miércoles, 30 de enero de 2013

CARTA DE LA SEMANA
Por: René Orozco Echeverry

AL OIDO DE LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA

· Terminará“el mandato” en un abrir y cerrar de ojos y, nada cambiará, todo seguirá igual.

· Las autoridades han sido tolerantes y han actuado con "atonía mental" en ejercer el control urbano.

· La administración, no ha encontrado solución distinta que aplicar medidas represivas o recurriendo al desalojo sin haber previsto donde serían reubicados.

· Las recientes declaraciones de quien tiene a su cargo, el “control físico”, son desilusionantes, insulsas y triviales.




Ledis Torres Copete

Veterana en las "lides" de la Administración Municipal, atornillada desde antes de que Buenaventura fuera Distrito ocupa hoy la cartera encargada de velar por el respeto y preservación del espacio público, de que éste permanezca incólume, busca afanosamente cómo resolver el "espacio" usurpado por la informalidad, y cómo evitarlo.
Si opta por ponerle coto, desalojándolos como hierva mala, difícilmente podrá detener la avalancha de nuevos “ocupantes" que se avecina: los desocupados locales y los extraños atraidos por la pujanza floreciente que nos señala los tiempo por venir.

No basta señalarla como la funcionaria de todos los tiempos, de los buenos o los malos, solo podemos aseverar que siempre estuvo con los buenos y con los malos, más con los malos en quienes recae la responsabilidad de haber despilfarrado de cerca de $ 95.000 millones que el Gobierno Nacional había destinado para la educación de los niños pobres de Buenaventura, de tiempos más malos que buenos, más corruptos que honestos, y mandatarios que ella vio pasar, más ineficientes que eficientes.
Ahora qué podemos esperar de esta diva la más experimentada, por demás, ahora encargada de regir el “orden urbano” de la ciudad como si ese fuera su mayor fortaleza.

No basta con haber sido, como los toros bufos, toreados en muchas plazas y, hay que decirlo sin desparpajo, Ledis Torresno conoce ni sabe en absoluto, de los problemas urbanos, a quien le damos a su favor, el beneficio de que ella no está obligada necesariamente a conocerlos y mucha más resolverlo.

Es de su incumbencia y es su obligación, saber escoger asesores idóneos, para que supla su ignorancia.

La trama urbana de la ciudad caracterizada por calles y carreras heredada de la cuadra española, contribuye a la ocupación del área destinada a la circulación peatonal.

La calle y el andén por estar al mismo nivel, no ofrece ningún impedimento para que sean ocupados, que, delimitados con cualquier“parapeto arquitectónico" lo impide y separa la circulación vehicular de la peatonal, sin que quede espacio para que sea aprovechado por el vendedor estacionario o ambulante.

Ejemplos que lo han lograrlo son muchos, cito uno que lo consiguió con éxito el suscrito: el del Edificio “Coopercol" en la “Calle Nueva” invadida por vendedores de todas clases, quien para proteger el acceso frontal, en el borde del “anden“ construyó unas pilastras de las que cuelgan cadenas; ésta "barrera" fue suficiente para evitar que el andén fuera invadido, y hoy, 28 años después, es el único pretil”del sector que no ha sido invadido por la informalidad.
Esta es una de las tantas formulas por las que se puede optar y demuestran que es posible impedirlo sin tener que recurrir a métodos violentos como históricamente ha venido sucediendo y lo hace actualmente la "señora Torres".

Las autoridades han sido tolerantes y han actuado con atonía en ejercer el control urbano, permitiendo que el Vendedor Ambulante se ubique donde le dé la “gana”,impidiendo la libre movilidad del ciudadano, sin que hayan encontrado solución distinta que aplicar medidas represivas y recurriendo al desalojo sin haber previsto el sitio donde reubicarlos.

La población Informal de la ciudad de Buenaventura alcanzan guarismos preocupantes, el80% de la población desocupada, el 60% derivan su sostenimiento de ese sector

Las recientes declaraciones del funcionario que tiene a su cargo el “control físico” en la "secretaria", son desilusionantes, insulsas y triviales; me resisto a creer que sea esa la política que le haya indicado quien tiene la responsabilidad de orientar y dirigir la Secretaria de Convivencia Ciudadana.

“Conversación y socialización”, “cultura de la ciudad”, y “mejor cara” no son términos propios ni usuales en elargot urbanístico, menos que con vana terminología se pretenda resolver y detener al agresivo invasor propio o extraño, a que está expuesta y donde día tras día va in crescendola informalidad y la viiolencia ciudadana.
Las fórmulas que hoy se vienen aplicando en el Distrito al “orden urbano”, concebido con una exagerada y desproporcionada apreciación de los valores estéticos, conllevan y ubica al habitante citadino insensiblemente como un objeto que estorba en su propia ciudad.

Arq. René Orozco Echeverry

30/01/2013

lunes, 21 de enero de 2013

Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'
Los 'Urabeños' toman el control, pero estarían divididos. La 'Empresa' está debilitada, más no acabada.
Por: Redacción de El País Lunes, Enero 21, 2013
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En cifras. El año pasado en Buenaventura se contaron 122 asesinatos. Desde el mes de octubre, cuando inició la guerra entre ´la Empresa’ y ‘los Urabeños’, hasta diciembre hubo más de 50 homicidios. Este año la disputa sigue y ya ha dejado 23 muertes.
Archivo El País
Una traición. Eso que en el mundo criminal suele pagarse con la muerte habría sido la razón por la que el pasado 11 de enero, en pleno balneario a 25 minutos de Buenaventura, diez personas fueron asesinadas.
La cita: viernes al mediodía, estadero Alto Potedó. Allí llegaron -según la investigación de la Policía- miembros de ‘los Urabeños’ para reunirse con una banda de sicarios de Cali conocida como ‘los Diablos’. El encuentro sería, entonces, entre compañeros que estarían trabajando juntos para mantener su negocio en Buenaventura.
Los empleados del balneario cuentan, incluso, que parecían amigos. Se acercaron al lago, escogieron con paciencia las tilapias que querían de almuerzo, tomaron cervezas, conversaron, se rieron.
Pero la traición salió a flote. Resulta que un día antes ‘los Diablos’, que llegaron de Cali y se movilizaban en carros con placas de esa ciudad, tuvieron una reunión secreta con los jefes de ‘la Empresa’, banda que desde el 2010 tenía el control de la criminalidad en el Puerto y hoy mantiene una disputa a muerte con ‘los Urabeños’.
Entonces, la banda del Urabá se enteró que la oficina de cobro de Cali estaría trabajando también con sus enemigos.
Una cocinera del lugar recuerda que segundos después de que entraran esos vehículos, llegaron los disparos, los gritos, la gente corriendo. Luego, cinco cuerpos regados, los platos en las mesas con la comida servida.
Los otros cinco cadáveres aparecieron el sábado a un kilómetro del estadero. Ocho de los diez asesinados eran miembros de ‘los Diablos’, de acuerdo con el comandante de la Policía Valle, el coronel Nelson Ramírez. Los otros dos serían ‘Urabeños’.
Aunque la violencia en el Puerto no empezó en ese balneario, la reciente matanza sí demostró que la guerra que se desató hace unos meses está lejos de terminar: este año ya se cuentan 23 muertos; en el 2012 fueron 122 las víctimas mortales.

