Arias. 

Puede que la familia Eder, que también ha sido víctima de la violencia de este país, no tenga necesariamente que responder a estas denuncias, pero Alejandro Eder, que se desempeña como  alto consejero presidencial, sí lo tendría que hacer. No solo porque forma parte de la delegación del gobierno en la Mesa de La Habana sino porque es el responsable de la política de reinserción de los desmovilizados. 

 

Las frases de Santos que alientan la protesta

Por León ValenciaVer más artículos de este autor

OPINIÓN La gente se está levantando para buscar que sus promesas se hagan realidad. La gente ha visto una oportunidad y la está aprovechando.

Foto: Guillermo Torres

El Ministerio del Interior, el de Agricultura, el de Trabajo, el de Medio Ambiente, la Vicepresidencia de la República, el Departamento de Prosperidad Social y otras dependencias se han convertido en oficinas itinerantes. Van de un lado a otro del país tratando de conjurar paros y protestas.

 

Intentan atender los reclamos de los campesinos que se han tomado en serio la Ley de Restitución de Tierras y la ilusión de las zonas de reserva campesina; de los cafeteros, los paperos, los arroceros, los paneleros, que buscan subsidios para paliar la grave crisis que vive el campo colombiano; de los cultivadores de hoja de coca que claman por el cese de las fumigaciones; de los pequeños y medianos mineros que quieren amparo para su actividad.

De los indígenas que anhelan más autonomía, más respeto para sus comunidades y más inversión en sus territorios; de los transportadores que buscan mejores precios para los fletes; de los pobladores que quieren mejorar los servicios públicos; de los trabajadores de la salud y del Sena que exigen incrementos salariales. Ahora, este lunes 19, todos estos sectores, o buena parte de ellos, estarán juntos en una protesta nacional.

 

¿A qué se debe esta avalancha de acciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al gobierno de Santos? Ninguno de estos problemas es nuevo. Es más, ninguno de estos problemas se ha agravado en el gobierno de Santos. Todos vienen de atrás. Pero hay dos cosas realmente nuevas que agitan el ambiente. 

Una, el excepcional crecimiento económico de los últimos años –que ha hecho saltar a Colombia al tercer lugar en América Latina– se empieza a notar. La gente siente que hay dinero, que hay inversiones, que en el campo se mueve una gran riqueza proveniente de la explotación de los recursos naturales. La gente quiere participar de esta prosperidad; la gente cree en su derecho a una parte de la bonanza.  

Dos, Santos ha generado una ilusión reformista. Las frases que anuncian cambios no han sido pocas y el presidente, o sus funcionarios, las han dicho en momentos de solemnidad o de compromiso que les confieren un aire de realidad.  “Yo tengo la llave de la paz”, dijo en su posesión. “La revolución agraria es posible y la vamos a hacer desde la legalidad” señaló al recibir el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas. 

“Si ayudar a los más pobres es ser traidor a mi clase, entonces lo soy” ha repetido varias veces. “Haremos chillar a los más ricos” sentenció al presentar la reforma tributaria. “Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto! Habrá valido para mí la pena ser presidente” anunció al sancionar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

“Vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”  fue la promesa del ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry en el momento en que se discutía la Ley de Regalias.  “La protesta es legítima” “Los paros son legítmos” dicen los mensajes de la Presidencia de la República que pasan a diario en la televisión y en la radio. La gente se está levantando para buscar que estas promesas se hagan realidad. La gente ha visto una oportunidad y la está aprovechando.

Ha ocurrido muchas veces en el país, pero quiero recordar una de especial significación. Alfonso López Michelsen llegó a la Presidencia con un halo de rebeldía, con el palmarés de un disidente conseguido en la oposición al Frente Nacional, en el apoyo a la revolución cubana y en su crítica al bipartidismo. Nombró a María Elena de Crovo, una mujer contestataria, en el Ministerio del Trabajo y se rodeó de militantes de la izquierda liberal. 

El país nacional del que hablaba Gaitán pensó: ¡aquí está la oportunidad, esta será la transición del Frente Nacional hacia la reivindicación social y la apertura democrática! La gente se lanzó una y otra vez a la movilización y la protesta y llegó hasta el desengaño en el emblemático paro del 14 de septiembre de 1977. ¿Será que ahora ocurrirá lo del 77? ¿Será que Santos, en vez de concertar, en vez de apoyarse en la movilización, para vencer a quienes se oponen a la paz y a las reformas, confronta la presión popular y le falla al país? 

 

 

Simplemente neoliberales

Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor

OPINIÓN  Como a los arroceros del Huila, pronto les llegará su turno a los algodoneros, a los paperos, a los cafeteros, a los zapateros y a los músicos.

Foto: León Darío Peláez - semana

Para el 19 de agosto se anuncia un paro agrario contra el gobierno. Un paro sobrado de razones. Este gobierno –y todos los anteriores, desde la apertura “hacia el futuro”, este oscuro presente, que anunció César Gaviria: todos los gobiernos neoliberales que ha padecido Colombia– ha llevado el campo  a la ruina, agricultura y ganadería confundidas por igual.

