El gran embrollo jurídico del caso Petro
El gran embrollo jurídico del caso Petro
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO |
De esas proporciones es el maremágnum jurídico que rodea la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su destitución por la Procuraduría –sanción que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 ha afectado a 1.789 funcionarios y servidores públicos de elección popular– ha generado un contrapunteo jurídico y político sin precedentes, que podría enredarse aún más si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dicta, por primera vez en su historia, medidas cautelares no para salvaguardar la vida y la integridad de una persona, sino sus derechos políticos. El viernes, la Comisión volvió a pedir a Colombia información sobre el caso.
Esa interinidad no solo afecta el futuro de Bogotá sino que pone en entredicho la seguridad jurídica del país: la certeza de que las reglas de juego se cumplen y de que procesos jurídicos y administrativos terminan en algún momento.
Petro no es, ni mucho menos, el primer sancionado que pretende tumbar el proceso en su contra echando mano del amplio arsenal jurídico que para esos fines existe en la legislación colombiana. El coronel Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue destituido en 2003 por ‘chuzar’ a una ONG de derechos humanos y sin embargo logró, con tutelas y demandas, embolatar su salida de la Policía y ascender a general. Fue retirado del servicio en 2009 y hoy paga una pena de 13 años en Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico y otros crímenes de grupos paramilitares.
El caso del Alcalde, sin embargo, tiene ribetes inéditos. La incertidumbre sobre su suerte tiene en el tintero la realización de la revocatoria de su mandato, que está programada para el 2 de marzo y que le costaría al país 38.000 millones de pesos. Si la destitución queda en firme antes, la revocatoria se cancela. Si se llega a realizar y las urnas favorecen a Petro, pero la destitución finalmente queda en firme, el Alcalde de todas maneras se tendrá que ir. Y si su eventual salida ocurre después del 30 de junio, el Presidente tendría que escoger a un alcalde de una terna enviada por el partido de Petro.
Para frenar la destitución se han entablado desde diciembre pasado más de 800 tutelas que, aunque fueron interpuestas por personas diferentes, fueron casi todas copiadas de un mismo modelo, en cumplimiento de un plan que se cocinó el 9 de diciembre –día del fallo de primera instancia en Procuraduría– bajo una de las carpas levantadas en la plaza de Bolívar por partidarios del Alcalde.
Quien redactó la tutela fue Carlos García, un abogado de la Universidad Nueva Granada. El 10 de diciembre, con megáfonos, desde la plaza de Bolívar empezaron a convocar a los ciudadanos que ante la justicia aparecen hoy como “agentes oficiosos de los derechos fundamentales” del Alcalde. La tutela prefabricada también fue ‘subida’ a redes sociales y páginas web para su reproducción.
La primera avalancha llegó a los juzgados de la carrera décima con 11, en pleno centro de Bogotá, el miércoles 11 de diciembre. Todas, presentadas, según los que las pusieron, “por convicción propia”. Dos días después vino una segunda oleada, con algunas modificaciones en los argumentos pero siempre invocando el “amparo de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido”.
Un tercer frente de la ‘tutelatón’ fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de diciembre del 2013 se radicaron 31 de las 36 acciones de amparo que tienen los ojos de todo el país sobre sus magistrados.
Dos de las tutelas que están en el Tribunal se movieron esta semana. La que le llegó al despacho de José María Armenta dio pie a la suspensión, por 10 días, de la destitución, entre tanto el magistrado y dos de sus colegas deciden si a Petro se le violaron derechos fundamentales.
Esos 10 días se cumplen el jueves, pero ya el viernes pasado tres magistrados del mismo Tribunal negaron, por improcedente, otro recurso, que pretendía frenar la destitución: el que entabló el exmagistrado Julio César Ortiz, cabeza del equipo jurídico que defiende al Alcalde. (Vea aquí el documento donde se ordena la suspensión de la tutela)
La sanción, sin embargo, está lejos de quedar en firme. La tutela que fue negada en decisión de fondo no afecta la suspensión provisional ordenada por Armenta y no sienta precedente en el debate entre quienes sostienen que a Petro le violaron derechos fundamentales y los que contrapuntean que fue juzgado disciplinariamente con reglas de juego preexistentes y con todas las garantías previstas por la legislación colombiana.
