Tutela frenaría el inicio del juicio de Laura y Jessy
31 marzo 2014
Tutela frenaría el inicio del juicio de Laura y Jessy
CASO COLMENARES . Sus defensores piden que se solucione una denuncia contra la juez del proceso antes de seguir.
Laura Moreno y Jessy Quintero.
Foto: Archivo SEMANA
El proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares no sale de un tropiezo para entrar en otro. Este lunes, a un día de iniciar el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, la defensa de las jóvenes interpuso una tutela contra el despacho que lleva el proceso. En esta se pide que se amparen los derechos al debido proceso y a tener un juez independiente e imparcial.
¿De qué se trata esto? Según los abogados defensores, Jaime Granados, Pedro Aguilar, Jesús Albeiro Yepes y Silvio San Martín Quiñones, es necesario resolver una denuncia en contra de la juez 11 Penal del Circuito de Conocimiento, Paula Astrid Jiménez, antes de dar inicio a la etapa definitiva del proceso.
La funcionaria judicial es la misma que ordenó el arresto por 48 horas del abogado Jaime Granados, defensor de Laura Moreno. También lo hizo contra Jaime Lombana, defensor de las víctimas en el sonado caso Colmenares.
Ahora, y como si el proceso no tuviera complicaciones, la jueza fue denunciada por el jurista Granados y los colegas que lo acompañan. Ellos acusaron a la jueza Jiménez de incurrir en los delitos de privación injusta de la libertad, prevaricato por omisión y por acción.
Para los defensores de Moreno y Quintero la situación es muy grave ya que el fiscal general, Eduardo Montealegre, designó a la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elka Vanegas, para que haga la indagación. Vanegas es una funcionaria subordinada de la fiscal que lleva el proceso en contra de las jóvenes, es decir, la cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia y jefa de la Unidad, Martha Lucía Zamora.
Para los juristas no cabe duda de que esto constituye un acto que genera presiones sobre la jueza que decidirá el futuro de Quintero y de Moreno.
Por lo anterior, en la tutela los defensores piden frenar el juicio oral hasta el momento en el que se defina la suerte de la jueza o se reasigne la investigación a un fiscal que no tenga relación con el caso. La idea es que a la hora de tomar determinaciones se anule la presión que podría tener la togada.
“En esta acción de tutela se demostrará que más allá de toda duda, el juzgado 11 penal del circuito, presidido por la doctora Paula Astrid Jiménez Monroy, se encuentra incurso en circunstancias que atentan contra la imparcialidad objetiva, en atención a que es víctima de presiones externas provenientes de una de las partes y de la representación de víctimas”, señala el documento interpuesto ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Los hechos que enredan el juicio
Los abogados recordaron en la tutela que fue la misma jueza 11 la que el 6 de marzo pasado impuso la acción correccional contra Lombana luego de una queja de Granados. Esto por entregar declaraciones ante medios de comunicación en las que se trató temas relacionados con el proceso, cuando está prohibido por el despacho.
El 18 del mismo mes Lombana denunció a la juez y también para la fecha el abogado solicitó ante a la misma funcionaria medidas correccionales contra Jaime Granados, la razón: había violado lo ordenado por el despacho en torno a no dar declaraciones a la prensa del sonado caso Colmenares.
Un día después, Montealegre, como jefe del ente investigador, asignó a la Fiscalía Octava delegada ante la Corte la indagación en contra de la juez, quien como ya se mencionó tiene como jefe a Martha Lucía Zamora.
El 25 de marzo, luego de estudiar la queja de Lombana, la juez ordenó el arresto por 48 horas de Granados. Hasta ahí la situación se creía que no pasaría de ser una medida correccional en contra de los dos abogados. Sin embargo, para los defensores los hechos constituyen una falta de garantías para sus representadas.
Además, en la tutela se criticó que la investigación de la jueza se asignara en tan solo 24 horas, cuando ellos han hechos trámites en el proceso Colmenares que han tardado hasta dos semanas.
En resumidas cuentas, para los abogados defensores, Jiménez no puede ser juez del proceso y ser investigada por una fiscal subordinada de Martha Lucía Zamora, quien es la parte acusadora en la indagación que se adelanta contra las dos jóvenes. A Laura Moreno se le busca establecer un presunto homicidio en coautoría impropia y a Jessy Quintero falso testimonio y encubrimiento.