 

Hace veinticinco años Colombia exportaba alimentos (y no solo café). Ahora los importa (incluyendo el café). ¿Qué queda hoy en el campo colombiano que todavía sea rentable? Solamente la coca, que por ser ilegal escapa al control del gobierno. El cual, en consecuencia, la persigue. (Por orden, no sobra decirlo, del gobierno de Estados Unidos).

Piden tres cosas los promotores del paro agrario reunidos en la MIA (Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo). Una curiosa organización de organizaciones que, curiosamente, no ha sido señalada todavía (cuando esto escribo) como un torpedo terrorista manipulado por las Farc. Tal vez lo sea. En todo caso, sus tres peticiones parecen dictadas por la más elemental sensatez: poner fin a las fumigaciones de los cultivos ilícitos, suspender la importación de alimentos de producción local, y revisar los tratados de libre comercio firmados en los últimos años por Colombia.

Lo de parar las fumigaciones es una necesidad evidente. De sobra se ha explicado que, además de ser desproporcionadamente costosas por la obligación de hacerlas con pilotos mercenarios contratados en los Estados Unidos y con venenos comprados allá, y no aquí, a la empresa Monsanto, son inútiles y dañinas.

Inútiles y dañinas porque no eliminan los cultivos ilícitos sino que los empujan selva adentro, provocando más deforestación en un país que es casi el primero del mundo en esa empresa destructora; y dañinas a secas porque no solo envenenan los cultivos prohibidos, sino también todo lo que crece en torno: los cultivos de pancoger, la gente, las aguas.

Lo de suspender la importación de alimentos es cosa que también se cae de su peso, porque los consumidores son los mismos productores: el panelero compra arroz, el arrocero compra panela. Y entra ahí el tercer punto, que es el de la renegociación o denuncia, por lesión enorme de los tratados eufemísticamente llamados de libre comercio, que son en realidad de amarrado sometimiento. 

Por ellos, la agricultura y la industria colombianas –y también la cultura, y por supuesto la minería, y la flora y la fauna– están obligadas a renunciar a las protecciones y defensas estatales que han amparado a todas las agriculturas e industrias de los países hoy desarrollados en las etapas de su desarrollo: los europeos, los de América del Norte, los asiáticos. Y así desnudas, por así decirlo, tienen que competir con ellos, ‘libremente’, al tiempo que ellos, por su parte, siguen cubiertos por su paraguas de proteccionismo.

Así, por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos le prohíbe a Colombia subsidiar sus productos agropecuarios, no solo para la exportación sino para el consumo interno; pero en los mismo días en que ese tratado entraba en vigor, el Congreso norteamericano decidía duplicar los subsidios gubernamentales otorgados a su propia agricultura, que pasaron de un golpe de 50.000 a 90.000 millones de dólares anuales. (Porque también sus recetas de libre comercio son solo para la exportación).

Vean en YouTube, por internet, un documental de Victoria Solano titulado 9.70, que ilustra las consecuencias de una sola resolución dictada por el ICA en aplicación de uno solo de los parágrafos del TLC. Una resolución por la cual, so pena de altas multas, confiscación y cárcel, se prohíbe a los arroceros del Huila sembrar sus propias semillas y se les obliga a comprar las “certificadas” por ese organismo oficial: es decir, “mejoradas” genéticamente y luego patentadas por las multinacionales norteamericanas Monsanto, Dupont o Syngenta. Hay otras semillas mejores, aunque no hayan sido “mejoradas”. Pero el TLC comprometió a Colombia a usar solo esas.

Como a los arroceros del Huila, pronto les llegará el turno a los algodoneros, a los paperos, a los cafeteros, a los lecheros, a los criadores de pollos y de cerdos. Y a los zapateros, y a los músicos.

¿Y a los gobernantes no? Sí, claro. Son ellos quienes han puesto a los demás en ese brete, imponiéndoles su propia sumisión. La cual es voluntaria. Debida “a la convicción, y no a la coacción”, para usar la frase de Ernesto Samper cuando arrancaba en persona matas de coca para que no le quitaran la visa.

No es que a Juan Manuel Santos, o a Gaviria, o a todos los presidentes intermedios y sus ministros de Hacienda y de Comercio (Santos ha sido las dos cosas) los hayan sometido por la fuerza o por el chantaje, y ni siquiera que los hayan sobornado de manera directa. Tampoco les han lavado el cerebro con burundanga–perdón: con escopolamina patentada por un laboratorio farmacéutico a partir del borrachero que crecía silvestre en la sabana de Bogotá. Simplemente les han hecho probar la ideología neoliberal. Y hoy son adictos.

Exclusivo: Las razones reales por las que el embajador Mckinley se va del país

Por Daniel Samper OspinaVer más artículos de este autor

OPINIÓN Todo tiene un límite: Me viene creciendo una extraña prolongación del cóccix.

Foto: Guillermo Torres

Mientras el Secretario de Estados Unidos, John Kerry, jugaba voleibol con unos soldados heridos en combate, la Unidad Investigativa de esta columna extrajo de su maletín un documento explosivo: la carta, escrita hace un mes, con la que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, rogó que lo trasladaran de país. La revelamos en exclusiva.

