No habrá gasolina para congresistas y otras noticias El espectador
24 Jul 2013 - 12:39 pm
La abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del joven grafitero, Diego Felipe Becerra solicitó estar presente durante el interrogatorio que rendirá el próximo jueves 25 de julio el general Francisco Patiño.
La jurista manifestó que tiene todo el derecho para asistir a la diligencia por lo que le hizo la solicitud al fiscal delegado ante la Corte Suprema que adelantará el interrogatorio pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. (Ver Fiscalía citó a interrogatorio al general Patiño por caso grafitero)
El general Patiño, quien para la época de los hechos fungía como director de la Policía Metropolitana, tendrá que responder por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la manipulación de la escena del crimen donde el joven de 16 años recibió un disparo por la espalda por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.
Igualmente tendrá que responder por presuntamente haberse reunido con el conductor de un bus de servicio público para que presentara una denuncia en la que se acusó a Becerra Lizarazo de haberlo atracado en la noche del 19 de agosto de 2011.
Según la Fiscalía, existen tres testimonios que dan cuenta de esta reunión en un CAI y de la entrega de dos bonos por 100 mil pesos cada uno a la esposa del conductor, quienes son procesados penalmente por estos hechos.
Otras irregularidades
Igualmente, la abogada Pachón manifestó que tampoco han sido citados a la audiencia en la que se definirá la solicitud presentada por la defensa de la esposa del conductor para poder trabajar.
"No nos han querido notificar de estas audiencias a la que como representantes de víctimas tenemos todo el derecho a asistir", indicó la jurista quién se cuestiona el hecho de que algo se está intentando ocultar.
Ante esto han hecho una serie de solicitudes para que se les explique el porqué de esta irregularidad.
El pasado cuatro de julio la juez 64 de control de garantías cobijó con detención domiciliaria al considerar que con su versión afectó el curso de la investigación que se adelantaba por los hechos que rodearon la muerte del joven de 16 años.
En su decisión, la funcionaria judicial indicó que con su declaración juramentada ante las autoridades “revictimizó” a Becerra al acusarlo de haber participado en el atraco de un bus de servicio público que manejaba su esposo.
Los tiempos en que la extradición a Estados Unidos representaba el único temor para los narcotraficantes colombianos, definitivamente hoy es asunto del pasado. Si bien cada día son mayores los rumores del inminente regreso del narcotraficante y jefe paramilitar Juan Carlos El Tuso Sierra, lo que sí es verificable es que en lo corrido de 2013 han retornado al país 160 colombianos, referenciados con una misma clasificación: “Deportados por tráfico de drogas”. Algunos desconocidos, pero otros en su momento protagonistas de escándalos.
Se sabe, por ejemplo, que Víctor Patiño Fómeque fue extraditado a Estados Unidos en 2002, confesó sus faltas, delató a sus socios y enemigos, y volvió a Colombia a reanudar su guerra. Sin embargo, poco se conoce que también regresó Phanor Arizabaleta Arzayús, quien dio de qué hablar en los tiempos del Proceso 8.000 de la era Samper; o que también retornó, sin mucha bulla, Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, cuyas andanzas pusieron a temblar a más de un político o a un oficial de la Fuerza Pública en el departamento del Tolima.
Cuando caía el telón de 2012, entre el alud de deportados de Estados Unidos a Colombia, con referencias a oficios diversos como joyeros, barmans, conductores, marineros, obreros o amas de casa, arribaron también buen número de procesados por narcotráfico. Ricardo Salazar Murillo, Ómar Castro Rodríguez, Jhonny Andrei Tayake, Edward Riascos Chaverra, José Jairo García Giraldo o William Albeiro Talero. Poco o nada se sabe de estos personajes, pero basta indagar en las razones de su extradición para saber su importancia.
Por ejemplo, José Jairo García Giraldo formó parte de una redada de 28 personas que fueron capturadas en 2002 en Pereira, Medellín, Ipiales y Cúcuta, y, según los documentos allegados a la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los cerebros de una bien organizada banda para enviar heroína a Estados Unidos. A su vez, William Albeiro Talero, extraditado en 2003, fue en su momento presentado como un capo del cartel del norte del Valle y se le reseñó como un individuo con nexos con los hermanos Arellano Félix, del cartel de Tijuana.
Tanto el uno como el otro ahora están en Colombia. Lo mismo que sucede con 160 colombianos que han vuelto al país deportados de Estados Unidos en los últimos seis meses, todos con el mismo inri de procesados por narcotráfico. El 28 de enero, por ejemplo, llegó deportado el carpintero Antonio Díaz Lans, quien estuvo detenido 61 meses luego de ser capturado por la Armada Nacional cerca de Cartagena. En su momento hizo parte de un grupo de 12 detenidos que integraron una red de distribución de droga desde el Golfo de Morrosquillo.
