10 años de suplicios por culpa del clan Herrera
10 años de suplicios por culpa del clan Herrera
Una década
después de iniciada la extinción de dominio contra los bienes que
pertenecieron a ‘Pacho Herrera’ la Fiscalía pidió suspender dicho
proceso para 352 inmuebles, devolviendo así la paz a 160 familias
caleñas que invirtieron los ahorros de su vida en esas propiedades.

El 4 de julio del 2004, la Fiscalía Segunda Especializada de Bogotá
ordenó el allanamiento en un proceso que cobijaba 640 bienes en Cali y
Jamundí. En la lista había propiedades de todo tipo, desde oficinas,
casas, haciendas, bodegas hasta parqueaderos. El expediente, en cuya
tapa se lee el alias ‘Pacho Herrera’, es el número 1665 por extinción de
dominio.
El lío surgió porque la mayoría le compró el bien a la Inmobiliaria
UMV, que habría pertenecido al clan de Herrera, narcotraficante
asesinado el 5 de noviembre de 1998. En la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali aparecen varios bienes sondeados, entre
los que se destacan los tres lotes en la carrera 83 y 84 de la calle 5
de Cali, donde posteriormente se construyó el Conjunto Residencial La
Alquería, que la Sociedad Inmobiliaria U.M.V. Ltda. adquirió en 1986.
Esta firma fue creada el 20 de junio de 1986 por Luis Alberto Ramírez y
Fabiola Ramírez y funcionaba en la oficina 302 del edificio.
Sin embargo, la sociedad entró en liquidación el 4 de julio del 96.
Años después el proceso comenzó y cuando todo parecía perdido, el 31 de
marzo del 2009, la Corte Suprema, ante una tutela elevada por una de las
familias, le ordenó a la Fiscalía que cumpliera los términos
procesales. Sólo entonces se ordenó apertura de pruebas, pero hasta
ahora se están terminado la notificación.
Según el comunicado de la Fiscalía, la decisión de devolver estas
propiedades favorece a 160 familias que a finales de los años 80 y la
década de los 90, invirtieron su dinero en la compra de apartamentos en
los edificios Centenario II y Conjunto Residencial La Alquería,
edificio Yemanya, así como lotes y oficinas en Cali (Valle del Cauca),
los cuales fueron objeto de dos procesos de extinción de dominio desde
octubre de 2002 y que en éste último periodo fueron priorizados por
orden del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.
En total la Dirección de Extinción de Dominio ordenó la devolución de
147 apartamentos, 148 parqueaderos, 12 bodegas, 1 depósito, 1 sótano, 4
oficinas y 5 lotes, ubicados en la capital vallecaucana. “Se decretó la
improcedencia de extinción de dominio a 352 bienes que tienen un valor
de 67.000 millones de pesos”, explicó la directora nacional
especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón.
De acuerdo con el ente acusador, si bien esos inmuebles hacían parte
del esquema de lavado de dineros del ex capo del Cartel del Valle ‘Pacho
Herrera’, “se determinó que decenas de ciudadanos de manera espontánea y
de buena fe invirtieron sus capitales en propiedades que fueron
ofrecidas en venta por empresas de fachada del desaparecido capo del
Cartel de Cali”.
¿Y ahora qué?
Según Liliana Cruz administradora del conjunto residencial La Alameda
B, lugar donde había más de 90 apartamentos en el proceso de extinción
de dominio, durante 10 años muchos de los inquilinos han luchado para
que llegara este día, donde por fin parece se les va a brindar el
derecho a tener un sitio donde vivir.
Y es que muchos de los propietarios han solicitado ayuda muchas veces
para que ese sueño se les cumpla, por ejemplo, algunos fueron hasta la
Presidencia de la República a pedir que les solucionen el problemas de
su vivida, la cual compraron con el trabajo de su vida o la venta de sus
antiguos bienes más valorados.
Casos como la viuda que invirtió el capital de la sucesión de su
marido, pensionados que ahorraron por muchos años para adquirir el
inmueble y otros que vendieron sus antiguas viviendas o locales
comerciales; igual hay otros que se endeudaron a través de créditos
bancarios con hipotecas, cesantías, ventas de acciones que habían
comprado en empresas del Estado o préstamos de la Caja de Vivienda
Militar, los cuales en algunos casos apenas están terminando de pagar.
