sábado, 25 de octubre de 2014

10 años de suplicios por culpa del clan Herrera

10 años de suplicios por culpa del clan Herrera


Una década después de iniciada la extinción de dominio contra los bienes que pertenecieron a ‘Pacho Herrera’ la Fiscalía pidió suspender dicho proceso para 352 inmuebles, devolviendo así la paz a 160 familias caleñas que invirtieron los ahorros de su vida en esas propiedades.

- El conjunto residencial La Alquería B está ubicado al sur de Cali en un sector de estrato 5 y 6 y cuenta con 97 apartamentos que entraron en el proceso de extinción de dominio.

El 4 de julio del 2004, la Fiscalía Segunda Especializada de Bogotá ordenó el allanamiento en un proceso que cobijaba 640 bienes en Cali y Jamundí. En la lista había propiedades de todo tipo, desde oficinas, casas, haciendas, bodegas hasta parqueaderos. El expediente, en cuya tapa se lee el alias ‘Pacho Herrera’, es el número 1665 por extinción de dominio.
El lío surgió porque la mayoría le compró el bien a la Inmobiliaria UMV, que habría pertenecido al clan de Herrera, narcotraficante asesinado el 5 de noviembre de 1998. En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali aparecen varios bienes sondeados, entre los que se destacan los tres lotes en la carrera 83 y 84 de la calle 5 de Cali, donde posteriormente se construyó el Conjunto Residencial La Alquería, que la Sociedad Inmobiliaria U.M.V. Ltda. adquirió en 1986. Esta firma fue creada el 20 de junio de 1986 por Luis Alberto Ramírez y Fabiola Ramírez y funcionaba en la oficina 302 del edificio.
Sin embargo, la sociedad entró en liquidación el 4 de julio del 96. Años después el proceso comenzó y cuando todo parecía perdido, el 31 de marzo del 2009, la Corte Suprema, ante una tutela elevada por una de las familias, le ordenó a la Fiscalía que cumpliera los términos procesales. Sólo entonces se ordenó apertura de pruebas, pero hasta ahora se están terminado la notificación.
Según el comunicado de la Fiscalía, la decisión de devolver estas propiedades favorece a 160 familias que a finales de los años 80 y la década de los 90, invirtieron su  dinero en la compra de apartamentos en los edificios Centenario II y Conjunto Residencial La Alquería, edificio Yemanya, así como lotes y oficinas en Cali (Valle del Cauca), los cuales fueron objeto de dos procesos de extinción de dominio desde octubre de 2002 y que en éste último periodo fueron priorizados por orden del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.
En total la Dirección de Extinción de Dominio ordenó la devolución de 147 apartamentos, 148 parqueaderos, 12 bodegas, 1 depósito, 1 sótano, 4 oficinas y 5 lotes, ubicados en la capital vallecaucana. “Se decretó la improcedencia de extinción de dominio a 352 bienes que tienen un valor de 67.000 millones de pesos”, explicó la directora nacional especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón.
De acuerdo con el ente acusador, si bien esos inmuebles hacían parte del esquema de lavado de dineros del ex capo del Cartel del Valle ‘Pacho Herrera’, “se determinó que decenas de ciudadanos de manera espontánea y de buena fe invirtieron sus capitales en propiedades que fueron ofrecidas en venta por empresas de fachada del desaparecido capo del Cartel de Cali”.
¿Y ahora qué?
Según Liliana Cruz administradora del conjunto residencial La Alameda B, lugar donde había más de 90 apartamentos en el proceso de extinción de dominio, durante 10 años muchos de los inquilinos han luchado para que llegara este día, donde por fin parece se les va a brindar el derecho a tener un sitio donde vivir.
Pacho Herrera fue uno de los principales jefes del cartel del Valle y fue asesinado en 1998 en la cárcel de Palmira, según la investigación policial el homicida fue Rafael Ángel Uribe Serna, quien habría sido trabajador suyo.
Pacho Herrera fue uno de los principales jefes del cartel del Valle y fue asesinado en 1998 en la cárcel de Palmira, según la investigación policial el homicida fue Rafael Ángel Uribe Serna, quien habría sido trabajador suyo.
Y es que muchos de los propietarios han solicitado ayuda muchas veces para que ese sueño se les cumpla, por ejemplo, algunos fueron hasta la Presidencia de la República a pedir que les solucionen el problemas de su vivida, la cual compraron con el trabajo de su vida o la venta de sus antiguos bienes más valorados.