La discusión final solo la zanjará, en un trámite que podría tardarse meses, la Corte Constitucional. A finales del año pasado, ese tribunal ya había hecho un pronunciamiento clave frente al tema: al ratificar la destitución de Piedad Córdoba, dejó a salvo las facultades disciplinarias del Procurador sobre los funcionarios elegidos. (Lea también: Nueva tutela a favor de Petro pide el testimonio de Emilio Tapia).
En medio de esa incertidumbre, juega la teoría del Procurador, que asegura que los términos para la notificación del fallo de segunda instancia, que confirmó la destitución e inhabilidad por 15 años, siguen corriendo. Ordóñez sostiene que la orden del magistrado Armenta no suspendió el proceso de notificación, porque se refiere a decisiones ejecutoriadas.
Eduardo Cifuentes, expresidente de la Corte, dice que si bien se asiste a un episodio extremo de ‘tutelitis’ con fines estratégicos, “no se puede poner en tela de juicio un instrumento legítimo como la tutela”.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostiene por el contrario que casos como este “demuestran que en el país hay un abuso de este mecanismo” y que es urgente establecer normas para regularla. “Tenemos muchas instancias que intervienen en los mismos procesos, duplicidad de funciones, y todo eso crea gran inseguridad jurídica”, dice Borrero. Agrega que temas como la tutela, las funciones de los organismos de control y las instancias de cierre de procesos son algunos de los puntos que deben discutirse en el marco de una nueva reforma de la justicia.
El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta considera que detrás de la ‘tutelatón’ “hay una estrategia clara para enredar y evitar la aplicación de la decisión”, pero sostiene que al final se impondrá la tesis de que la Procuraduría sí puede investigar y sancionar a los funcionarios públicos, incluyendo a los de elección popular.
Cifuentes señala en el mismo sentido que el debate real no es si el Procurador tenía o no facultades, sino si Ordóñez se excedió o no en su decisión contra Petro: “El contencioso administrativo debe resolver si el Procurador actuó adecuadamente en el uso de las funciones que la Constitución y la ley le dieron”.
La tutela que se falló el viernes contra Petro dice precisamente que el recurso no procedía porque existen otros mecanismos, las demandas administrativas, para atacar la destitución.
El hecho es que con su demanda ante la Comisión Interamericana de Justicia, Petro puso al país a hablar de un tema que poco había figurado en la agenda nacional: la eventual necesidad de reformar el sistema de control sobre los funcionarios y servidores de elección popular. Si bien la creación de la doble instancia en la Procuraduría si había estado en el tintero de las fallidas reformas judiciales, la tesis de que los elegidos estén por fuera del control disciplinario y del que ejerce la Contraloría suena exótica, más en un país donde la corrupción y la demora de la justicia van de la mano.
El Artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, establece que los derechos políticos solo pueden ser afectados por una condena judicial. Ese fue uno de los argumentos citados por el magistrado Armenta.
Pero aceptar esa tesis no solo implicaría ir en contra de todo el andamiaje jurídico colombiano, sino que abriría la puerta para miles de demandas. Uno de los que podrían terminar favorecidos sería Samuel Moreno, quien fue suspendido de la Alcaldía por el mismo Ordóñez por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, que precisamente Gustavo Petro fue uno de los primeros en denunciar.
El magistrado José María Armenta, que el pasado 13 de enero suspendió por 10 días el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, terminó la semana denunciando supuestas amenazas de muerte y pidiendo protección para él y su familia.
Armenta, con más de 20 años de servicio en la rama judicial y quien tiene plazo hasta el próximo miércoles para resolver de fondo la tutela que definiría la suerte del alcalde Petro, manifestó a sus compañeros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que su esposa ha sido víctima de ataques verbales tras su decisión de conceder medidas cautelares en favor. La esposa del magistrado, Cecilia Carderón, es alta funcionaria de la Empresa de Acueducto de Bogotá y ahora Armenta enfrenta una investigación disciplinaria por un posible impedimento para conocer la tutela en favor del Alcalde, a quien le responde la Empresa de Acueducto. (Lea también: Judicatura evaluará si indaga a magistrado que frenó sanción a Petro).
“Mi esposa tiene derecho legítimo a trabajar (…) Ella no ha sido postulada, ni nominada y no conoce al alcalde Petro”, dijo Armenta en su defensa.