El profesor Francisco Quiroga es uno de los casos más particulares,
ya que después de media vida dedicada a la enseñanza, a la formación de
los profesionales del futuro, ya que fue docente por más de 30 años de
la Universidad del Valle, decidió endeudarse para adquirir una vivienda
digna. Ahora, después de tantos años, reconoce el fallo pero igual
crítica que por tanto tiempo le haya tocado pedir que les devolvieran
los derechos a tener un sitio donde vivir y al respeto del buen nombre.
Pero estos no son los únicos casos que se conocen, varias personas
que vivieron y trabajaron en Estados Unidos también tuvieron que sufrir
el mismo suplicio. Una persona vendió su vivienda en Miami para
residenciarse nuevamente en Colombia; otra más que laboró en ese país en
oficios varios invirtió en el proyecto sus ahorros de 25 años y una más
laboró 10 años como aseadora en Estados Unidos; además, de un taxista
que trabajó por más de 10 años en New York.
Lo único que ahora les permite descansar en paz es que la providencia
se encuentra en proceso de notificación, no importa que el tiempo de
espera se prolongue un poco más por al gran número de personas afectadas
por la decisión y dado el caso de que alguno de ellos apele. Solo toca
esperar que el proceso pase a segunda instancia para que un fiscal de
Extinción de Dominio, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá
resuelva, antes de que pase a jueces, para una decisión final.
El proceso no termina ahí
Otra noticia que reveló la fiscal Malagón, es que se confirmó la
continuidad de extinción de dominio para 617 bienes de confeso
narcotraficante ‘Pacho Herrera’. Según explicó la funcionaria, esos
bienes tienen un avalúo comercial cercano a los 117.000 millones de
pesos.
“El caso concreto de esos bienes que más nos llama la atención, es el
centro financiero La Ermita, ya que en un 80 % de esa propiedad fue
solicitada la extinción de dominio. Además, la Fiscalía logró determinar
que a través de estas empresas y de testaferros se lograba lavar el
dinero y poner a nombre de terceros todos los bienes que eran producto
de las actividades de Pacho Herrera”, dijo la fiscal.
Cabe destacar que Hélmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, fue
condenado por un Juez Regional de Cali a la pena principal de 80 meses
de prisión y una multa de $1’170.922.000, por los delitos de
narcotráfico y enriquecimiento ilícito tras declararse confeso
narcotraficante en el período comprendido entre 1983 y 1993; además
purgó una pena de 5 años de prisión en Estados Unidos en 1979,
regresando a Colombia en 1993.
La otra estrategia del clan Herrera
Recientemente una investigación de la Fiscalía confirmó que algunos
familiares y hombres de confianza del ex capo del cartel de Cali,
habrían desplegando una estrategia de intimidación, amenazas y muertes
para recuperas cerca de cien bienes de la organización. En esta búsqueda
armada, se investiga la participación de más de 18 personas quienes
estarían asechando a ciudadanos que tienen a su nombre lujosos bienes
para que los entreguen en cambio de no atentar contra su integridad
física y la de sus familiares.
La investigación que fue iniciada en el 2012 terminó por evidenciar
cómo era la forma de operar del clan Herrera para recuperar los bienes
del capo y logró demostrar que los antiguos hombres del cartel se
habrían asociado con la banda de ‘los Urabeños’, grupo que estaría
poniendo a disposición sus hombres para llevar a cabo la función de
cobro e intimidación, además, serían los encargados de asesinar a
quienes no entreguen las propiedades.
Entre los bienes se han identificado casas, fincas, locales y hasta un proyecto de apartamentos en Jamundí (Valle del Cauca).
Según el ente de control se adelantan investigaciones por al menos 20
denuncias de personas que, sin saberlo, compraron algunos de esos
bienes a testaferros de los Herrera Buitrago, los cuales vendieron las
propiedades y desaparecieron. Según se conoció en el proceso de
investigación los nuevos propietarios siguen recibiendo amenazadas e
incluso pagan cuotas mensuales por los bienes, a pesar de haberlos
pagado a los anteriores propietarios. Cabe resaltar que el proceso de
seguimiento a los delincuentes va bastante adelantada e incluso hay
interceptaciones a los miembros de la organización
<< Inicio