Casos como la viuda que invirtió el capital de la sucesión de su marido, pensionados que ahorraron por muchos años para adquirir el inmueble y otros que vendieron sus antiguas viviendas o locales comerciales; igual hay otros que se endeudaron a través de créditos bancarios con hipotecas, cesantías, ventas de acciones que habían comprado en empresas del Estado o préstamos de la Caja de Vivienda Militar, los cuales en algunos casos apenas están terminando de pagar.
El profesor Francisco Quiroga es uno de los casos más particulares, ya que después de media vida dedicada a la enseñanza, a la formación de los profesionales del futuro, ya que fue docente por más de 30 años de la Universidad del Valle, decidió endeudarse para adquirir una vivienda digna. Ahora, después de tantos años, reconoce el fallo pero igual crítica que por tanto tiempo le haya tocado pedir que les devolvieran los derechos a tener un sitio donde vivir y al respeto del buen nombre.
Pero estos no son los únicos casos que se conocen, varias personas que vivieron y trabajaron en Estados Unidos también tuvieron que sufrir el mismo suplicio. Una persona vendió su vivienda en Miami para residenciarse nuevamente en Colombia; otra más que laboró en ese país en oficios varios invirtió en el proyecto sus ahorros de 25 años y una más laboró 10 años como aseadora en Estados Unidos; además, de un taxista que trabajó por más de 10 años en New York.
Lo único que ahora les permite descansar en paz es que la providencia se encuentra en proceso de notificación, no importa que el tiempo de espera se prolongue un poco más por al gran número de personas afectadas por la decisión y dado el caso de que alguno de ellos apele. Solo toca esperar que el proceso pase a segunda instancia para que un fiscal de Extinción de Dominio, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá resuelva, antes de que pase a jueces, para una decisión final.
El proceso no termina ahí
Otra noticia que reveló la fiscal Malagón, es que se confirmó la continuidad de extinción de dominio para 617 bienes de confeso narcotraficante ‘Pacho Herrera’. Según explicó la funcionaria, esos bienes tienen un avalúo comercial cercano a los 117.000 millones de pesos.
“El caso concreto de esos bienes que más nos llama la atención, es el centro financiero La Ermita, ya que en un 80 % de esa propiedad fue solicitada la extinción de dominio. Además, la Fiscalía logró determinar que a través de estas empresas y de testaferros se lograba lavar el dinero y poner a nombre de terceros todos los bienes que eran producto de las actividades de Pacho Herrera”, dijo la fiscal.
Cabe destacar que Hélmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, fue condenado por un Juez Regional de Cali a la pena principal de 80 meses de prisión y una multa de $1’170.922.000, por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito tras declararse confeso narcotraficante en el período comprendido entre 1983 y 1993; además purgó una pena de 5 años de prisión en Estados Unidos en 1979, regresando a Colombia en 1993.
La otra estrategia del clan Herrera
Recientemente una investigación de la Fiscalía confirmó que algunos familiares y hombres de confianza del ex capo del cartel de Cali, habrían desplegando una estrategia de intimidación, amenazas y muertes para recuperas cerca de cien bienes de la organización. En esta búsqueda armada, se investiga la participación de más de 18 personas quienes estarían asechando a ciudadanos que tienen a su nombre lujosos bienes para que los entreguen en cambio de no atentar contra su integridad física y la de sus familiares.
La investigación que fue iniciada en el 2012 terminó por evidenciar cómo era la forma de operar del clan Herrera para recuperar los bienes del capo y logró demostrar que los antiguos hombres del cartel se habrían asociado con la banda de ‘los Urabeños’, grupo que estaría poniendo a disposición sus hombres para llevar a cabo la función de cobro e intimidación, además, serían los encargados de asesinar a quienes no entreguen las propiedades.
Entre los bienes se han identificado casas, fincas, locales y hasta un proyecto de apartamentos en Jamundí (Valle del Cauca).
Según el ente de control se adelantan investigaciones por al menos 20 denuncias de personas que, sin saberlo, compraron algunos de esos bienes a testaferros de los Herrera Buitrago, los cuales vendieron las propiedades y desaparecieron. Según se conoció en el proceso de investigación los nuevos propietarios siguen recibiendo amenazadas e incluso pagan cuotas mensuales por los bienes, a pesar de haberlos pagado a los anteriores propietarios. Cabe resaltar que el proceso de seguimiento a los delincuentes va bastante adelantada e incluso hay interceptaciones a los miembros de la organización