En alcalde Petro criticó los cuestionamientos y señaló en su cuenta de Twitter: “¿Cuántos familiares de magistrados de la justicia colombiana trabajan en el Gobierno Nacional? Nunca había preguntado eso, pero como se trata de un juez que defiende el voto popular, tenían que masacrarlo”.
Tribunal de La Guajira, fue suspendido en el 2004 por no declararse impedido para conocer una tutela sobre la que ya había fallado y logró su reintegro en el 2007. Ahora enfrenta nuevas denuncias penales y disciplinarias.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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CERRAR PAUTA
El jueves se cumplen los días 10 de suspensión del fallo contra Petro.
Foto: Archivo particular Destitución del Alcalde de Bogotá ha desatado un mayúsculo debate. Alud de tutelas.
¿Los elegidos por voto popular están blindados del control fiscal y disciplinario por el hecho de que su mandato proviene del pueblo? ¿Tiene el Procurador General superpoderes en Colombia? ¿Inundar el sistema judicial de tutelas es un recurso válido para enfrentar sanciones impuestas por organismos de control? (Lea también: El caso Petro enfrenta a decanos de los Andes y del Externado).De esas proporciones es el maremágnum jurídico que rodea la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su destitución por la Procuraduría –sanción que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 ha afectado a 1.789 funcionarios y servidores públicos de elección popular– ha generado un contrapunteo jurídico y político sin precedentes, que podría enredarse aún más si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dicta, por primera vez en su historia, medidas cautelares no para salvaguardar la vida y la integridad de una persona, sino sus derechos políticos. El viernes, la Comisión volvió a pedir a Colombia información sobre el caso.
Esa interinidad no solo afecta el futuro de Bogotá sino que pone en entredicho la seguridad jurídica del país: la certeza de que las reglas de juego se cumplen y de que procesos jurídicos y administrativos terminan en algún momento.
Petro no es, ni mucho menos, el primer sancionado que pretende tumbar el proceso en su contra echando mano del amplio arsenal jurídico que para esos fines existe en la legislación colombiana. El coronel Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue destituido en 2003 por ‘chuzar’ a una ONG de derechos humanos y sin embargo logró, con tutelas y demandas, embolatar su salida de la Policía y ascender a general. Fue retirado del servicio en 2009 y hoy paga una pena de 13 años en Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico y otros crímenes de grupos paramilitares.
El caso del Alcalde, sin embargo, tiene ribetes inéditos. La incertidumbre sobre su suerte tiene en el tintero la realización de la revocatoria de su mandato, que está programada para el 2 de marzo y que le costaría al país 38.000 millones de pesos. Si la destitución queda en firme antes, la revocatoria se cancela. Si se llega a realizar y las urnas favorecen a Petro, pero la destitución finalmente queda en firme, el Alcalde de todas maneras se tendrá que ir. Y si su eventual salida ocurre después del 30 de junio, el Presidente tendría que escoger a un alcalde de una terna enviada por el partido de Petro.
La ‘tutelatón’
Quien redactó la tutela fue Carlos García, un abogado de la Universidad Nueva Granada. El 10 de diciembre, con megáfonos, desde la plaza de Bolívar empezaron a convocar a los ciudadanos que ante la justicia aparecen hoy como “agentes oficiosos de los derechos fundamentales” del Alcalde. La tutela prefabricada también fue ‘subida’ a redes sociales y páginas web para su reproducción.
La primera avalancha llegó a los juzgados de la carrera décima con 11, en pleno centro de Bogotá, el miércoles 11 de diciembre. Todas, presentadas, según los que las pusieron, “por convicción propia”. Dos días después vino una segunda oleada, con algunas modificaciones en los argumentos pero siempre invocando el “amparo de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido”.
Un tercer frente de la ‘tutelatón’ fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de diciembre del 2013 se radicaron 31 de las 36 acciones de amparo que tienen los ojos de todo el país sobre sus magistrados.
Dos de las tutelas que están en el Tribunal se movieron esta semana. La que le llegó al despacho de José María Armenta dio pie a la suspensión, por 10 días, de la destitución, entre tanto el magistrado y dos de sus colegas deciden si a Petro se le violaron derechos fundamentales.