‘Los Urabeños’, ¿divididos?

6 de octubre del 2012. Asesinan a alias Ramiro, cabecilla de ‘la Empresa’. Ese día las autoridades confirmaron que ‘los Urabeños’, la banda más temida del país, llegaron al Puerto para desplazar a los delincuentes locales.
La orden de tomarse el municipio la dio ‘Chicho’, el mismo que en el 2011 viajó a Antioquia y ofreció ayuda a ‘los Urabeños’ para adueñarse del Valle del Cauca.
‘Los Urabeños’ empezaron a asesinar a los cabecillas de ‘la Empresa’ y a reclutar a sus miembros con sueldos que alcanzaban el millón de pesos. Y, como ‘la Empresa’ estaba debilitada y no le pagaba a sus hombres, muchos se cambiaron de bando. Informaciones de inteligencia revelan que ‘los Urabeños’ agruparon a unos 200 tipos armados y habrían absorbido el 70% de ‘la Empresa’.
Hoy, se dice, casi todas las rutas del narcotráfico que salen del Puerto estarían en manos de la banda del Urabá antioqueño, además del microtráfico y la extorsión. El comandante de la Policía de Buenaventura, el coronel Óscar Gómez, dice que ‘los Urabeños’ hacen presencia en once de las doce comunas del municipio, sobre todo en barrios que tienen esteros con salida al mar.
La guerra en Buenaventura, entonces, la estarían ganando ‘los Urabeños’. Sin embargo, una división interna podría hacerles perder el poder que han alcanzado. Oficiales de inteligencia revelan que en las últimas labores de seguimiento, se ha descubierto una supuesta pelea entre alias Chicho con ‘Martin Bala’ y ‘el Negro Orlando’, jefes sicariales que desde Cali manejan los negocios de ‘los Urabeños’ en el Puerto.
Las diferencias serían porque ‘Chicho’ no comparte la forma como la banda criminal está delinquiendo en Buenaventura. “Él dice que a estas alturas, ya deberían tener el control de todo y sin tantas matanzas”, cuenta un investigador que hace unos meses llegó al municipio.
La división habría llegado a tal punto que ‘el Negro Orlando’, quien fue reconocido como un sangriento cobrador de cuentas de narcos, desde finales del año pasado ya no haría parte de ‘los Urabeños’ y estaría organizando su propio grupo ilegal. Incluso, algunas versiones apuntan a que ha empezado un acercamiento con ‘la Empresa’.
La disputa entre los jefes de la banda del Urabá estaría afectando sus finanzas. Aunque el año pasado el rumor en el Puerto era que ‘los Urabeños’ llegaron cargados de plata, en las últimas semanas algunos de sus integrantes se habrían quejado por la demora en sus pagos.
Así las cosas, la banda criminal estaría buscando financiación de narcotraficantes de Cali y el resto del Valle. Eso explica su reunión con Cirilo Venté, jefe de ‘los Diablos’ quien murió en el enfrentamiento del balneario.
“Los Urabeños también están buscando recursos porque no es fácil mantener una estructura de 200 hombres que reciben un sueldo de más de $500.000”, explicó un policía de Buenaventura.
Aunque la financiación vendría de otras ciudades, la banda tiene sus cabezas visibles en el Puerto, ttentre ellos jefes de microtráfico en cada comuna. Esa situación hizo que a finales del 2012 cuatro mil personas abandonaran sus viviendas debido a las amenazas de hombres armados que dicen ser los dueños de los barrios. Este año ya van 254 desplazados.
Algunos habitantes de zonas controladas por ‘los Urabeños’ cuentan que después de las ocho de la noche los cabecillas cierran las calles con bloques de cemento y palos de madera.

‘La Empresa’ se niega a la quiebra

El rumor alcanzó a ilusionar a muchos. Fue a mediados del 2010. En el Puerto se hablaba de la llegada de una nueva empresa que generaría empleo, atraería inversionistas. La nueva entidad, sin embargo, tenía otros planes: adueñarse de la criminalidad en el Puerto. Y se llamó así, ‘la Empresa’, porque fue conformada por empresarios que estaban cansados de ser extorsionados por las Farc.
El hombre que estuvo detrás de la creación de la banda era conocido como ‘Carlitos Capri’, dueño discotecas, almacenes y graneros del municipio. A él se unieron algunos narcotraficantes que vieron en ‘la Empresa’ un negocio rentable.
La estructura inició con unos diez hombres y luego empezó a reclutar a todo tipo de delincuentes: exparamilitares del Bloque Calima, exguerrilleros, integrantes de pandillas. Hasta el año pasado la banda llegó a tener 150 miembros.
En poco tiempo, el grupo tomó el control de todas las rutas de salida de droga hacia Panamá y Centroamérica, las extorsiones a mineros y comerciantes, los secuestros, la venta de droga en los barrios.
En Buenaventura algunos líderes cuentan que la organización empezó a ofrecer servicios de seguridad a los propietarios de negocios, especialmente de tiendas. “Ellos llegaban a los sitios y los dueños sabían que tenían que entregarles comida y botellas de aguardiente a cada rato”, recuerda un habitante del barrio Lleras.
Pero la cuota fue aumentando. Los integrantes de ‘la Empresa’ empezaron a cobrar ‘vacunas’ muy altas. La Policía tuvo conocimiento de este grupo en el 2011, debido a las denuncias de muchos negociantes.
El reinado de ‘la Empresa’ se acabó con la entrada de la bacrim del Urabá. A pesar de las altas sumas que cobraban a sus víctimas, el grupo ya no podía pagarle a sus hombres pues no tenía la financiación de ‘los Rastrojos’, debido a la captura de ‘Diego Rastrojo’ y la entrega de los hermanos ‘Comba’ a la justicia de Estados Unidos.
Pero ‘la Empresa’ no está acabada. Hoy el grupo tendría unos 30 hombres que están en la Comuna 12, en los barrios Caldas, Unión de Vivienda, Nuevo Amanecer, Progreso y parte del Carlos Holmes.
Esos 30 integrantes aún serían fieles a la organización, pues algunos fueron sus fundadores. Las autoridades tenían identificado a alias Orejitas o el Mono como el jefe del grupo, aunque hoy estaría en Cali. De acuerdo con información de inteligencia, ahora el encargado de mantener vigente a ‘la Empresa’ en Buenaventura es alias Jimmy Loco, hermano de ‘Orejitas’.
Algunas fuentes revelan que desde finales del año pasado ‘la Empresa’ empezó un proceso de reactivación. Para eso, algunos de sus jefes, como ‘el Mono’, viajaron a la capital del Valle y a Palmira para buscar financiación.
La estrategia estaría funcionando: investigadores de la Sijín Valle cuentan que ‘la Empresa’ ya tiene dinero. De hecho, los sueldos que ofrecían antes eran de $300.000 y hoy aumentaron a $600.000.
El encargado de la resurrección de la estructura sería ‘Andresito’, un joven de 22 años que se ha convertido en la mano derecha de los jefes. Por su parte, las finanzas de la banda estarían en manos de alias el Gordo, quien tiene la misión de conseguir fuera del Puerto la plata para los sicarios.
‘La Empresa’, entonces, no estaría en quiebra. Eso, para los habitantes de Buenaventura, no es más que la confirmación de que la guerra con ‘los Urabeños’ seguirá siendo noticia, que la masacre ocurrida el 11 de enero en ese balneario no sería la última.