Apreciado Mr. Kerry,

Desde que me fue asignada la labor de adelantar una minuciosa red de espionaje en Colombia, el tercer país en importancia para nuestros intereses en América Latina, he tenido que soportar asuntos que ni siquiera padecí en Bolivia, aquel desierto andino en que conocí a Fátima, mi mujer. Si ruego a usted que me trasladen de misión, lo hago a sabiendas de que ella misma será la primera damnificada.

Porque no en vano fue acá donde Fátima consiguió triunfos diplomáticos tan importantes como catapultar a la fama social a la intrépida Vicky Turbay; amistarse con la pequeña Gloria Luz Ramírez, minimecenas de la literatura colombiana; volverse íntima de Patricia Tascón, la esposa de Munir, con todo y hermano, y poner de moda las fiestas con masajista en Anapoima. Pero, mi estimado doctor, llegó la hora de partir. Y no veo el momento  de despedirme del país con unas sentidas coplas, de las cuales ya tengo la primera: ‘Voy a extrañar a Colombia/ país del que fui cowboy/ gustarme mucho su fauna/ como por ejemplo Roy’.

A Fátima le dolerá mi traslado, y más ahora, cuando había logrado que Vivi Barguil de Sarmiento asistiera a sus convocatorias y estrenaba vestidos de manga sisa para congraciarse con Rosa María Escallón. Pero, apreciado secretario, no aguanto más. Espiar a la clase dirigente colombiana exige una paciencia de la que carezco. Trabajé con ahínco. Hice lo que pude. Incluso dejé montada la plataforma de espionaje de la Policía colombiana, que, al igual que José Luis Rodríguez, graba bastante bien y se conoce como Puma. 

Sé que no suena bien, Mr. Kerry, pero en este país no se destacan por poner buenos nombres. Usted mismo recuerda el caso de Daniel Barrera, quien, para confundir a las autoridades, se rebautizó como Lucumí Popó: ahora el señor Popó purga su pena en Estados Unidos, a donde lo enviamos como por entre un tubo. Y hace poco la Policía de Medellín bautizó al Plan Integral de Seguridad por su sigla: el PIS. A los agentes les da risa nerviosa cuando les preguntan a qué comando pertenecen.

¡Alto, es el PIS!

Allá está el baño, agente.

Me refiero a que somos nosotros: agentes del Plan Integral de Seguridad. El PIS. Buscamos a Lucumí Popó. 

En un país serio, el PIS atendería, como mucho, casos de personas picadas por aguamalas. Pero acá persigue a las bandas criminales más peligrosas del mundo. Lo peor es que, en este momento, dos tenientes debaten siglas del nuevo Plan Especial de Diseño Organizativo. 

En un sótano de la zona del CAN – The Dog Zone, en los archivos– dejo montado el centro de espionaje donde trabajan los detectives americanos. Hice lo posible para mantenerlos con la moral en alto: inventé la Medalla a la Paciencia para el funcionario que espió a Marta Lucía Ramírez; compensé con vacaciones al que desgrabó los audios de Navarro Wolff; convencí de la importancia de su labor a los espías que acumularon siete rollos de conversaciones entre Mockus y la mamá. Y les di ánimo a todos cuando se enteraron de que ellos, a su vez, habían sido espiados todo este tiempo por María del Pilar Hurtado.

Sin embargo, nuestros informes señalan que el próximo presidente del Congreso será el senador Juan Fernando Cristo, y tenemos una grabación en la cual descubre sus objetivos: “Guemplazag a Goy es beggaco, pego me  tomagué el podeg, eggadicaguemos la letra egue e instagaguemos el gobiegno de la G”. Y si de eso se trata, prefiero espiar en Francia.

Hago, pues, la solicitud formal. A este país le debo mucho, no lo niego. Aprendí todas las tradiciones de su gente: gorrear colonia en los grandes almacenes, tomar onces con las muestras gratuitas de Carulla y reponer los consumos del minibar. Incluso desayuné lechona con el vicepresidente –un curioso cerdo cocinado con una manzana en la boca: hablo de la lechona–, y le oí decir, como si fuera normal, que se lanzará a la Alcaldía de Bogotá o a la de Cali: la que caiga primero. 

Pero todo tiene un límite, Secretary, y además me viene creciendo una extraña prolongación del cóccix similar a la que tiene el senador Barreras (ver en el fólder Alligator Tail). 

Ya organizaremos, en el destino que nos asigne, divertidas rumbas inspiradas en los años sesenta, como lo hacíamos acá (en la última los invitados podían llevarse a un sindicalista a la salida, lo cual causó sensación). 

Por lo pronto, ruego que nos reubique cuanto antes, así sea en Afganistán: le dará durísimo a Fátima, que soñaba con casar a nuestra hija mayor con alguno de los hermanos Cardonashan. Pero ya no doy más en este platanal. Prefiero los cocteles molotov a los de doña Elsa Pardo de Koppel. Y en Afganistán no hay mar, lo cual garantiza que no se hará presente el comando del PIS.

 

 René Orozco Echeverry/Editor/Redactor/elciberecovirtual.blogspot.com