Esos 10 días se cumplen el jueves, pero ya el viernes pasado tres magistrados del mismo Tribunal negaron, por improcedente, otro recurso, que pretendía frenar la destitución: el que entabló el exmagistrado Julio César Ortiz, cabeza del equipo jurídico que defiende al Alcalde. (Vea aquí el documento donde se ordena la suspensión de la tutela)
La sanción, sin embargo, está lejos de quedar en firme. La tutela que fue negada en decisión de fondo no afecta la suspensión provisional ordenada por Armenta y no sienta precedente en el debate entre quienes sostienen que a Petro le violaron derechos fundamentales y los que contrapuntean que fue juzgado disciplinariamente con reglas de juego preexistentes y con todas las garantías previstas por la legislación colombiana.
La discusión final solo la zanjará, en un trámite que podría tardarse meses, la Corte Constitucional. A finales del año pasado, ese tribunal ya había hecho un pronunciamiento clave frente al tema: al ratificar la destitución de Piedad Córdoba, dejó a salvo las facultades disciplinarias del Procurador sobre los funcionarios elegidos. (Lea también: Nueva tutela a favor de Petro pide el testimonio de Emilio Tapia).
En medio de esa incertidumbre, juega la teoría del Procurador, que asegura que los términos para la notificación del fallo de segunda instancia, que confirmó la destitución e inhabilidad por 15 años, siguen corriendo. Ordóñez sostiene que la orden del magistrado Armenta no suspendió el proceso de notificación, porque se refiere a decisiones ejecutoriadas.
Eduardo Cifuentes, expresidente de la Corte, dice que si bien se asiste a un episodio extremo de ‘tutelitis’ con fines estratégicos, “no se puede poner en tela de juicio un instrumento legítimo como la tutela”.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostiene por el contrario que casos como este “demuestran que en el país hay un abuso de este mecanismo” y que es urgente establecer normas para regularla. “Tenemos muchas instancias que intervienen en los mismos procesos, duplicidad de funciones, y todo eso crea gran inseguridad jurídica”, dice Borrero. Agrega que temas como la tutela, las funciones de los organismos de control y las instancias de cierre de procesos son algunos de los puntos que deben discutirse en el marco de una nueva reforma de la justicia.
El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta considera que detrás de la ‘tutelatón’ “hay una estrategia clara para enredar y evitar la aplicación de la decisión”, pero sostiene que al final se impondrá la tesis de que la Procuraduría sí puede investigar y sancionar a los funcionarios públicos, incluyendo a los de elección popular.
Cifuentes señala en el mismo sentido que el debate real no es si el Procurador tenía o no facultades, sino si Ordóñez se excedió o no en su decisión contra Petro: “El contencioso administrativo debe resolver si el Procurador actuó adecuadamente en el uso de las funciones que la Constitución y la ley le dieron”.
La tutela que se falló el viernes contra Petro dice precisamente que el recurso no procedía porque existen otros mecanismos, las demandas administrativas, para atacar la destitución.
El hecho es que con su demanda ante la Comisión Interamericana de Justicia, Petro puso al país a hablar de un tema que poco había figurado en la agenda nacional: la eventual necesidad de reformar el sistema de control sobre los funcionarios y servidores de elección popular. Si bien la creación de la doble instancia en la Procuraduría si había estado en el tintero de las fallidas reformas judiciales, la tesis de que los elegidos estén por fuera del control disciplinario y del que ejerce la Contraloría suena exótica, más en un país donde la corrupción y la demora de la justicia van de la mano.
El Artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, establece que los derechos políticos solo pueden ser afectados por una condena judicial. Ese fue uno de los argumentos citados por el magistrado Armenta.
Pero aceptar esa tesis no solo implicaría ir en contra de todo el andamiaje jurídico colombiano, sino que abriría la puerta para miles de demandas. Uno de los que podrían terminar favorecidos sería Samuel Moreno, quien fue suspendido de la Alcaldía por el mismo Ordóñez por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, que precisamente Gustavo Petro fue uno de los primeros en denunciar.
Armenta, magistrado de polémicas decisiones
Armenta, con más de 20 años de servicio en la rama judicial y quien tiene plazo hasta el próximo miércoles para resolver de fondo la tutela que definiría la suerte del alcalde Petro, manifestó a sus compañeros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que su esposa ha sido víctima de ataques verbales tras su decisión de conceder medidas cautelares en favor. La esposa del magistrado, Cecilia Carderón, es alta funcionaria de la Empresa de Acueducto de Bogotá y ahora Armenta enfrenta una investigación disciplinaria por un posible impedimento para conocer la tutela en favor del Alcalde, a quien le responde la Empresa de Acueducto. (Lea también: Judicatura evaluará si indaga a magistrado que frenó sanción a Petro).