Autoridades dicen que hay avances

El comandante de la Policía Valle, coronel Nelson Ramírez, insistió en que “la estrategia contra las bandas criminales en Buenaventura va por buen camino y hay avances en la investigación de lo ocurrido el 11 de enero”.
Por su parte, el comandante de la Policía de Buenaventura, el coronel Óscar Gómez, recordó que el día del tiroteo en el balneario se hizo un operativo en el barrio Juan 23, donde se detuvieron 20 delincuentes, 17 de ‘la Empresa’ y tres ‘Urabeños’.
El oficial sostuvo que la Policía ya tiene identificados a los cabecillas de la banda del Urabá “y hemos iniciado los procesos de judicialización”.
Lea aquí la segunda parte de este informe sobre la disputa entre 'Rastrojos' y 'Urabeños' en Cali
 
elciberecovirtual.blogspot.com
 
 
 
 

domingo, 20 de enero de 2013

Testigos a la carta

19 enero 2013
Testigos a la carta

PORTADA

El caso Colmenares pone sobre el tapete uno de los más graves problemas de la Justicia en Colombia: el auge de los testigos falsos. La Fiscalía tiene 3.559 denuncias por este delito y ha pillado a cientos de desmovilizados con testimonios amañados. ¿Cómo operan?

Testigos a la carta.
Javier de la Torre Galvis / SEMANA
Hace menos de tres meses el fiscal Eduardo Montealegre, en un gesto inusual, ofreció excusas públicas a Sigifredo López. A las polémicas pruebas que la Fiscalía tenía en su contra se habían sumado cuatro testimonios que resultaron falsos. “Pido perdón para que no se olvide que estos hechos deben ser irrepetibles”, fue una de las frases con las que Montealegre se disculpó en nombre de la Fiscalía que lo había detenido y señalado de colaborar con las Farc en el secuestro y posterior asesinato de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle. Ahora el país ve cómo otro sonado proceso, el caso Colmenares, se deshace por haber validado de forma apresurada tres testimonios que hoy la misma Fiscalía califica de falsos. Con estos dos antecedentes: ¿qué tan crítica es la situación?

En los últimos años cada vez son más comunes las quejas de abogados, detenidos y condenados sobre la compra de testigos para ganar casos ante los jueces. Si bien desde el caso del asesinato de Álvaro Gómez, en la década de los noventa, se demostró que hubo testigos falsos, lo más preocupante ahora es que el fenómeno se ha generalizado. Tras el episodio de Sigifredo López, la Fiscalía creó un grupo especializado para investigar casos en los que se hayan utilizado falsos testimonios y en un primer barrido por el país han identificado 3.559 procesos.

El grupo, compuesto por cuatro fiscales especializados, dos seccionales y cinco miembros del CTI, tuvo que esperar dos meses a que pasara el paro judicial para poder arrancar. Lo primero que hicieron fue seleccionar 70 casos por considerarlos emblemáticos. De estos empezaron a revisar 30 y ya tienen avances en uno que involucraba al vicepresidente Angelino Garzón, y en otro que afectó al senador Luis Fernando Velasco. El vicepresidente fue señalado por un desmovilizado de la guerrilla de ser auspiciador de uno de sus frentes en su época como gobernador del Valle. El desmovilizado sostuvo que Garzón recibió 160 millones de pesos en una reunión con comandantes guerrilleros, y dijo que tenía pruebas, pero nunca las presentó. Al revisar el testimonio se encontraron varias contradicciones e inconsistencias, como que en la supuesta fecha de la reunión Garzón no era gobernador sino ministro de Salud. Por eso se cerró el proceso.

Para los investigadores de la Fiscalía, la principal fuente de testimonios falsos son guerrilleros y paramilitares capturados que creen que así logran rebajar sus penas o ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz. Otros desmovilizados buscan entrar al programa de protección de testigos, y por esta vía tener subsidios o ser enviados a otro país en calidad de asilados o perseguidos por sus denuncias. Y otros más que son usados con fines políticos. En el caso del vicepresidente no se ha logrado establecer si detrás del testigo hubo alguien.

La situación es tan crítica que el fiscal general anunció en diciembre que solicitó excluir de Justicia y Paz a 354 desmovilizados, según el ente acusador, muchos de ellos involucrados en casos de falsos testimonios.

El segundo grupo de testigos mentirosos son los que buscan dinero. En este se encuentra el caso del senador Velasco a quien un recluso de la cárcel de Palmira llamó para pedirle 50 millones de pesos a cambio de no vincularlo con una masacre de los paramilitares. El senador denunció y en un operativo coordinado por la Fiscalía capturaron a los cómplices. El jueves pasado le imputaron cargos al interno por falso testimonio. “Es gravísimo que con el simple decir de una persona se estén condenando personas”, dice Velasco.

Lo que muchos de los ‘testigos’ no saben es que si son descubiertos declarando en falso enfrentan una pena de seis a 12 años de cárcel, que no es excarcelable y que, en el caso de los condenados, se suma a la pena que ya están pagando.

¿Por qué se produce este mercado de testigos falsos? ¿Qué ha cambiado para que esté creciendo de tal manera?

En el nuevo Sistema Penal Acusatorio, vigente desde 2005, el testimonio se convirtió en la columna vertebral de los procesos. Anteriormente estas declaraciones quedaban consignadas en documentos que se sumaban a las demás pruebas en un caso, pero con el sistema oral los relatos adquieren mayor protagonismo y hasta el más mínimo detalle en la forma como este se transmite puede ser determinante para la valoración que haga el juez. De ahí que se hace más exigente para el fiscal verificar la credibilidad del testigo, pues también en numerosos casos las contrapartes buscan sembrar declarantes falsos como una perversa herramienta de defensa. Esta es la tercera tipología que los investigadores han encontrado.

En un detallado ensayo del ex vice fiscal Fernando Pareja publicado en la revista interna de la Fiscalía, se presentan diferentes técnicas que debe aplicar cada fiscal y que van desde la simple observación del comportamiento y análisis de la coherencia del testimonio, hasta las pruebas técnicas para soportar por otras vías los dichos de un testigo. Es por eso que sorprenden las explicaciones dadas por el fiscal que tenía el caso Colmenares, Antonio Luis González, quien en sus declaraciones a los medios dijo que no era él quien tenía que valorar a los testigos sino el juez.