Está también de regreso un tal Jhon Fredy Mena Niño, que rastreado en los archivos judiciales, resultó ser uno de los detenidos en la llamada ‘Operación Vencedor’, que hace 20 años permitió desmantelar una organización dedicada a traficar droga desde el Golfo de Urabá. El mismo tiempo que estuvo detenido el mecánico Jaime Solís Rentería, deportado en enero, la misma fecha en que llegó después de cinco años de prisión César Augusto Carrero, o lo hizo el ingeniero civil Mario Ernesto Villabona, quien pasó 27 años en prisión.
Al parecer este último fue de los procesados por narcotráfico cuando la extradición era el coco. Revisando los archivos se constata que cayó en 1988 y que tenía nexos con uno de los traficantes de droga más poderosos de Los Ángeles. De hecho, se dijo que vendía una tonelada de cocaína por semana. En otras palabras, un capo que pasó 27 años preso por su protagonismo en el cartel Bennett-Villabona, en su momento la más sofisticada red de distribución de cocaína en California. Ahora, Mario Villabona está de nuevo en Colombia.
Como Germán Soto Villa, quien pasó cinco años en una cárcel norteamericana, tras caer junto a seis colombianos más que manejaban una red de narcotráfico en el aeropuerto José María Córdova de Medellín. Soto era supervisor en la zona de artículos libres de impuestos, pero se dejó tentar por el dinero fácil. Lo mismo que le sucedió a Luis Fernando Macias Villa, también recién deportado a Colombia luego de 10 años de prisión. Macías formó parte de un grupo de procesados por conspiración para distribuir cocaína en Reveré Malden.
Recientemente volvió deportado Jaime Moreno Bravo, procesado en Georgia por lavado de activos y distribución de cocaína. Y por la misma época —febrero de 2013— retornó José Mauricio Morales, después de 13 años de prisión. El mismo día llegó Ferney Hernández Jaramillo, según las autoridades, capturado junto con 22 colombianos más durante una redada en Cali, Pereira, Bogotá y Medellín. Pasó cinco años preso. Con él llegaron deportados el administrador Róger Nieto Borrego y el comerciante Ruperto Roldán Torres.
Del primero escasamente se sabe que fue capturado en febrero de 2010 en Barranquilla y que se le imputaron cargos por envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Además se dijo en su momento que estaba vinculado con el cartel mexicano de Los Zetas. En cuanto a Ruperto Roldán, éste fue vinculado a una red de lavado de dinero y narcotráfico con destino al sur de Florida. Pasó 126 meses en prisión en Estados Unidos, pero más temprano que tarde volvió al país, como lo hicieron los compañeros de fechorías con los que fue extraditado.
La lista realmente es extensa. Aparecen Iván Darío Suárez, capturado en Medellín y seis años preso en Estados Unidos; Manuel Didacio Cruz, deportado después de 10 años de prisión en una cárcel norteamericana; Fredy Panesso Murillo, un marinero con siete años de cárcel por contrabando de cocaína; Marlwis Castro Imitola, encerrado por tres años por vender éxtasis en una peluquería en North Plainfield; o Jairo Villegas Amariles, hombre cercano a William Rodríguez Abadía, el heredero de los Rodríguez Orejuela.
Entre los últimos en llegar a Colombia hay algunos conocidos. Néstor Ramón Caro Chaparro, de quien llegó a decirse que podía comprometer a políticos de Casanare; José María Ortiz Pinilla, muy popular entre los esmeralderos y los juegos de azar, a quien se relacionó con un negocio con el controvertido lobista de la justicia Ascencio Reyes, y hasta Eugenio Vargas, alias Carlos Bolas, un guerrillero de las Farc capturado en Surinam, de quien se dijo era hombre clave del jefe guerrillero Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio”.
Mensualmente pasan de cien los deportados colombianos desde Estados Unidos. Unos por conducir embriagados, otros por permanencia irregular en el país del norte y algunos más por robo, trabajo sin permiso, fraude o estafa. Pero definitivamente el común denominador entre zapateros, diseñadores o auxiliares de enfermería, todos con el añadido de desempleados, es el narcotráfico. Así como crece el número de extraditados que llegan a las cárceles norteamericanas, aumenta también el de los extraditables que regresan a Colombia.
8 Jul 2013 - 8:06 pm
El fiscal General, Eduardo Montealegre aseguró que ve “muy lejana” la posibilidad de que los miembros del secretariado de las Farc participen en actividades políticas.
El jefe del ente investigador aseguró que existen pruebas que permiten inferir que los miembros de dicho grupo guerrillero pueden estar involucrados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Veo cada vez más lejana la posibilidad de que ellos participen en política, el secretariado, los máximos responsables, porque las pruebas cada días nos permiten consolidar más una hipótesis de eventuales delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las Farc", indicó en entrevista con Noticias RCN.