“Mi esposa tiene derecho legítimo a trabajar (…) Ella no ha sido postulada, ni nominada y no conoce al alcalde Petro”, dijo Armenta en su defensa.
En alcalde Petro criticó los cuestionamientos y señaló en su cuenta de Twitter: “¿Cuántos familiares de magistrados de la justicia colombiana trabajan en el Gobierno Nacional? Nunca había preguntado eso, pero como se trata de un juez que defiende el voto popular, tenían que masacrarlo”.
Tribunal de La Guajira, fue suspendido en el 2004 por no declararse impedido para conocer una tutela sobre la que ya había fallado y logró su reintegro en el 2007. Ahora enfrenta nuevas denuncias penales y disciplinarias.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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Girardot59 Hace 10 horas
Por ultimo,el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover no el bienestar de específicos grupos, sino el general. Difiere el liberalismo del socialismo que igualmente proclama el deseo de beneficiar a todos no en el objetivo perseguido, sino en los medios empleados. Ciudadano Colombiano, no vote en blanco vote por usted mismo, con esto demostraremos nuestro repudio a todos estos políticos corruptos que nos encontramos en desacuerdo con sus políticas sociales y sentar un precedente que se sienta como desacuerdo total a sus políticas de discriminación social.
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estepao Hace 11 horas
UNO:Pregúntele a tanto empleado que han dejado en la calle de la noche a la mañana como les ha ido con los Jueces Colombianos. Pregúntele a los despedidos de la entidad que estaba a cargo de la salud, Seguro Social (hoy nueva eps y varias de garaje), del Banco bch (desaparecido), del Banco Caja Agraria (hoy Banco Agrario), Banco Cafetero (hoy davivienda), la que manejaba los correos Adpostal (hoy 472), manejaba las comunicaciones Telecom (hoy une, claro, movistar). Estas empresas les cambiaron el nombre para dejar los empleados en la calle. Que la liquidación de esas empresas fue ilegal claramente, traicionados por los dirigentes sindicales que fueron los únicos beneficiados y no llevaron los casos a las Corte Internacionales.
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estepao Hace 11 horas
DOS:Pero es que se podría esperar por ejemplo de una Corte Suprema de Justicia si uno de sus miembros como lo fue jaime arribla pacuar paso de ser Asesor Jurídico de Pastrana a Magistrado, paso de violar la Ley como funcionario de pastrana a una Corte Suprema de Justicia Juez de ultima instancia, nada prospero.
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Girardot59 Hace 11 horas
Debemos, pues, por la misma razón, organizar la sociedad de acuerdo con aquellas normas que, en mayor medida, permiten alcanzar los fines que el hombre apetece. No son, en verdad, tan elevados, grandiosos o benéficos el estado y el orden legal, el gobierno y la administración pública, como para atemorizarnos y hacernos, renunciar a someter tales instituciones a la prueba de la racionalidad. Los problemas que la política social suscitan son simples cuestiones tecnológicas; hay que abordarlos por idénticas vías y con los mismos métodos utilizados para resolver todos los demás asuntos científicos, a saber, mediante racional reflexión y oportuna observación de las circunstancias concurrentes.
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McKenan Domingo 19 de enero de 2014 11:23 a.m.
Este embrollo que han armado los amigo de Petro lo mismo que los opinadores en los medios, lo unico que nos ha probado es que esta sigue siendo una sociedad subdsarrollada en la que el acatamiento de la ley depende de si satisface el interes de un determinado individuo. 1,789 funcionarios electos han sido destituidos por la Procuraduria y Petro es el priemro que se ha resistido a cumplir el proceso de ley. Lo del alcalde de Bogota es un proceso de rechazo a la ley porque el como todos los de su credo politico esperan que por haber sido terroristas indultados las normas legales no se les aplican. Pero si creen que esto es mucho esperen a que los terroristas que estan en Habana negociando su entrada al Congreso tengan la sarten por el mango. Ustedes aun no han visto nada, esperen por lo que viene.