Casos como el de Colmenares hacen que cada vez se fortalezca más la tesis de que existe una fábrica de testigos en la que incluso participarían fiscales. La motivación de los funcionarios en unos casos sería dar resultados para ascender en sus carreras, una suerte de falsos positivos judiciales, y en otros casos por corrupción pura y simple. Por ejemplo, al fiscal González no le ayuda que quien fue su fiscal de apoyo lo esté denunciando por supuestamente haberlo instigado en varias oportunidades a “conseguir unos testigos como fuera” para probar la tesis de que a Colmenares lo habían asesinado. En la denuncia contra González se menciona que dijo que “no podía perder ese caso por nada en el mundo, que estaba en juego su orgullo y profesionalismo”. (Ver artículo "Aumenta el misterio en el caso Colmenares").

Uno de los principales denunciantes de la existencia un cartel de testigos es el exdiputado del Valle Sigifredo López. No solo lo dice por lo que vivió en carne propia sino por más de 200 casos que en un par de meses han llegado a la Fundación Defensa de Inocentes, que creó luego de su experiencia. Con su equipo de trabajo ha seleccionado 12 casos y en siete han asumido su defensa legal. “Todos los ciudadanos estamos en riesgo” dice López al insistir en la falta de rigor con que algunos fiscales hacen su trabajo.

Es inquietante que no existan investigaciones contra fiscales, a pesar de que hay personas acusándolos con nombre propio de hacerles ofrecimientos para servir como testigos falsos (ver recuadro del súpertestigo). En la Fiscalía confirmaron a SEMANA que en la Unidad Nacional de Investigación Contra Funcionarios de la Rama Judicial, no existe ninguna investigación por estos hechos.

Es tan preocupante esta situación que en el propio caso de Sigifredo López no hay abierta investigación alguna contra el fiscal y los funcionarios que participaron del montaje por el que el fiscal general le pidió excusas. Por eso esta semana la defensa de López denunciará al fiscal local que aceptó a los testigos en su caso a sabiendas de que no eran dignos de crédito, como después se comprobó.

Con el episodio de Colmenares, la administración de Eduardo Montealegre tiene un gran reto para contener una práctica que socava la credibilidad de la Justicia en Colombia. Los primeros pasos del grupo investigador de testigos falsos son un avance, pero seguramente la sociedad le exigirá más resultados de forma pronta y, sobre todo, verdaderas garantías para que desde el más humilde al más encumbrado de los ciudadanos, tenga las garantías de la debida diligencia en la valoración de los testimonios antes de comenzar causas que terminan con inocentes tras las rejas.

El súpertestigo

Durante varios años José Raúl Mira Vélez fue considerado uno de los testigos estrella de la Fiscalía. Fue paramilitar durante más de una década hasta que se desmovilizó en 2004. Según él, fue hombre de confianza de jefes paramilitares en Antioquia, Norte de Santander, Meta, Casanare y Bogotá. Por eso tuvo acceso a información clave. Mira Vélez fue parte del programa de protección de testigos y sus declaraciones se tuvieron en cuenta en 27 procesos. Por ejemplo contra los paramilitares alias Macaco y Don Mario, en casos de políticos antioqueños como Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez, contra empresarios de Casanare, y contra políticos del Meta como Luis Carlos Torres, Wilmar Rendón y Germán Chaparro.

Pero en 2006 denunció que había presiones de fiscales para implicar a gente en sus declaraciones. El testimonio de Mira Vélez se debilitó en la mayoría de los procesos y estos se fueron cayendo como un castillo de naipes. En 2007, según la Fiscalía, salió de su programa de protección de testigos, y luego
desapareció. Algunos medios registraron su asesinato el año siguiente.

Sin embargo su testimonio sigue vigente en casos como el de Germán Chaparro quien fue alcalde de Villavicencio y que está condenado por el asesinato de su antecesor. Este proceso se había caído en primera instancia, pero en segunda instancia Chaparro fue condenado a 40 años de prisión. Ahora está pendiente de la respuesta de un recurso de casación de la Corte Suprema. En su momento el noticiero CM& habló con Mira Vélez y él aseguró que el fiscal Alejandro Guevara le ofreció 5 millones de pesos y beneficios jurídicos por vincular a una persona inocente en el caso por el que Chaparro está condenado (ver video Presiones de de fiscales en parapolítica). En el ente acusador confirmaron que no se adelantó ninguna investigación contra el mencionado fiscal.

Fiscal in fraganti

En 2008 el exjefe paramilitar alias Juancho Dique declaró que detrás del homicidio de un sonado crimen de cuatro prostitutas en Cartagena estaba un importante empresario dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches de la Ciudad Amurallada. Un año después otro paramilitar, alias Convivir, vinculó al empresario Alfonso Hilsaca como responsable del crimen. Luego un tercer desmovilizado, alias Geño, se sumó a la versión anterior. Posteriormente el fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz se reunió con Hilsaca para ofrecerle, a cambio de 500 millones de pesos, hacer que los paramilitares desistieran de la denuncia en sus versiones libres.

Hilsaca grabó la reunión y el fiscal se acogió a sentencia anticipada y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar menos de cinco años de cárcel. El crimen no ha sido resuelto. Alias Geño firmó una declaración para retractarse de la denuncia, pero luego dijo que lo hizo por amenazas. Por su parte alias Juancho Dique nunca precisó quién fue el importante empresario que, según él, había ordenado el crimen.

¿Testigos con intereses políticos?

Dos de los casos que la Fundación Defensa de Inocentes de Sigifredo López ha asumido son la causa que se lleva en contra de Yidis Medina por secuestro y contra el empresario Guillermo Gaviria Echeverry por financiamiento de grupos paramilitares. Para López, detrás hay motivaciones políticas.

“Yidis Medina confesó el delito de cohecho que todos conocemos y pagó por eso”, dice López, “pero luego en medio de una pugna política en Santander surge un testigo que cambia cinco veces de versión y por eso se le procesa”. En este caso, según el abogado de la Fundación que lleva el caso, existe una complicidad entre organismo de inteligencia del Estado y fiscales movidos por ganar notoriedad en un caso que tiene mucho ruido en la opinión pública.

En el caso de Gaviria Echeverry, uno de los jefes paramilitares asegura que era financiador de los paramilitares, cuando en realidad, dice López, era víctima de una extorsión. “En tres años pagó 15 millones de pesos en cinco cuotas de 3 millones cada una, eso corresponde a lo que el mismo testigo dijo eran las vacunas que cobraban”, explica López y asegura que el testigo cambió su versión para obtener beneficios en Justicia y Paz y buscaría perjudicar al actual alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, hijo del empresario.
 
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8 Comentarios

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Para nadie es un secreto que la justicia en colombia se volvio un negocio de bandido$ & juece$ & magi$trado$ fallan a favor de la victima y testigos falsos y luego demandan al estado y todos ganan y teminan felices y multimillonarios,asi es como el esatfador IVAN CEPEDA y sus bandas los MOVICENIOS Y LOS CAJARENIOS se volvieron multimillonarios
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Pra nadie es un secreto que la justicia de mierda de colombia vale menos que la mierad,despues que pabloescobar y el M19 asesinaran todas las latas corte sy las reemplazarna por otras aconductadas y alecciopnadasa
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La Fiscalía tuvo que crear un grupo especializado en investigar denuncias contra falsos testigos. En sus primeros resultados revelaron los montajes que hicieron desmovilizados contra el vicepresidente Angelino Garzón, a quien acusaban de ser auxiliador de la guerrilla, y la extorsión de que era objeto el senador Luis Fernando Velasco al que querían vincular con una masacre paramilitar.