Sobre la propuesta planteada desde La Habana, Cuba, por los negociadores de las Farc para llamar a una Constituyente, el Fiscal General también se mostró en desacuerdo.
“Es una propuesta muy desafortunada ya que es un imposible ético y un imposible jurídico porque es un mecanismo que resulta inútil y muy peligroso”, indicó.
Proceso de paz
El vocero de las Farc en la mesa de diálogos de paz, Iván Márquez, criticó la reciente declaración del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla y el impedimento constitucional para que los responsables de estos crímenes puedan participar en política.
En medio de la coyuntura por la discusión del tema de la participación política de la guerrilla luego de suscribir un acuerdo final de paz, Márquez dijo que con esa declaración “el señor fiscal Eduardo Montealegre atraviesa palos al proceso de paz”.
“Es controvertible o susceptible de alguna discusión (el tema de lesa humanidad y el impedimento para participar en política) porque nosotros podríamos decir que la ilegalidad ha capturado al Estado colombiano, entonces no podrían hacer política”, aseguró en entrevista con RCN la Radio.
Participación política en concreto
En el mismo sentido, el jefe guerrillero indicó que el próximo 22 de julio “empezaremos a construir acuerdos sobre la participación política de las Farc”.
“En este tema estamos como el sol, brotando rayos por todas partes…no es una frase nuestra, es del libertador Simón Bolívar. Tenemos una gran cantidad de propuestas para presentarle al país y al gobierno en la mesa de conversaciones pero lo esencial es el establecimiento de la democracia”, aseguró.
En su situación personal, Iván Márquez dijo que no ha “pensado mucho” en cómo sería su regreso a la política nacional, a través de un cargo en concreto.
El testimonio de Leonardo Gámez, hermano del pastor cristiano Álvaro Gámez, actualmente recluido en una cárcel de Pasto dentro del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir en concurso homogéneo y sucesivo, sigue enredando el caso.
Luego de que la semana pasada se conociera que el ex concejal de Pasto Juan Carlos Mora Ramos les solicitó a familiares del pastor Gámez $100 millones para obtener supuestos beneficios judiciales, Leonardo Gámez, hermano del pastor, relató los pormenores de los ofrecimientos, que según él, recibió en los últimos meses para solucionar la situación jurídica del líder cristiano.
Todo comenzó hace cerca de tres meses cuando un intermediario se acercó a un miembro de la iglesia con una escueta propuesta a fin de ayudar a solucionar el caso. Según explicó el hermano del pastor, inicialmente el supuesto intermediario no fue muy explicito en la forma de detallar cómo sería la ayuda.
Pasaron entonces varios meses, hasta que el pasado primero de junio volvió a aparecer el intermediario en las instalaciones de la iglesia “Ministerio Apostólico y Profético Salem”, ubicadas en el antiguo teatro Alcázar de Pasto. Ese día le pidió a un miembro de esa comunidad religiosa que le hiciera llegar una información muy importante a la familia del pastor Gámez. En concreto, manifestó que era muy amigo del juez que tiene el caso del pastor y que proponía que se le entregara un dinero para “arreglar” la sentencia.
La oferta incluía una pena mínima y casa por cárcel, y según el relato conocido por El Espectador.com y que aún no hace parte del proceso, el intermediario manifestó que fue el propio juez quien le pidió llevar esta información. “Dijo que el pastor no iba a salir de la cárcel por nada, que el juez ya tenía decidido condenarlo por la presión social y la de la defensa de las víctimas”, relató Leonardo Gámez.
Fue entonces cuando vino la concreta propuesta económica del intermediario; el supuesto giro de $100 millones con la garantía de lo acordado, es decir, pena mínima y detención domiciliaria para el Gámez. Con un componente adicional de la oferta y es que si no tenían el dinero, podría haber una financiación. El hombre inclusive rebajó su demanda y propuso que con sólo $10 millones le podrían revocar la medida de aseguramiento en la siguiente audiencia.
Según el comprometedor testimonio del familiar del pastor Gámez, el miembro de la iglesia grabó las conversaciones con el intermediario y afirma que éste le decía, entre otros asuntos, que la defensa le estaba mintiendo a la familia al darle esperanzas de que próximamente saldría en libertad.
Vino luego una nueva conversación entre el intermediario y el miembro de la iglesia. Fue el pasado 4 de junio, cuando el indiciduo subió la tarifa a $200 millones. Un aumento que justificó en que tenía que indemnizar a las víctimas. Con base en estos elementos el pasado miércoles 12 de junio efectivos de la Sijin de la policía, capturaron al ex concejal de Pasto, Juan Carlos Mora Ramos.