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Girardot59 Domingo 19 de enero de 2014 11:14 a.m.
Otro laberinto son los colores políticos de cada individuo que opina en este medio, Me tomo la molestia para recordar que la historia de siglos de nuestra existencia se basa en rebeliones, masacres solo con el animo de poder, done se encuentra el conocimiento a la interpretación libertad, ya que supuesta-mente nos han infundido es terror, hasta por el creador de todas las cosas, Mi creencia esta en el liberalismo del ser humano de acuerdo al conocimiento individual ya que al recurrir al misticismo aquí como en todas las demás cuestiones prácticas, constituye grave error.
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Alforincon Domingo 19 de enero de 2014 10:59 a.m.
Aqui no hay ningun embrollo juridico, lo que se ve claro a la luz de la justicia es una obstruccion a la misma generada miles de acciones tutelares que deben ser evaluadas a la luz de la constitucion como preservante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no como mecanismos obstructores de la justicia utilizado por los delincuentes. Pues no tiene sentido que frente a la revocatoria el alcalde Petro presento mas de 700 tutelas para frenar la pronunciacion del pueblo frente a su nefasta administracion y ahora urge a que se lleve a cabo la votacion. Para completar hoy van mas de 800 tutelas al pronunciamiento de la procuraduria lo cual evidencia el mal uso de esta herramienta con un total de 1500 tutelas todas como elementos obstructores de la justicia.
McKenan Hace 11 horas
En un sistema legal que se respete todas esas tutelas se juntarian en una sola y puesto que todas piden lo mismo con fallar una bastaría. Pero pienso que los abogados de Petro y los jueces y magistrados amigos del alcalde tomaran el camino de examinar tutela por tutela. Estamos en Colombia, aunque aun no han visto nada, esperen por lo que se cocina en la estufa de La habana.
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Girardot59 Domingo 19 de enero de 2014 10:52 a.m.
Por favor ciudadano Colombiano, por primera vez piensen antes de opinar piensen que usted es el acusado, que de acuerdo a sus proyectos se al que fuere, lo están acusado de Torpe e Inepto. Les pongo el ejemplo de la los abogados que redactaron una tesis de graduación y lograron tumbar al fiscal general, muchos de sus compañeros les dijeron es imposible hacer esto. Bueno, ustedes han visto el resultado, ahora el recibió opiniones de asesores pero deicidio actuar de acuerdo a su plan, Yo les recuerdo esto, todo Científico toma este camino de actuar sabiendo que se puede equivocar y todos podemos darnos cuenta que descubrimientos han hecho. El problema de esto es que reto a personas que todos conocen que tenia el monopolio
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josantana Domingo 19 de enero de 2014 10:13 a.m.
El procurado, cree en JesuCristo, el alcalde, aparentemente no cree en Dios, porque él se cree el Dios. ¿quien ganará y en que forma?. Averígüenlo, si es que las tutelas sirven de algo o si los abogados, tienen más poder que Dios.
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Girardot59 Domingo 19 de enero de 2014 09:56 a.m.
Basta compatriotas de tanta estupidez de pensamientos de niños ingenuos, todos somos los responsables de esta vergüenza internacional, queda demostrado que nuestras leyes están mal redactadas, que cada defensor de estas dan una interpretación de acuerdo a su pensamiento a la lectura observada, esto quiere decir no hoy acuerdo de esas ideas que estas quiere dar luz en el camino, son solo opiniones personales nada mas y argumentos de uno y otro. Observo que falta dar un orden jurídico de redacción e interpretativo todas este problema ya que una letra,coma,palabra o párrafo leda un cambio total.
McKenan Hace 11 horas
El problema no es la redaccion de la ley; el verdadero problema es la corrupcion de un alto numero de los miembros de las cortes. Mire lo que sucede con el magistardo que cuando ejercia de abogado se quedo con el dinero de una clienta, el otro magistrado "chuzado" a quien grabaron mientras pedia millones para pasar un caso de justicia ordinaria a justicia militar; el magistrado en la csj que recibio regalos de Girogio Sale un narco convicto y condenado; otro magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que tambien recibio regalos del mencionado Sale o los magistrados de la csj que salieron en vuelta a Colombia en una cadena de homenajes pagados por particulares cuyos negocios no son claros. Ese es el verdadero problema!
entrada de René Orozco Echeverry @ 23:32
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