José Raúl Mira Vélez.

José Alfredo Jaramillo Matiz.

Yidis Medina y Guillermo Gaviria Echeverry.
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20 enero 2013





JUDICIAL

El fiscal Antonio Luis González, señalado de montar ‘falsos testigos’, responde y habla del informante que se autoincriminó.

El fiscal 11 de la Unidad de Vida, Antonio Luis González, quien llevó el proceso por la muerte de Luis Colmenares está en el ojo del huracán. Pasó de acusador a acusado, porque el también fiscal Napoleón Botache, quien lo apoyó durante varios meses en esa investigación, lo señala de haber montado una especie de ‘cartel de testigos falsos’ en el pleito jurídico que ha acaparado la atención del país.
Esa versión cogió fuerza después de que la Fiscalía determinó que los tres testigos del caso Colmenares (Wílmer Ayola, Jhonatan Martínez y Jesús Martínez) habían mentido. González se defiende en entrevista con Semana.com.

Semana.com:Usted está en el ojo del huracán porque su exfiscal de apoyo asegura que usted le dijo que había que conseguir testigos ‘como fuera’ en el caso Colmenares, ¿es eso cierto?
Antonio Luis González: Él (Botache) trabajó conmigo seis meses en el proceso de Laura moreno y Jessy Quintero. Durante ese tiempo, no hubo testigos en ese proceso, todo se hizo sobre pruebas periciales. Luego, yo entregué el proceso a otro fiscal a finales de mayo de 2012 y más nunca volvió a trabajar conmigo. Por lo tanto, lo que él dice es mentira.

Semana.com: ¿Cuál es la motivación para señalarlo?
A.L.G.: Él dice que yo fabriqué testigos, pero él mismo dice que no sabe cómo llegaron los testigos. Es una incoherencia. La motivación que él tiene es que él incumplió una negociación de compra-venta de una casa que yo le iba a vender y tiene conmigo una discusión sobre las arras que entregó. Eso lo tiene soberbio conmigo.

Semana.com: Pero trasladar un problema personal a una sindicación de que usted es patrocinador de un ‘cartel de testigos’…
A.L.G.: No hay otra explicación. Él se ha puesto a hacerle eco a las denuncias que ha hecho contra mí Jaime Granados. No quiero pensar que está actuando por motivaciones distintas a lo de la venta de la casa.

Semana.com: Hablemos de los testigos que hoy son calificados de mentirosos. ¿Cómo aparecieron ellos después de año y medio de la muerte de Luis Colmenares?
A.L.G.: El primero de ellos, Wílmer Ayola se presentó en la estación de Policía de Barrios Unidos de Bogotá. El policía que lo atendió llamó a la Sijin y por eso lo contactaron. Lo trasladamos a un hotel de la ciudad y allá ordeno que le tomen declaración bajo juramento.

Semana.com: ¿Qué día llegó Ayola al proceso?
A.L.G.: Él llegó el 4 de junio.

Semana.com: ¿Y cómo explica que al día siguiente de esa declaración usted le impute a Carlos Cárdenas varios delitos por la muerte de Colmenares sin haber corroborado lo que dijo Ayola?
A.L.G.: No fue al día siguiente. Fueron casi tres días después.

Semana.com: ¿Son suficientes dos días para corroborar lo que él dijo en el sentido de que Carlos Cárdenas le pegó un botellazo a Colmenares?
A.LG.: Es normal que eso se haga en ese tiempo. Se hicieron verificaciones y él no era el único elemento material probatorio, había otros. La declaración que él dio tenía coherencia con los otros elementos. Eso nadie lo ha mencionado.

Semana.com: Pero el juez tuvo en cuenta esa declaración para enviar a la cárcel a Cárdenas…
A.L.G.: El juez también tuvo en cuenta otros dictámenes periciales. Ayola entregó datos, hizo reconocimiento fotográfico, fue al lugar y mostró todo. Lo único que no dijo Ayola era el sitio donde trabajaba. Dijo que vendía licor en la zona del Virrey.

Semana.com: Él no dio ese dato y los abogados de Laura Moreno descubrieron que trabajaba como celador y que en la madrugada en la que murió Colmenares él estaba trabajando, ¿faltó investigación de su despacho?
A.L.G.: Nosotros no podíamos tener información distinta de la que él entregó. Se verificaron los datos que dio. ¿Usted quiere que yo le diga que necesitábamos un mes para verificar? Los abogados que sacaron los datos de él la consiguieron un mes después.

Semana.com: ¿Usted tenía afán por imputarle cargos a Cárdenas?
A.L.G.: Teníamos la necesidad porque teníamos los elementos probatorios.

Semana.com: Dos meses después un juez tumbó la medida de aseguramiento contra Cárdenas…
A.L.G.: Hicieron una petición de revocatoria con elementos distintos a los que teníamos. Le recuerdo, eso no se ha definido. Eso lo tiene que definir un juez y por ello no habido juicio.

Semana.com: Aparece el otro testigo Jesús Alberto Martínez ¿Cuándo llega él en el proceso?
A.L.G.: Él apareció en junio de 2012 a través de un abogado de Barranquilla que me conocía. Él dice que sabe de una persona que tiene la información de cuanto pasó con el tema Colmenares. Como este sistema acusatorio permite que la víctima patrocine su investigación privada y colabore con la Fiscalía con pruebas el señor Luis Alonso Colmenares costeó los tiquetes del abogado para que viaje a Bogotá. El señor viaja a Bogotá y ubica al testigo. El testigo se entrevista conmigo y dice que quiere declarar pero que necesita protección. Le dije que la única protección que la Fiscalía tenía era el Programa de protección. El martes 12 (de junio), la Policía Judicial le recibe la declaración y habla también de un atentado que había en mi contra. De inmediato llamé a la doctora Marta Lucía Zamora para que ella lo escuchara porque él se refería a hechos que me involucraban y como se generaba una inhabilidad, ella se desplazó al lugar donde estábamos y asume y recibe la declaración.

Semana.com: ¿Usted les cree a esos testigos?
A.L.G.: Yo les tengo que dar credibilidad porque yo hice una confrontación de los elementos probatorios que tenía con lo dicho de ellos.

Semana.com: Pero los testigos dieron a la Fiscalía datos falsos como horas, nombres inexistentes de personas y lugares, números de placas falsos y no entregaron evidencias. ¿Se les puede seguir creyendo?
A.L.G.: No soy juez y a estas personas se les tiene que escuchar en un juicio. ¿Ha habido juicio?

Semana.com: Precisamente la Fiscalía no acusó a Cárdenas para evitar un descalabro…
A.L.G.: Esa apreciación solo se puede dar cuando haya juicio.