El hermano del pastor reiteró que el intermediario aseguró que si no se le entregaba el dinero, el juez lo condenaría a la pena máxima y que nunca por medio de derecho iba a lograr su exoneración. Reiteró también que si es condenado debe pagarse una millonaria indemnización solicitada por el abogado de las víctimas cercana a los $1.500 millones.
Como se recordará el pastor Álvaro Javier Gámez Torres, fue acusado por Jairo Alberto Fajardo Rondón, Fiscal 52 de Pasto, el pasado 5 de octubre de 2012, en el caso de su inaceptable comportamiento de ser un líder espiritual que sostuvo relaciones íntimas con varias de las integrantes de su comunidad religiosa.
Un proceso que se complicó el pasado 6 de juniom cuando, nuevamente ante el juzgado 5 municipal de Pasto, en audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó cinco nuevos casos de mujeres en los que el pastor Gámez habría incurrido en acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Sin embargo, la defensa de Gámez sostiene en diversos escritos y entrevistas incorporadas en el proceso una tesis que en consideración del ente acusador es inaceptable. Se trata de entrevistas realizadas previamente a varias audiencias a algunas de las víctimas en el sentido de que: “Tuvieron relaciones sexuales de manera libre y espontánea con Álvaro Gámez y que en ningún momento las obligó a estar con él”. Dichas declaraciones de algunas de las víctimas fueron rendidas ante el investigador privado Mauricio Castillo el 23 de Agosto de 2012.
En otra circunstancia una de las víctimas se abstuvo de rendir la entrevista argumentando que en su momento tenía una relación con una pareja estable y no quería que se tuviera conocimiento público de su vínculo sexual con el pastor en razón a que se vería afectada frente a su compañero de siempre.
El proceso del pastor Álvaro Gámez, sigue avanzando; para el próximo 27 de junio está prevista la audiencia preparatoria del caso en donde la Fiscalía destapará nuevas cartas. El ente acusador sigue firme para demostrar la responsabilidad del líder cristiano. Entre tanto en los juzgados de Pasto se sigue adelantando el caso y la firme teoría de la justicia más que algún vínculo del juez con una supuesta solicitud de dinero para tomar medidas en favor del acusado no es más que un caso de estafa por parte de un tercero, en este caso el exconcejal Juan Carlos Mora Ramos.
Entre tanto la defensa del pastor Gámez considera que en Pasto no hay garantías de imparcialidad en razón a que hay presión social y política. Argumenta además que el pastor incurrió en una falta moral y no en una infracción penal. Adjunta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que solo se configura la puesta en incapacidad de resistir cuando se somete por la fuerza a una persona, se le droga o se le embriaga.
En el caso del pastor Gámez, todas las mujeres con las que sostuvo los encuentros íntimos son mayores de edad. Inicialmente se conoció que fueron 27 miembros de su comunidad las afectadas. La cifra, por ahora según las investigaciones de la Fiscalía son siete que hacen parte del proceso.
La sociedad en Pasto, las mujeres y sus familias claman que se haga justicia frente a las actuaciones impropias del pastor Álvaro Gamez a quien consideraron durante muchos años un líder espiritual. La Fiscalía sigue barajando múltiples pruebas en su contra. La defensa pide que ante tantos hechos jurídicos y mediáticos se traslade el proceso a una jurisdicción que dé mayores garantías e independencia judicial. El proceso sigue caliente.
elciberecovirtual.-blogspot.com,/ Dirección y edición René Orozco Echeverry
Gasolina para congresistas
No habrá gasolina para los congresistas en la Cámara
Así lo anuncio el nuevo presidente de la corporación, Hernán Penagos.
Por: Elespectador.com
El nuevo presidente de la Cámara, Hernán Penagos Giraldo, anuncio este miércoles que no habrá recursos de la corporación para darles gasolina a los legisladores.
Penagos anunció que no será revivida la posibilidad de entregar tickets para combustible a los representantes.
Según él, se mantiene la decisión de no dar gasolina ni a las mesas directivas de las comisiones de la Cámara.
"Vamos a continuar con la política de no entregar recursos para gasolina a nadie", señaló.
Desde hace dos legislaturas se decidió en la Cámara de Representantes no dar más recursos para la gasolina.
Esta medida se dio a raíz de la discusión con el entonces presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien desató una polémica por haber revivido la entrega de vales de gasolina para la mesa directiva.
En ese momento Corzo justificó que no tenía recursos para traquear sus dos camionetas, lo cual, provocó una 'corzo-tón' para reunir dinero para el legislador.
Caso grafitero
Familia de grafitero solicitó estar presente en interrogatorio a general Patiño
La diligencia se realizará el próximo jueves 25 de julio.