Este martes al instalar la audiencia, lo que seguramente ocurrirá es que la juez suspenda la diligencia hasta que el Tribunal decida sobre la tutela.
¿De qué se trata esto? Según los abogados defensores, Jaime Granados, Pedro Aguilar, Jesús Albeiro Yepes y Silvio San Martín Quiñones, es necesario resolver una denuncia en contra de la juez 11 Penal del Circuito de Conocimiento, Paula Astrid Jiménez, antes de dar inicio a la etapa definitiva del proceso.
La funcionaria judicial es la misma que ordenó el arresto por 48 horas del abogado Jaime Granados, defensor de Laura Moreno. También lo hizo contra Jaime Lombana, defensor de las víctimas en el sonado caso Colmenares.
Ahora, y como si el proceso no tuviera complicaciones, la jueza fue denunciada por el jurista Granados y los colegas que lo acompañan. Ellos acusaron a la jueza Jiménez de incurrir en los delitos de privación injusta de la libertad, prevaricato por omisión y por acción.
Para los defensores de Moreno y Quintero la situación es muy grave ya que el fiscal general, Eduardo Montealegre, designó a la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elka Vanegas, para que haga la indagación. Vanegas es una funcionaria subordinada de la fiscal que lleva el proceso en contra de las jóvenes, es decir, la cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia y jefa de la Unidad, Martha Lucía Zamora.
Para los juristas no cabe duda de que esto constituye un acto que genera presiones sobre la jueza que decidirá el futuro de Quintero y de Moreno.
Por lo anterior, en la tutela los defensores piden frenar el juicio oral hasta el momento en el que se defina la suerte de la jueza o se reasigne la investigación a un fiscal que no tenga relación con el caso. La idea es que a la hora de tomar determinaciones se anule la presión que podría tener la togada.
“En esta acción de tutela se demostrará que más allá de toda duda, el juzgado 11 penal del circuito, presidido por la doctora Paula Astrid Jiménez Monroy, se encuentra incurso en circunstancias que atentan contra la imparcialidad objetiva, en atención a que es víctima de presiones externas provenientes de una de las partes y de la representación de víctimas”, señala el documento interpuesto ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Los hechos que enredan el juicio
Los abogados recordaron en la tutela que fue la misma jueza 11 la que el 6 de marzo pasado impuso la acción correccional contra Lombana luego de una queja de Granados. Esto por entregar declaraciones ante medios de comunicación en las que se trató temas relacionados con el proceso, cuando está prohibido por el despacho.
El 18 del mismo mes Lombana denunció a la juez y también para la fecha el abogado solicitó ante a la misma funcionaria medidas correccionales contra Jaime Granados, la razón: había violado lo ordenado por el despacho en torno a no dar declaraciones a la prensa del sonado caso Colmenares.
Un día después, Montealegre, como jefe del ente investigador, asignó a la Fiscalía Octava delegada ante la Corte la indagación en contra de la juez, quien como ya se mencionó tiene como jefe a Martha Lucía Zamora.
El 25 de marzo, luego de estudiar la queja de Lombana, la juez ordenó el arresto por 48 horas de Granados. Hasta ahí la situación se creía que no pasaría de ser una medida correccional en contra de los dos abogados. Sin embargo, para los defensores los hechos constituyen una falta de garantías para sus representadas.
Además, en la tutela se criticó que la investigación de la jueza se asignara en tan solo 24 horas, cuando ellos han hechos trámites en el proceso Colmenares que han tardado hasta dos semanas.
En resumidas cuentas, para los abogados defensores, Jiménez no puede ser juez del proceso y ser investigada por una fiscal subordinada de Martha Lucía Zamora, quien es la parte acusadora en la indagación que se adelanta contra las dos jóvenes. A Laura Moreno se le busca establecer un presunto homicidio en coautoría impropia y a Jessy Quintero falso testimonio y encubrimiento.
Este martes al instalar la audiencia, lo que seguramente ocurrirá es que la juez suspenda la diligencia hasta que el Tribunal decida sobre la tutela.
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