Semana.com: La semana pasada el testigo Jesús Martínez cambió su versión y dijo, al salir de la audiencia de legalización de su captura, haber participado de la ‘golpiza’ a Colmenares. ¿Usted le cree?
A.L.G.: Solamente él sabe por qué lo dijo. Pregunto: ¿usted se va a inculpar de un homicidio sabiendo que puede ser condenado a 45 0 50 años? Él pasó de testigo a sindicado y no de cualquier cosa. Cuando yo lo escuché nunca confesó eso.

Semana.com: ¿A Colmenares lo mataron?
A.L.G.: Las pruebas científicas dicen que a Luis Andrés lo mataron.

Semana.com: La pregunta que se hace el país es quién lo mató…
A.L.G.: Tiene que preguntarle a Jesús Alberto Martínez. Él dijo que había colaborado en esa ‘garrotera’. Él tiene que explicar a la justicia por qué dice eso, con quién hizo eso, quiénes participaron, en qué parte lo hicieron y qué motivación tuvo para colaborar en la golpiza a Colmenares. La tesis de la Fiscalía es que hubo homicidio y hoy en día una persona está diciendo que participó. Entonces la tesis no es falsa.

Semana.com: ¿Este proceso se enredó más?
A.L.G.: No se enredó, es sencillo, hay una persona que se acabó de confesar. Esa persona tiene que dar la información con quiénes estuvo el día que él dice que participó en la ‘golpiza’. No le veo enredo.
 
 
                    


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Aumenta el misterio en el caso de Colmenares

19 enero 2013
Aumenta el misterio en el caso de Colmenares

PORTADA

El arresto de los tres testigos deja el proceso herido de muerte. El gran interrogante es quién está detrás de ese complot.

Aumenta el misterio en el caso de Colmenares. La muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares ocurrió el 31 de octubre de 2010. Hoy, más de dos años después de iniciada la investigación hay serías dudas de que se logre establecer realmente qué ocurrió en su caso.
La muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares ocurrió el 31 de octubre de 2010. Hoy, más de dos años después de iniciada la investigación hay serías dudas de que se logre establecer realmente qué ocurrió en su caso.

Recuadros

“Había necesidad de conseguir testigos como fuera”


La investigación por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, uno de los casos más mediáticos de los últimos años, que ha acaparado la atención de todo el país y se convirtió en un reality judicial, sufrió un dramático e inesperado giro la semana pasada.

El miércoles 16 estaba programada una audiencia, anunciada desde el año anterior, en la que la Fiscalía pretendía acusar y llevar a la cárcel al joven estudiante de 23 años de la Universidad de Los Andes Carlos Cárdenas, señalado como el principal sospechoso de la muerte de Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en el caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá. Sin embargo, para sorpresa de la familia del joven presuntamente asesinado, así como para decenas de periodistas que se encontraban en la diligencia en el complejo judicial de Paloquemao, y de las miles de personas que seguían la audiencia en vivo por televisión, la Fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora, leyó un contundente escrito de 71 páginas en el que solicitó al juez decretar la nulidad del proceso contra Cárdenas. En términos simples esto implicaba que la Fiscalía pedía, después de dos años de investigación, arrancar de cero de nuevo el caso.

La razón es que la fiscal, después de varios meses de una investigación interna, consideró que los tres testigos principales (Jesús Martínez, Wilmer Ayola y Jonathan Martínez), la columna vertebral de la acusación contra Cárdenas, mintieron descaradamente en el proceso. Este pronunciamiento fue acompañado por otra medida contundente: la Fiscalía solicitó el arresto de los tres testigos y, días después, estos fueron enviados a la cárcel. Los dos Martínez y Ayola fueron acusados de falso testimonio, fraude procesal y fraude de subvención (por haber usado los recursos del Estado a los que tuvieron acceso en el programa de protección de testigos).

Nadie lo podía creer. No se trató de una determinación cualquiera. Los acusadores pasaron a acusados y los acusados a víctimas. Los tres testigos ahora enfrentan una eventual condena de seis a 12 años de prisión. Por su parte, los acusados, comenzando por Carlos Cárdenas, ya fueron reconocidos por un juez como víctimas por las actuaciones de la Fiscalía.

La medida de la Fiscalía es un anticipo de que el caso quedó herido de muerte y un duro revés para el organismo investigador, cuya credibilidad queda seriamente cuestionada. Este es el segundo caso de gran envergadura en el que el propio organismo tiene que reconocer que adelantó investigaciones, llamó a juicio y envió a la cárcel a personas con base en testigos falsos (ver artículo siguiente). En septiembre del año pasado la Fiscalía se vio forzada a reconocer que había cometido un grave error al enviar a prisión al exdiputado de la Asamblea del Valle Sigifredo López, quien estuvo secuestrado por las Farc cerca de siete años, junto a 11 colegas suyos que fueron asesinados en cautiverio. López fue enviado a la cárcel sindicado de haber planeado el secuestro. Pero el propio fiscal general aceptó que varios de los testigos que su entidad usó en el proceso mintieron.

Tal vez por esa razón la Fiscalía quiso curarse en salud y evitar un nuevo descalabro ante la opinión. En el caso Colmenares le correspondió a la fiscal Zamora enmendar el error de un proceso que iba por el camino equivocado y que tenía serias dificultades en su estructuración.

La novela de los testigos

Aunque Colmenares murió el 31 de octubre de 2010, el caso cobró relevancia en los medios solo ocho meses más tarde cuando el fiscal 11 de la unidad de vida, Antonio Luis González, decidió reabrir la investigación que antes había archivado un colega suyo que consideró que Colmenares había muerto a consecuencia de un accidente, al caer en el caño de El Virrey. González consideró que tenía evidencia que demostraba que el universitario había sido salvajemente asesinado. A comienzos de octubre de 2011 ordenó arrestar a Laura Moreno y Jessy Quintero, dos compañeras de Colmenares que estuvieron con él en la noche de Halloween hasta minutos antes de que terminara muerto. Las dos fueron señaladas de encubrimiento, falso testimonio y coautoría, y puestas en detención domiciliaria. Desde ese momento el caso se convirtió en una novela. Aunque Cárdenas había sido vinculado al proceso como sospechoso de ser el autor del crimen, los meses fueron pasando con anuncios del fiscal González, quien afirmaba que estaba cerca de aclarar el supuesto asesinato.

El 4 de junio de 2012 González sorpresivamente anunció la aparición de un testigo clave, José Wilmer Ayola, quien dijo en términos generales haber visto que Cárdenas, en compañía de dos amigos, le había propinado un botellazo a Colmenares en medio de una discusión. Con ese solo testimonio seis días después fue arrestado, acusado de homicidio doloso y enviado a la cárcel La Modelo. Unos días después, mientras el abogado de Cárdenas, el exfiscal general Mario Iguarán, solicitó una audiencia para apelar la medida, González presentó repentinamente un segundo testigo que el 12 de junio también acababa de aparecer. Se trataba de Jonathan Martínez, un estudiante de actuación quien declaró en la misma línea de Ayola.