Por: Elespectador.com
Foto: Óscar Pérez
La jurista manifestó que tiene todo el derecho para asistir a la diligencia por lo que le hizo la solicitud al fiscal delegado ante la Corte Suprema que adelantará el interrogatorio pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. (Ver Fiscalía citó a interrogatorio al general Patiño por caso grafitero)
El general Patiño, quien para la época de los hechos fungía como director de la Policía Metropolitana, tendrá que responder por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la manipulación de la escena del crimen donde el joven de 16 años recibió un disparo por la espalda por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.
Igualmente tendrá que responder por presuntamente haberse reunido con el conductor de un bus de servicio público para que presentara una denuncia en la que se acusó a Becerra Lizarazo de haberlo atracado en la noche del 19 de agosto de 2011.
Según la Fiscalía, existen tres testimonios que dan cuenta de esta reunión en un CAI y de la entrega de dos bonos por 100 mil pesos cada uno a la esposa del conductor, quienes son procesados penalmente por estos hechos.
Otras irregularidades
Igualmente, la abogada Pachón manifestó que tampoco han sido citados a la audiencia en la que se definirá la solicitud presentada por la defensa de la esposa del conductor para poder trabajar.
"No nos han querido notificar de estas audiencias a la que como representantes de víctimas tenemos todo el derecho a asistir", indicó la jurista quién se cuestiona el hecho de que algo se está intentando ocultar.
Ante esto han hecho una serie de solicitudes para que se les explique el porqué de esta irregularidad.
El pasado cuatro de julio la juez 64 de control de garantías cobijó con detención domiciliaria al considerar que con su versión afectó el curso de la investigación que se adelantaba por los hechos que rodearon la muerte del joven de 16 años.
En su decisión, la funcionaria judicial indicó que con su declaración juramentada ante las autoridades “revictimizó” a Becerra al acusarlo de haber participado en el atraco de un bus de servicio público que manejaba su esposo.
13 Jul 2013 - 9:00 pm
Van 160 en lo que va corrido de 2013
El retorno a casa de los extraditables
De la época en que los narcos preferían una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., se pasó a un alud de deportados al país después de purgar cortas penas por tráfico de drogas.
Por: Norbey Quevedo Hernández
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El narcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Ledher Rivas, fue uno de los primeros extraditados a Estados Unidos. / Archivo
Se sabe, por ejemplo, que Víctor Patiño Fómeque fue extraditado a Estados Unidos en 2002, confesó sus faltas, delató a sus socios y enemigos, y volvió a Colombia a reanudar su guerra. Sin embargo, poco se conoce que también regresó Phanor Arizabaleta Arzayús, quien dio de qué hablar en los tiempos del Proceso 8.000 de la era Samper; o que también retornó, sin mucha bulla, Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, cuyas andanzas pusieron a temblar a más de un político o a un oficial de la Fuerza Pública en el departamento del Tolima.
Cuando caía el telón de 2012, entre el alud de deportados de Estados Unidos a Colombia, con referencias a oficios diversos como joyeros, barmans, conductores, marineros, obreros o amas de casa, arribaron también buen número de procesados por narcotráfico. Ricardo Salazar Murillo, Ómar Castro Rodríguez, Jhonny Andrei Tayake, Edward Riascos Chaverra, José Jairo García Giraldo o William Albeiro Talero. Poco o nada se sabe de estos personajes, pero basta indagar en las razones de su extradición para saber su importancia.
Por ejemplo, José Jairo García Giraldo formó parte de una redada de 28 personas que fueron capturadas en 2002 en Pereira, Medellín, Ipiales y Cúcuta, y, según los documentos allegados a la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los cerebros de una bien organizada banda para enviar heroína a Estados Unidos. A su vez, William Albeiro Talero, extraditado en 2003, fue en su momento presentado como un capo del cartel del norte del Valle y se le reseñó como un individuo con nexos con los hermanos Arellano Félix, del cartel de Tijuana.
Tanto el uno como el otro ahora están en Colombia. Lo mismo que sucede con 160 colombianos que han vuelto al país deportados de Estados Unidos en los últimos seis meses, todos con el mismo inri de procesados por narcotráfico. El 28 de enero, por ejemplo, llegó deportado el carpintero Antonio Díaz Lans, quien estuvo detenido 61 meses luego de ser capturado por la Armada Nacional cerca de Cartagena. En su momento hizo parte de un grupo de 12 detenidos que integraron una red de distribución de droga desde el Golfo de Morrosquillo.
Está también de regreso un tal Jhon Fredy Mena Niño, que rastreado en los archivos judiciales, resultó ser uno de los detenidos en la llamada ‘Operación Vencedor’, que hace 20 años permitió desmantelar una organización dedicada a traficar droga desde el Golfo de Urabá. El mismo tiempo que estuvo detenido el mecánico Jaime Solís Rentería, deportado en enero, la misma fecha en que llegó después de cinco años de prisión César Augusto Carrero, o lo hizo el ingeniero civil Mario Ernesto Villabona, quien pasó 27 años en prisión.
Al parecer este último fue de los procesados por narcotráfico cuando la extradición era el coco. Revisando los archivos se constata que cayó en 1988 y que tenía nexos con uno de los traficantes de droga más poderosos de Los Ángeles. De hecho, se dijo que vendía una tonelada de cocaína por semana. En otras palabras, un capo que pasó 27 años preso por su protagonismo en el cartel Bennett-Villabona, en su momento la más sofisticada red de distribución de cocaína en California. Ahora, Mario Villabona está de nuevo en Colombia.
Como Germán Soto Villa, quien pasó cinco años en una cárcel norteamericana, tras caer junto a seis colombianos más que manejaban una red de narcotráfico en el aeropuerto José María Córdova de Medellín. Soto era supervisor en la zona de artículos libres de impuestos, pero se dejó tentar por el dinero fácil. Lo mismo que le sucedió a Luis Fernando Macias Villa, también recién deportado a Colombia luego de 10 años de prisión. Macías formó parte de un grupo de procesados por conspiración para distribuir cocaína en Reveré Malden.
Recientemente volvió deportado Jaime Moreno Bravo, procesado en Georgia por lavado de activos y distribución de cocaína. Y por la misma época —febrero de 2013— retornó José Mauricio Morales, después de 13 años de prisión. El mismo día llegó Ferney Hernández Jaramillo, según las autoridades, capturado junto con 22 colombianos más durante una redada en Cali, Pereira, Bogotá y Medellín. Pasó cinco años preso. Con él llegaron deportados el administrador Róger Nieto Borrego y el comerciante Ruperto Roldán Torres.
Del primero escasamente se sabe que fue capturado en febrero de 2010 en Barranquilla y que se le imputaron cargos por envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Además se dijo en su momento que estaba vinculado con el cartel mexicano de Los Zetas. En cuanto a Ruperto Roldán, éste fue vinculado a una red de lavado de dinero y narcotráfico con destino al sur de Florida. Pasó 126 meses en prisión en Estados Unidos, pero más temprano que tarde volvió al país, como lo hicieron los compañeros de fechorías con los que fue extraditado.
La lista realmente es extensa. Aparecen Iván Darío Suárez, capturado en Medellín y seis años preso en Estados Unidos; Manuel Didacio Cruz, deportado después de 10 años de prisión en una cárcel norteamericana; Fredy Panesso Murillo, un marinero con siete años de cárcel por contrabando de cocaína; Marlwis Castro Imitola, encerrado por tres años por vender éxtasis en una peluquería en North Plainfield; o Jairo Villegas Amariles, hombre cercano a William Rodríguez Abadía, el heredero de los Rodríguez Orejuela.
Entre los últimos en llegar a Colombia hay algunos conocidos. Néstor Ramón Caro Chaparro, de quien llegó a decirse que podía comprometer a políticos de Casanare; José María Ortiz Pinilla, muy popular entre los esmeralderos y los juegos de azar, a quien se relacionó con un negocio con el controvertido lobista de la justicia Ascencio Reyes, y hasta Eugenio Vargas, alias Carlos Bolas, un guerrillero de las Farc capturado en Surinam, de quien se dijo era hombre clave del jefe guerrillero Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio”.
Mensualmente pasan de cien los deportados colombianos desde Estados Unidos. Unos por conducir embriagados, otros por permanencia irregular en el país del norte y algunos más por robo, trabajo sin permiso, fraude o estafa. Pero definitivamente el común denominador entre zapateros, diseñadores o auxiliares de enfermería, todos con el añadido de desempleados, es el narcotráfico. Así como crece el número de extraditados que llegan a las cárceles norteamericanas, aumenta también el de los extraditables que regresan a Colombia.
Expectativa por el regreso de ‘El Tuso’ Sierra
El 13 de mayo de 2008 fueron extraditados a Estados Unidos los principales jefes del paramilitarismo. El pasado mes de abril ya regresó el primero de ellos: Diego Ruiz Arroyave, alias El Primo, conocedor de importantes secretos del actuar criminal del bloque Centauros en los Llanos y el bloque Capital en Bogotá. Esta semana trascendió que en el estado de Virginia las autoridades norteamericanas notificaron al confeso narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra de su inminente regreso a Colombia. La razón de su pronto retorno es su colaboración con la justicia en Estados Unidos, al parecer en el caso Santoyo. No obstante, Sierra no quiere retornar al país y pretende tener otro destino. Pero la justicia colombiana confía en que sea deportado para que ayude a aclarar varios delitos. Los demás jefes paramilitares extraditados siguen purgando sus condenas, pero no serían muy largas como podría creerse.