El caso parecía sólido gracias a esos testimonios. Sin embargo, las cosas empezaron a dar un vuelco rápidamente. El 18 de julio de 2012, seis semanas después del arresto de Cárdenas, la juez tercera de control de garantías ordenó su libertad por considerar que había serias inconsistencias en la declaración de los dos testigos estrella presentados por González. Allí el caso empezó a hacer agua. No obstante, el 27 de junio, el fiscal González volvió a aparecer en la escena y reveló que ese día había recibido la declaración de un tercer testigo: se trataba de Jesús Alberto Martínez, un vendedor callejero de licor quien ratificaba la versión de los dos anteriores.

Algo huele raro

A comienzos de octubre del año pasado el fiscal general, Eduardo Montealegre, decidió apartar a González del caso y reasignárselo a la fiscal Zamora. Para muchos ese cambio fue la primera señal de alerta que dejó en claro que en la cúpula de la Fiscalía había dudas sobre González y lo que pasaba con el caso. Esas dudas aumentaron por cuenta de una grave denuncia hecha por otro fiscal el 31 de octubre ante el despacho del fiscal Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.

En ese documento Napoleón Botache Díaz, quien había sido fiscal de apoyo en la investigación de Colmenares denunció ante sus superiores que González había incurrido en hechos, al parecer irregulares, para conseguir los testigos. Todo, presuntamente, por su afán de probar la tesis según la cual a Colmenares lo habían asesinado (ver recuadro). No se trataba de un asunto menor. Era nada más y nada menos la voz de un funcionario judicial haciendo graves sindicaciones que dejaban seriamente cuestionada la actuación de la Fiscalía y en particular de González. Soprendentemente, la denuncia de Botache no tuvo mucho eco a pesar de sus implicaciones.

La que sí le habría prestado atención a esa denuncia fue la fiscal Zamora quien desde ese momento y hasta la semana pasada se dedicó a investigar y corroborar cada dato entregado por los testigos. Sobre el primero de ellos, Wilmer Ayola, quien dijo que estuvo en el parque El Virrey y vio cuando Carlos Cárdenas le pegó un botellazo al joven Colmenares, la Fiscalía corroboró que nunca estuvo en el lugar de los hechos, mucho menos a la hora en la que estos supuestamente ocurrieron. Ayola trabajaba como vigilante en una empresa de seguridad y con las minutas de su trabajo y los registros de ubicación de su celular los investigadores descubrieron que se encontraba en el occidente de Bogotá, muy lejos del sitio en donde dijo haber visto cómo mataron a Colmenares.

Para la Fiscalía es claro, de acuerdo con la acusación, que el segundo testigo, Jesús Alberto Martínez, también mintió y tiene inexplicables inconsistencias en su declaración. Martínez en su versión asegura que Colmenares fue golpeado en el parque El Virrey a las 2:15 de la madrugada, pero está claro que el joven salió de la discoteca solo 45 minutos después, hacia las 3:00 de la mañana. Esta no es la mayor de sus inexactitudes. Dijo que estaba a pocos metros y presenció cómo agredieron al universitario entre Cárdenas y Laura Moreno y luego lo subieron a una camioneta Ford Explorer de placas BOV 358. Afirmó haber tomado, incluso, fotos del vehículo identificado. Aunque la fiscal Zamora le pidió que probara cada cosa que decía, él jamás entregó algo contundente. Y los investigadores encontraron que las placas del supuesto vehículo no correspondían al descrito por él.

De Jonathan Martínez, el tercer testigo, también se descubrieron inquietantes einconsistencias. En sus declaraciones dijo que el 31 de octubre de 2010 tenía una cita en la discoteca Penthouse con Daniel Giraldo, un estudiante de 22 años a quien supuestamente conocía de tiempo atrás. En esa misma discoteca, coincidencialmente, se encontraba Colmenares con un grupo de amigos. Aseguró que no llegó a la cita porque se extravió en el camino y que terminó en el parque El Virrey porque tenía una necesidad fisiológica. Fue en ese instante cuando, supuestamente, vio a su amigo Giraldo (disfrazado de bebé) y a Carlos Cárdenas golpeando a Colmenares.

Los investigadores rastrearon las actividades de Giraldo y encontraron que este no fue a la mencionada discoteca y que, por el contrario, fue a una fiesta de disfraces en el restaurante 5mentarios, en el sector de El Salitre, en el occidente de Bogotá. La Fiscalía tiene registros de ese evento. Martínez también dijo que en el instante en que golpeaban a Colmenares recibió llamadas a su teléfono celular. Los investigadores le pidieron el número que utilizaba en esa época para revisar técnicamente si fue a la zona aledaña al parque El Virrey, pero este dijo haberlo olvidado. Posteriormente, entregó un número cuyo rastreo no arrojó evidencia de haber estado en ese lugar.

Sin embargo, lo más absurdo del caso estaba todavía por suceder. El segundo testigo, Jesús Alberto Martínez, el que había ofrecido las fotos del carro en el que se llevaron a Colmenares, decidió inmolarse para defenderse del cargo de falso testimonio. En forma inexplicable decidió confesar, el jueves pasado una vez fue capturado, que él había participado en la golpiza que le habían dado a Colmenares, aunque aclaró que no tuvo nada que ver con la muerte. Lo increíble es que lo que él considera su defensa hace que su delito pase de falso testimonio a cómplice en alguna forma del homicidio. Semejante suicidio judicial no se había visto en el país desde el caso de Yidis Medina.

Este testigo kamikaze y sus mentiras son tan solo algunos de las más de 50 inconsistencias que describió la fiscal Zamora en su escrito en la audiencia de la semana pasada en el cual pidió la nulidad del proceso contra Cárdenas y que sirvieron como base para acusar a los tres polémicos testigos. Si bien esa diligencia solo trataba el caso contra Cárdenas, puede tener repercusiones en favor del proceso de Laura Moreno y Jessy Quintero, que va en la etapa de juicio. De hecho, los abogados de las estudiantes ya tramitan la solicitud de preclusión de ese proceso pues gran parte de las pruebas contra ellas se basa en las declaraciones de los testigos falsos.

Con este escenario se abre un nuevo capítulo en esta novela. Con la captura de los tres testigos, la pregunta obvia de la Justicia es quién está detrás de ellos. No es lógico pensar que tres personas mientan para acabar con la vida de un inocente sin alguna motivación o incentivo. Para empezar, las tres versiones estaban coordinadas pues coincidían.El perfil de los acusadores no corresponde al del cerebro de una iniciativa de esta naturaleza. Por lo tanto, alguien los tuvo que haber encontrado, convencido y probablemente pagado. ¿A quién le podría interesar ese montaje? Para los fanáticos seguidores del caso hay dos posibles sospechosos: el padre de la víctima, Luis Colmenares, o el fiscal González. El primero por el dolor y la obsesión de ver castigados a quienes considera los asesinos de su hijo. Y el segundo para evitar que por falta de pruebas se pudiera caer el caso montado por él, que acabó convirtiéndose en el más mediático de la historia reciente del país. Los dos negaron categóricamente su responsabilidad y las versiones que apuntan a ellos solo son especulaciones detectivescas, sin fundamento probatorio por el momento y no se descartan otras hipótesis. Los únicos que pueden despejar esta duda son los tres testigos falsos, si optan por negociar con la Fiscalía y confiesan quién los contrató, con lo que podrían obtener una rebaja de penas.

A pesar de lo que ocurrió la semana pasada, la Fiscalía insiste en que a Luis Colmenares lo asesinaron y ha anunciado que va a seguir adelante con el proceso, que no será fácil sacar adelante y está herido de muerte. En el mejor escenario se podrá saber quién y por qué contrató los tres testigos, pero lo único que parece estar claro por ahora es que será extremadamente difícil establecer realmente qué fue lo que pasó en la extraña muerte del joven Colmenares. La novela que cautivó a Colombia puede no tener ningún final. Aumenta el misterio.

“Había necesidad de conseguir testigos como fuera”




La decisión de la Fiscalía de solicitar la nulidad del proceso contra el estudiante Carlos Cárdenas, involucrado en la muerte del joven Colmenares, por considerar que los tres testigos que sostenían el caso le mintieron a la Justicia, revivió una historia que pone en entredicho las actuaciones del fiscal 11 de la Unidad de Vida, Antonio Luis González, quien lideró la investigación durante cerca de un año y ocho meses.

El 31 de octubre pasado, Napoleón Botache, exfiscal de apoyo en la investigación, le envió una carta al fiscal general, Eduardo Montealegre, en la que denunció que González habría incurrido en hechos, al parecer irregulares, para conseguir los testigos, presuntamente con el afán de probar la tesis de que a Colmenares lo habrían asesinado.

En la misiva, Botache asegura: “Inicié (sic) a observar una serie de irregularidades, como por ejemplo que el doctor González Navarro me sugirió en aproximadamente tres ocasiones la necesidad de conseguir unos testigos a como fuera. La primera ocasión fue a mediados del mes de febrero, días antes de que se realizara la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos de las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, hecho al cual me opuse y recriminé, no obstante, consideré que era un comentario aislado”.

Botache advierte que esa no fue la única vez que González le sugirió algo así: “En una segunda ocasión fue dos o tres días después de que usted (fiscal Montealegre) decidiera designar especialmente el proceso a la doctora Martha Lucía Zamora. Cuando nos encontrábamos alistando el proceso para remitirlo, me manifestó que ahora era necesario conseguir un testigo como fuera (…) Nos trenzamos en una discusión con el doctor González, quien argumentó que había mucho en juego y no podía perder ese caso por nada en el mundo, que estaban en juego su orgullo y su profesionalismo y que esos’ h.p.’ se habían portado muy mal con él, ante lo cual yo le manifesté que al haber sido cambiada la competencia a la fiscal delegada ante la Corte, yo no tenía nada que hacer ahí, y me retiré”.

Botache advierte que días más tarde vio en las noticias cuando capturaban a Carlos Cárdenas después de la aparición de un primer testigo: José Wílmer Ayola. “Me dirigí nuevamente a donde el doctor González y lo recriminé sobre la forma como había obtenido ese testigo. La respuesta que recibí: que si había la necesidad de conseguir 50 testigos, ‘lo haría’, justificando nuevamente que esos ‘h.p.’ no le iban a ganar. Reiteró que su orgullo y su profesionalismo no iban a quedar por el suelo”.

El exfiscal de apoyo concluye que días después aparecieron los otros dos testigos, quienes ratificaron lo dicho por Ayola en el sentido de que Carlos Cárdenas participó en el episodio que terminó con la vida de Colmenares. “Observé el desespero del doctor González de buscar testigos. Para tal efecto aparecían en su despacho múltiples personas quienes manifestaban haber visto el hecho. Eran entrevistados informalmente y llevados al lugar de los hechos. Cuando se encontraban allí, era claro que desconocían por completo el lugar y las circunstancias del hecho”.

Para rematar, Botache hace una descripción del tipo de personas que aparecían en la oficina del fiscal González como supuestos testigos. “Escuché que se les ofrecía incorporarlos a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, darles un dinero y sacarlos protegidos para Canadá, ofrecimiento que aumentaba el deseo de estas personas de colaborar; las características de estas personas era desempleados, consumidores de droga o alcohol, etcétera, esto se repitió por lo menos en tres ocasiones, de las cuales yo estuve presente en una y fui informado de las otras”.




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48 Comentarios

williamwallace

williamwallace

El abogado Lombana dijo que ya sabían quien era el asesino pero que no tenían como probarlo. Las supuestas inconsistencias de los testigos son siempre dadas por las ubicaciones de sus celulares, pero no de ellos.
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jureb@hotmail.com

jureb@hotmail.com

Que ingenuidad la de la fiscalia $$$$$$, no darse cuenta que le han estado minando el proceso para que ningún testigo tenga credibilidad, no importando si es real o no< o que ingenuidad de nosotros al no ver que la fiscalia esta metida en el complot.


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La fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Marta Lucía Zamora, asumió la investigación a comienzos de octubre de 2012. Desde ese momento empezó a revisar la veracidad de los tres “testigos estrella” . Descubrió algo que ya muchos venían afirmando: todos mintieron y hay serias inconsistencias en sus versiones. Por esa razón la semana pasada solicitó el arresto de los tres hombres y ante el juez pidió la nulidad del caso en contra de Carlos Cárdenas. Este martes 29 de enero se sabrá si otro juez acepta su petición o incluso si se decreta la preclusión.

El vigilante José Wilmer Ayola fue el primer testigo en aparecer, el 4 de junio del año pasado. A las pocas semanas, y en menos de un mes, el fiscal Antonio Luis González consiguió las declaraciones del estudiante de actuación Jonathan Martínez y el vendedor de minutos de celular Jesús Alberto Martínez. El miércoles anterior pasaron de acusadores a acusados.

Este martes 29 de enero un juez decide si acoge la petición de nulidad presentada por la Fiscalía en el caso contra Carlos Cárdenas.

Lo que ocurrió la semana pasada con los tres testigos arrestados tendrá consecuencias que hacen prever que el caso contra Laura Moreno y Jessy Quintero también puede estar cerca de hundirse.

El fiscal Antonio Luis González ha sido señalado de liderar un cartel de testigos en el caso Colmenares, incluso por su antiguo fiscal de apoyo, quien lo denunció por esos hechos.

El 31 de octubre del año pasado el fiscal Napoleón Botache envió este documento al fiscal general, Eduardo Montealegre (foto), y al procurador General, Alejandro Ordóñez, denunciando las maniobras para conseguir testigos que había emprendido su jefe, el fiscal González.

Napoleón Botache.

Los abogados de los estudiantes investigados, Mario Iguarán y Jaime Granados (fotos), solicitaron la preclusión del caso contra Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero, y denunciaron al fiscal Antonio Luis González.

Luis Colmenares, el abogado Jaime Lombana, y Oneida de Colmenares, no pudieron ocultar su sorpresa el miércoles pasado cuando escucharon la petición de la Fiscalía de decretar la nulidad del caso contra Carlos Cárdenas.