La extradición, una figura controvertida
El tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en septiembre de 1977, pero la ley aprobatoria sólo se dio hasta 1980. Aunque la justicia norteamericana ya tenía documentadas las acciones de los grandes capos, sólo hasta 1984 se vino a aplicar la extradición, tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara. Dos años después, en diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia tumbó la ley aprobatoria del tratado. En medio de la guerra de Pablo Escobar contra la sociedad y el Estado, el gobierno Barco decidió aplicar la extradición por vía administrativa. En 1991 la Asamblea Constituyente la prohibió. En 1997, una reforma constitucional por vía Congreso, volvió a revivir la figura. En el gobierno Pastrana se dieron algunas extradiciones, pero fue en el gobierno Uribe cuando se multiplicó el número de extraditados. Hoy van y vienen los nacionales que son extraditados, la mayoría por narcotráfico.
Por: Norbey Quevedo Hernández
Por: Norbey Quevedo Hernández
8 Jul 2013 - 8:06 pm
Proceso de paz
"Crimenes de lesa humanidad vuelven lejana la participación política de las Farc"
Así lo manifestó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.
Por: Elespectador.com
Foto: Semana
El jefe del ente investigador aseguró que existen pruebas que permiten inferir que los miembros de dicho grupo guerrillero pueden estar involucrados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Veo cada vez más lejana la posibilidad de que ellos participen en política, el secretariado, los máximos responsables, porque las pruebas cada días nos permiten consolidar más una hipótesis de eventuales delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las Farc", indicó en entrevista con Noticias RCN.
Sobre la propuesta planteada desde La Habana, Cuba, por los negociadores de las Farc para llamar a una Constituyente, el Fiscal General también se mostró en desacuerdo.
“Es una propuesta muy desafortunada ya que es un imposible ético y un imposible jurídico porque es un mecanismo que resulta inútil y muy peligroso”, indicó.
Proceso de paz
"El fiscal atraviesa palos al proceso de paz": Iván Márquez
El jefe guerrillero así respondió a la advertencia del jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, sobre los crímenes de lesa humanidad de las Farc.
Por: Elespectador.com
En medio de la coyuntura por la discusión del tema de la participación política de la guerrilla luego de suscribir un acuerdo final de paz, Márquez dijo que con esa declaración “el señor fiscal Eduardo Montealegre atraviesa palos al proceso de paz”.
“Es controvertible o susceptible de alguna discusión (el tema de lesa humanidad y el impedimento para participar en política) porque nosotros podríamos decir que la ilegalidad ha capturado al Estado colombiano, entonces no podrían hacer política”, aseguró en entrevista con RCN la Radio.
Participación política en concreto
En el mismo sentido, el jefe guerrillero indicó que el próximo 22 de julio “empezaremos a construir acuerdos sobre la participación política de las Farc”.
“En este tema estamos como el sol, brotando rayos por todas partes…no es una frase nuestra, es del libertador Simón Bolívar. Tenemos una gran cantidad de propuestas para presentarle al país y al gobierno en la mesa de conversaciones pero lo esencial es el establecimiento de la democracia”, aseguró.
En su situación personal, Iván Márquez dijo que no ha “pensado mucho” en cómo sería su regreso a la política nacional, a través de un cargo en concreto.
Por: Elespectador.com
Pastor Álvaro Gámez
La versión que complica caso del pastor Gámez
Leonardo Gámez, hermano del pastor detalla los ofrecimientos económicos que se solicitaron para favorecer al religioso en su proceso por acceso carnal contra siete de sus feligreses
Por: Norbey Quevedo H.
Luego de que la semana pasada se conociera que el ex concejal de Pasto Juan Carlos Mora Ramos les solicitó a familiares del pastor Gámez $100 millones para obtener supuestos beneficios judiciales, Leonardo Gámez, hermano del pastor, relató los pormenores de los ofrecimientos, que según él, recibió en los últimos meses para solucionar la situación jurídica del líder cristiano.
Todo comenzó hace cerca de tres meses cuando un intermediario se acercó a un miembro de la iglesia con una escueta propuesta a fin de ayudar a solucionar el caso. Según explicó el hermano del pastor, inicialmente el supuesto intermediario no fue muy explicito en la forma de detallar cómo sería la ayuda.
Pasaron entonces varios meses, hasta que el pasado primero de junio volvió a aparecer el intermediario en las instalaciones de la iglesia “Ministerio Apostólico y Profético Salem”, ubicadas en el antiguo teatro Alcázar de Pasto. Ese día le pidió a un miembro de esa comunidad religiosa que le hiciera llegar una información muy importante a la familia del pastor Gámez. En concreto, manifestó que era muy amigo del juez que tiene el caso del pastor y que proponía que se le entregara un dinero para “arreglar” la sentencia.
La oferta incluía una pena mínima y casa por cárcel, y según el relato conocido por El Espectador.com y que aún no hace parte del proceso, el intermediario manifestó que fue el propio juez quien le pidió llevar esta información. “Dijo que el pastor no iba a salir de la cárcel por nada, que el juez ya tenía decidido condenarlo por la presión social y la de la defensa de las víctimas”, relató Leonardo Gámez.
Fue entonces cuando vino la concreta propuesta económica del intermediario; el supuesto giro de $100 millones con la garantía de lo acordado, es decir, pena mínima y detención domiciliaria para el Gámez. Con un componente adicional de la oferta y es que si no tenían el dinero, podría haber una financiación. El hombre inclusive rebajó su demanda y propuso que con sólo $10 millones le podrían revocar la medida de aseguramiento en la siguiente audiencia.
Según el comprometedor testimonio del familiar del pastor Gámez, el miembro de la iglesia grabó las conversaciones con el intermediario y afirma que éste le decía, entre otros asuntos, que la defensa le estaba mintiendo a la familia al darle esperanzas de que próximamente saldría en libertad.
Vino luego una nueva conversación entre el intermediario y el miembro de la iglesia. Fue el pasado 4 de junio, cuando el indiciduo subió la tarifa a $200 millones. Un aumento que justificó en que tenía que indemnizar a las víctimas. Con base en estos elementos el pasado miércoles 12 de junio efectivos de la Sijin de la policía, capturaron al ex concejal de Pasto, Juan Carlos Mora Ramos.
El hermano del pastor reiteró que el intermediario aseguró que si no se le entregaba el dinero, el juez lo condenaría a la pena máxima y que nunca por medio de derecho iba a lograr su exoneración. Reiteró también que si es condenado debe pagarse una millonaria indemnización solicitada por el abogado de las víctimas cercana a los $1.500 millones.
Como se recordará el pastor Álvaro Javier Gámez Torres, fue acusado por Jairo Alberto Fajardo Rondón, Fiscal 52 de Pasto, el pasado 5 de octubre de 2012, en el caso de su inaceptable comportamiento de ser un líder espiritual que sostuvo relaciones íntimas con varias de las integrantes de su comunidad religiosa.
Un proceso que se complicó el pasado 6 de juniom cuando, nuevamente ante el juzgado 5 municipal de Pasto, en audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó cinco nuevos casos de mujeres en los que el pastor Gámez habría incurrido en acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Sin embargo, la defensa de Gámez sostiene en diversos escritos y entrevistas incorporadas en el proceso una tesis que en consideración del ente acusador es inaceptable. Se trata de entrevistas realizadas previamente a varias audiencias a algunas de las víctimas en el sentido de que: “Tuvieron relaciones sexuales de manera libre y espontánea con Álvaro Gámez y que en ningún momento las obligó a estar con él”. Dichas declaraciones de algunas de las víctimas fueron rendidas ante el investigador privado Mauricio Castillo el 23 de Agosto de 2012.
En otra circunstancia una de las víctimas se abstuvo de rendir la entrevista argumentando que en su momento tenía una relación con una pareja estable y no quería que se tuviera conocimiento público de su vínculo sexual con el pastor en razón a que se vería afectada frente a su compañero de siempre.
El proceso del pastor Álvaro Gámez, sigue avanzando; para el próximo 27 de junio está prevista la audiencia preparatoria del caso en donde la Fiscalía destapará nuevas cartas. El ente acusador sigue firme para demostrar la responsabilidad del líder cristiano. Entre tanto en los juzgados de Pasto se sigue adelantando el caso y la firme teoría de la justicia más que algún vínculo del juez con una supuesta solicitud de dinero para tomar medidas en favor del acusado no es más que un caso de estafa por parte de un tercero, en este caso el exconcejal Juan Carlos Mora Ramos.
Entre tanto la defensa del pastor Gámez considera que en Pasto no hay garantías de imparcialidad en razón a que hay presión social y política. Argumenta además que el pastor incurrió en una falta moral y no en una infracción penal. Adjunta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que solo se configura la puesta en incapacidad de resistir cuando se somete por la fuerza a una persona, se le droga o se le embriaga.
En el caso del pastor Gámez, todas las mujeres con las que sostuvo los encuentros íntimos son mayores de edad. Inicialmente se conoció que fueron 27 miembros de su comunidad las afectadas. La cifra, por ahora según las investigaciones de la Fiscalía son siete que hacen parte del proceso.
La sociedad en Pasto, las mujeres y sus familias claman que se haga justicia frente a las actuaciones impropias del pastor Álvaro Gamez a quien consideraron durante muchos años un líder espiritual. La Fiscalía sigue barajando múltiples pruebas en su contra. La defensa pide que ante tantos hechos jurídicos y mediáticos se traslade el proceso a una jurisdicción que dé mayores garantías e independencia judicial. El proceso sigue caliente.
Por: Norbey Quevedo H.
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entrada de René Orozco Echeverry @ 13:09
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